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La Sala de lo Penal redacta dos autos distintos: en uno deja sin efecto parte de la señal de 35 millones y en otro la mantiene
LA VERDAD | MURCIA.
Parecía estar claro, pero ahora la polémica está servida. La Audiencia Nacional se contradice en la fianza impuesta a los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que suma un total de 35 millones de euros.
Según informa el periódico ''Expansión'', la resolución queda en entredicho, pues contradice a otra redactada hace cuatro semanas y podría, asimismo, contener errores que la declararían nula.
Por su parte, las defensas de los imputados y las acusaciones ya se han puesto en marcha para que la Audiencia Nacional deje claro cuanto antes cuál de los dos autos es el que queda validado.
Durante los meses de junio y julio, los imputados presentaron varios recursos, lo cual originó el problema, según esa información. Así, los exdirectivos, a quienes el juez Gómez Bermúdez acusa de llevar a la caja a un «debilitamiento extremo en beneficio propio», expusieron sus razones. La primera de ellas era que la fianza carecía de «irracionalidad y proporcionalidad».
En la segunda indicaron que el juez se contradijo al afirmar que al principio afirmó que esperaría al informe del Banco de España, aunque después que se anticipó, pues era una fianza que «no distinguía ni individualizaba la responsabilidad de los directores de la caja» al imponerles dicha señal.
Según fuentes judiciales, los jueces Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz y María Barreiro ahora han respondido a esos escritos de junio, pero no a los del mes de julio, tal y como tenían encomendado.
Las conclusiones han sido contrarias, pues establecen que la fianza «estaba mal planteada» y se fuerza al magistrado Gómez Bermúdez a reconsiderarla.
Será la Sala de lo Penal de la Audiencia la que aclare tal contradicción durante las próximas semanas. Determinará, de esta forma, si es necesario reducir esa fianza a los exdirectivos de la CAM. Mientras tanto, la Audiencia ya ha reunido la mayor parte de esos 35 millones, derivados de Roberto López Abad y María Dolores Amorós, quienes se declararon insolventes.
Por su parte, Crespo afirmó tener bienes por un valor de 5,5 millones.
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