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F.D.G.Alicante

El ex director general de la CAM, Roberto López Abad, está más cerca del banquillo de los acusados. El ex jefe de Caja Mediterráneo se sitúa al borde del juicio oral por ser el presunto cerebro del generoso sistema de dietas que cobraban los ex miembros de los órganos de gobierno de la caja alicantina.

La Audiencia Nacional, a través del juzgado central de instrucción número tres, ha rechazado el recurso presentado por la defensa de López Abad que pedía el archivo del proceso que investiga el supuesto cobro de dietas irregulares por parte de los integrantes de la comisión de control de Tenedora de Inversiones (TI), el ''holding'' inmobiliario de Caja Mediterráneo (CAM).

Esta comisión estaba compuesta por miembros de la comisión de control de la entidad. El cobro de estas dietas, que se percibían por asistir a las reuniones y a veces incluso hasta por ni siquiera acudir a estos encuentros, vulneraría los estatutos de la CAM. La comisión de seguimiento de TI repartió 300.000 euros entre sus diez componentes durante el ejercicio 2010. Es decir, cada uno podía cobrar de media unos 30.000 euros y sin necesidad de ir a las reuniones de la empresa. Otras empresas de la CAM, comoGesfinmed e Incomed, también repartieron jugosas dietas entre sus integrantes.

El juez que instruye el caso, Javier Gómez Bermúdez, ha hecho suyas las acusaciones de la Fiscalía, que sitúa a López Abad como presunto ideólogo de este sistema de pagos irregulares, y al ex presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, como principal beneficiario. A ambos, el juez les confirma su imputación por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y delito societario tras rechazar sus peticiones para archivar el procedimiento, que se encamina ya hacia el juicio. Tras esta decisión judicial, materializada en un auto fechado este martes, tanto el fiscal como la acusación particular (representada por la CAM) deben ahora solicitar la apertura del juicio oral.

Gómez Bermúdez ha puesto a López Abad en su punto de mira. Lo considera el gran impulsor de este entramado de dietas para los miembros de los órganos de gobierno. No en vano, el juez sostiene en su auto que este sistemas de cobros "responde a una estrategia ideada para permitir a los miembros de la Comisión de Control de la CAM el cobro de cuantiosas sumas de dinero que no se corresponden con la realización de ninguna actividad real (...) en claro perjuicio de la propia CAM".

El magistrado coloca en el centro de la diana al ex director general de CAM cuando asegura que "independientemente de las personas que formalmente adoptaran las decisiones, tanto de la creación de una comisión de control en la sociedad participada Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L., como de retribuir a sus miembros con determinadas dietas y fijar la cuantía de éstas, la idea de acudir a esta estratagema para retribuir a los miembros de la comisión de control de CAM con unos emolumentos superiores a aquéllos a los que tenían derecho partió del director general, Roberto López Abad".

Concretamente consta que fue quien explicó los pormenores de la misma en la reunión de la comisión de retribuciones de CAM de 14 de marzo de 2005 y también en la reunión del consejo de administración de 20 de diciembre de 2005 en que se aprobó constituir la comisión de control, fue quien aludió "a los estudios que se habían realizado al efecto y que amparaban dicha decisión".

EL FISCAL AMENAZA CON PONER EL VENTILADOR

El Ministerio Fiscal sostiene que Juan Ramón Avilés, el ex presidente de la comisión de control de CAM acusado en este caso de cobrar 309.000 euros de forma irregular en concepto de dietas por liderar la comisión de control de TI entre los años 2007 y 2009, podría no ser el único que percibió de forma indebida ese dinero. Sus compañeros en la comisión también podrían verse salpicados por este proceso. Y es que tal como avanzó este diario, el fiscal estudia iniciar acciones civiles contra los integrantes de la comisión de TI que también cobraron dietas. En un escrito presentado al juez a finales de diciembre, la fiscalía advierte de que esta responsabilidad civil a título lucrativo, por recibir estos pagos, afectaría "a todos los miembros de la comisión de control de Tenedora de Inversiones que cobraron dietas por su pertenencia a la misma". El fiscal avisa además de que "tanto la identificación [de los integrantes de esta comisión de control] como las cantidades que debe restituir cada uno de ellos, no procede hacerlo ahora, sino en el momento procesal oportuno". Este es la primera de las tres causas que ahora hay abiertas en la Audiencia Nacional y cuyo proceso de instrucción está más avanzado. En los otros dos se investiga el hundimiento de la caja y los negocios hoteleros con Valfensal en Mexico.

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