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21.10.2013 | 19:27

MERCEDES GALLEGO Las relaciones entre la CAM y su participada Hansa Urbana han abierto un nuevo foco de atención judicial sobre la gestión de la caja de ahorros, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, uno de cuyos magistrados acaba de reclamar a la entidad (hoy Banco Sabadell) una ingente cantidad de documentación sobre sus conexiones con la mercantil. Las pesquisas se enmarcan dentro del proceso que se sigue por la tramitación de un resort turístico con campo de golf en Cartagena promovido por la sociedad que preside Rafael Galea, quien ha sido citado a declarar como imputado en las diligencias abiertas por prevaricación, contra la ordenación del territorio y medio ambiente y tráfico de influencias. Un asunto en la que ya están encausados el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y dos de sus asesores además del edil de Urbanismo de Cartagena, y el abogado y el arquitecto municipal. A todos ellos se suman ahora, junto a Galea, quien fuera subdirector general de la Vivienda en Murcia, José María Ródenas, y la secretaria general de la consejería Reyes Sánchez.

En un auto fechado ayer, el magistrado Manuel Abadía Vicente acuerda que se oficie a la CAM para que aporte los «préstamos y créditos concedidos a Hansa Urbana desde el año 2001 a 2006 sobre la compra de terrenos de Novo Cartago así como los informes de riesgo emitidos para su concesión y las actas del consejo de administración de la caja sobre su aprobación, nombres, apellidos y dirección de los que votaron a favor, los que lo hicieron en contra y los ausentes, y si consta la causa de la ausencia».

Hasta la agenda personal 
Dispuesto a conocer hasta los últimos pormenores de las relaciones entre caja y participada, el juez reclama también las «actas sobre préstamos, todos los documentos que tenga de Hansa Urbana o de cualquier consejero o director desde el inicial en el que se hablaba de la génesis del proyecto Novo Cartago, quién o quiénes lo propusieron y con quiénes se entendieron en la CAM». Pero el magistrado va más allá al pedir que le remitan hasta «la agenda de visitas personal del presidente, vicepresidente, consejeros y directores de la CAM desde 2001 con motivo del proyecto Novo Cartago que recibieran la visita de personal de Hansa para hablar de este proyecto». En el año en el que se lanzó este frustrado complejo, hace ahora una década, el vicepresidente de la caja por Murcia, Francisco Javier Guillamón, ostentaba a la vez la presidencia de Hansa.

Al hilo de la disminución de la participación de la CAM en la mercantil, que se produjo justo en aquellas fechas, el juez pide al Sabadell toda la documentación acerca de esa transmisión de acciones así como «quién inició el proceso para desprenderse de ellas, quiénes se opusieron, si hubo negativa a dicha operación reseñando los nombres, apellidos y dirección así como los documentos y actas referidas a la citada transmisión (...) con mención de quiénes votaron a favor, quiénes en contra y los que se abstuvieron remitiéndose la totalidad de expediente sin omitir documento ni nota alguna».

Asimismo, el instructor quiere saber si la CAM, al desprenderse de las acciones de Hansa, disminuyó los créditos y riesgos en igual cuantía, préstamos de los que reclama que se certifique su importe «sin omisión alguna». El magistrado Abadía pide que se remitan «todos los pagos realizados desde las cuentas de la CAM con motivo de la operación Novo Cartago a cuentas nacionales o de otros países «indicando el nombre, apellidos y dirección, a quiénes se hicieron y si el dinero entregado por la CAM a Hansa Urbana lo llevaba esta empresa a cuentas en otras entidades financieras nacionales o extranjeras, que dé los nombres, apellidos y dirección con indicación completa de las cuentas a las que fueron remitidas indicando los códigos completos para que puedan ser rastreados y seguido el movimiento del dinero».

Del reclamo de documentos no escapa la participada, a la que pide los contratos privados o públicos que tenga de este proyecto así como la composición de su accionariado entre 2002 y 2006, todas las actas en que se haga referencia a este complejo, qué préstamos se pidieron tanto a la CAM como a otras entidades, quiénes lo hicieron, qué garantías o avales les fueron solicitados y quiénes votaron a favor y en contra de estas operaciones.

Para remitir toda esta documentación el juez da un plazo de diez días tanto al Sabadell como a la mercantil. Una sociedad sobre cuyas relaciones «privilegiadas» con la CAM ya alertó el Banco de España tras constatar, entre otras actuaciones, que la firma aceptó una operación para generar plusvalías a la caja, que luego condonó parte de su deuda por terrenos. Una táctica por la que Hansa se salvó de una suspensión de pagos gracias a la que la CAM aceptó en pago de su abultada deuda varios terrenos en Zaragoza, Vallodolid y México. Una operación con la que bien se podía interpretar que la exdirectora general de la caja, María Dolores Amorós, que fue quien la propuso en junio de 2011, estaba devolviendo un favor anterior al grupo controlado por la familia Galea que en 2010 aceptó participar en una doble operación que permitió a la CAM anotarse unas plusvalías de 40 millones, lo que le permitió a Amorós declarar beneficios.

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