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JUAN NIETO . Valencia

Caja Mediterráneo se esfumó con unas pérdidas de 1.731 millones de euros, una tasa de morosidad del 20% y una exposición al ladrillo de 16.000 millones de euros. Parte de su equipo directivo ya ha dormido en Soto del Real (Daniel Gil, uno de los intermediario de Brugal, salió este viernes al pagar la fianza) y la Audiencia Nacional dirige tres investigaciones penales para esclarecer las responsabilidades de los dirigentes que la llevaron a la quiebra tras más de 100 años de historia.

CAM confío gran parte de su negocio al ladrillo. La Comunidad Valenciana monopolizó esta industria y la caja pendía en gran medida de la construcción. Cuando un presidente accedía al máximo órgano de Gobierno recibía constates llamadas de los empresarios a los que luego financiaba proyectos de dudosa rentabilidad. De hecho, la Policía intervino una llamada de teléfono del jefe de Brugal, Enrique Ortiz, el día en que Modesto Crespo ascendió a la presidencia para "felicitarle", según explican los agentes.

La operación Mar Abierto ha llevado a la cárcel al que fuera director general de la caja hasta 2010, Roberto López Abad. Ascendió en la caja en la etapa de Eduardo Zaplana y supo alienarse después con los gobierno de Francisco Camps.

Según el auto de ingreso en prisión, el ex director general de la CAM «ha cobrado recientemente una indemnización de 3.888.000 eurosen junio de 2011» y adquirió en 2009 una casa en México por casi 600.000 dólares americanos

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplegó esta semana sus medios por varias comunidades autonomías en busca de pruebas y evitar la destrucción de documentos ante las sospechas de que los implicado pudieran escapar a Curaçao, una pequeña isla del Caribe donde no existe convenio de extradición.

Unos meses antes los investigadores ya irrumpieron en la casa que López Abad tiene en San Juan (Alicante). Y, al parecer, la documentación encontrada habría sido crucial para confirmar los delitos que investiga ahora el juez Javier Gómez Bermúdez en una de las tres piezas sobre el caso CAM que tiene en su juzgado. Investiga delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida, entre otros delitos.

Anticorrupción investiga si López Abad y Gil, apoyados por los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, idearon una estructura fiscal en paraísos fiscales con la que se apoyaron para transferir de la caja más de 240 millones de euros y con la que ocultaron al fisco 30 millones de euros en beneficios. Los dos empresarios serán detenidos e interrogados en los próximos días cuando regresen de México de viaje de negocios (han comunicado al juzgado su intención de entregarse).

"Date un paseo solo y... después de una buena ducha, seguro que empiezas a ver las cosas más claras"

Los correos electrónicos intervenidos de los ordenadores de los imputados demostrarían, según el juez, que los jefes de la CAM manipularon balances y datos a su antojo:

"Buenos días Cesar. (...) quiero hacerte los siguientes comentarios:............"Por regla general el resultado de Valfensal debe ser siempre 0, ya que como sabes todos sus gastos se repercuten a las sociedades participadas, ya sea por intereses de préstamos o bien por prestación de servicios. El resultado deja de ser 0, dependiendo de las diferencias de cambio del dólar con respecto al euro. Hacer una previsión de estas diferencias de cambio como tú puedes entender es muy poco fiable"

Pero la causa principal del caso CAM que también está sobre la mesa de Gómez Bermúdez es la que hace referencia a las pensiones que se autoasignaron los jefes de la caja, al parecer, manipulando balances. El cruce de correos entre los ex directivos de la CAM es la principal baza de Anticorrupción en el proceso para esclarecer si hubo responsabilidad penal en el hundimiento de la caja. Tras la intervención, los inspectores del Banco de España impidieron la entrada a su despacho al ex presidente, Modesto Crespo. Semanas después fue cesada la ex directora general, María Dolores Amorós.

Su antecesor, Roberto López Abad , ya se había prejubilado, al igual que Vicente Soriano, ex director general de recursos. A Teófilo Sogorb, en cambio, lo cesaron hace poco más de un año tras admitir que cobró, sólo de sueldo, 288.000 euros el año de la intervención. EL MUNDO ha tenido acceso al informe de PwC que recoge los mensajes, algunos en clave, que se enviaban los hoy acusados de estafa, apropiación indebida y manipulación para alterar el precio de las cosas. La mayoría se escribieron entre 2010 y 2011, fecha en la que estuvo a punto de cerrarse el SIP de Banco Base.

