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El ex director general de Caja Mediterráneo, Roberto López Abad,continúa ingresado en la prisión de Soto del Real por su presunta vinculación con la trama que derivó más de 200 millones de eurosde la caja en proyectos de dudosa rentabilidad.

Según han confirmado fuentes de la Audiencia nacional, el ex directivo aún no ha depositado el 1,5 millones de euros que le exigió el juez Javier Gómez Bermúdez como avala para salir de la cárcel. El instructor rebajó la fianza solicitada por Anticorrupción, que la elevó a los dos millones de euros.

El ingreso en prisión de López Abad se produjo después de que el magistrado ordenara el registro de varios despachos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. En este sentido, el responsable de uno de los bufetes José Manuel Ojeda López remitió una carta a este periódico aclarando que no tiene la condición de abogado.

Ojeda López hace las matizaciones por la información sobre el registro en Russell Bedford. Ojeda López aclara que «es incierto que se accediera al disco duro del ordenador y por lo tanto, que se procediera a su volcado», ya que se llevaron la información de otro miembro del despacho con el que sí habrían trabajado los empresarios investigados. Por tanto, Juan Ferri no confió con ese miembro del despacho «gestión o trámite alguno en relación a sus negocios».

Desde Garrigues también remitieron un escrito a los medios de comunicación asegurando que los responsables de su sede en Alicante habían entregado de forma voluntaria la documentación requerida por la Guardia Civil. De hecho, el juez dejó en libertad sin cargos y sin medidas cautelares al asesor fiscal Jaime Escriva, del despacho Garrigues de Alicante, tras su declaración del viernes en la que habría confirmado extremos de la investigación.

Por otra parte, Daniel Gil pagó el viernes la fianza de 400.000 euros impuesta por el juez para eludir la prisión. El magistrado le ha impuesto como medidas cautelares presentaciones apud acta cada quince días, retirada de pasaporte, fijación de domicilio en España y prohibición de salir del país

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