Los directivos tenían prisa, según se desprenden de sus palabras, por cerrar las aportaciones al plan de pensiones y liquidar incentivos. Prueba de ello es un e-mail que remitió Vicente Soriano a Teófilo Sogorb en septiembre de 2010 en referencia a sus propuesta de indicadores para cobrar incentivos. «De cualquier forma, dadas las circunstancias en que nos encontramos de dificultad en cuenta de resultados y ante la inminencia del SIP, puede que por este año no sea necesario nada más, al fin y al cabo, crédito como tal estamos concediendo poco», escribió.

"Tal y como está el panorama, habría que pensar si pagamos incentivos (...) habrá que forzar muchas cosas"

Soriano le muestra su preocupación pues «con las estimaciones a fecha de septiembre» los miembros del comité «podríamos perder el bonus acumulado del 2008/09 ya que el conjunto de los tres años no llegaríamos a superar el 75% (requisito para cobrarlo) al margen del tema ético-reputacional, hay que pensar que la caja gane menos de la mitad que en 2009 y nosotros percibiremos incentivos (...) habrá que ir conciliándolo todo».

Según los peritos de Pricewaterhouse, el bono se cobró y sólo el órgano de dirección se llevó 1.344.000 euros, según el informe del «estado financiero» de CAM tras la intervención que investiga Gómez Bermúdez.

En junio de 2011, tres semanas antes de que López Abad se prejubilara por más de 5 millones de euros, Soriano (que ya se había llevado 1,4 millones en marzo) le escribe un mensaje al ex director general de CAM con el encabezamiento de «confidencial, para tus ojos, o sea leer y archivar o... destruir» donde, al parecer, le invita a la «reflexión» para que valore la idoneidad de rebajar elpensionazo.

Era el martes 7 de junio de 2011, a las 21:23 horas. «Hablamos cuando quieras sobre lo otro, aunque tengo que confesarte que le veo más inconvenientes que ventajas y aunque supone un subidón de autoestima el precio creo que va a ser muy alto y no sé si estamos preparados para ello. Piensa además que en este momento has pasado de estar en el ojo del huracán a tener un perfil bajo. El mismo día volverías a estar en el punto de mira de mucha gente en un momento de crisis, recorte de gastos, de ayudas». Por último, le da un consejo: «Date un paseo solo y... después de una buena ducha, seguro que empiezas a ver las cosas más claras».

''No es un bonus''

Sin embargo, según los correos, fue en marzo cuando los ex directivos amarraron sus pensiones millonarias pese a que meses después se constataron pérdidas superiores a los 1.000 millones. La cadena de e-mails eran constantes, todos tenían dudas e, incluso, se reunían los domingos en domicilios particulares para trazar su estrategia cara al consejo.

La consigna de López Abad era clara: «Nuestra defensa en caso de que se atacara el tema es siempre repetir el mismo mantra ''es una sistema de provisión social formalizado a través de una póliza, no es un sistema de retribución variable, no es un bonus, no es un sistema de incentivos''».

Sobre los pluses, también se han intervenido varios correos. Para justificar su cobro, se optó por «quitar toda la información mayorista (alegando que los mercados mayoristas llevan un par de años cerrados)» según un correo. Pero entre Soriano, Amorós y López Abad existen dudas. «Tal como está el panorama, habría que pensar si este año pagamos incentivos o bien nos centramos en unos resultados ajustados que den para el plan de pensiones y empezamos a plantear la paga de beneficios de marzo. Para todo no da y habrá que escoger (...) Para que salga la numerosa, habrá que forzar muchas cosas».

Todos los directivos blindaron sus pagas millonarias el día que se vieron abocados a la intervención. El 30 de marzo de 2011 se pagó a Caser 1,6 millones para rubricar las rentas vitalicias de los directivos. Ese día, tras el rechazo de CajAstur a la fusión, la entidad quedó bajo control del Banco de España. Ahora el juez Gómez Bermúdez ha bloqueado las pesniones y sigue investigando. Los pocos detalles que se conocen son sólo la punta del iceberg de lo que pasó en CAM pues las tres piezas continuan secretas.

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