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MERCEDES GALLEGO 10.10.2013 | 09:05

Once inmuebles urbanos ubicados en Alicante, Elche, San Vicente y Madrid, dos rústicos, cuatro garajes, otros tantos coches, un nutrido abanico de productos financieros y hasta un trastero. Estos son los bienes designados por los cinco miembros de la excúpula de la CAM imputados por su actuación en la entidad para hacer frentea la fianza solidaria de 35 millones de eurosque les impuso el magistrado Javier Gómez Bermúdez a mediados del pasado junio. Unas posesiones cuyo embargo acaba de decretar el juez a fin de garantizar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento penal que se instruye en la Audiencia Nacional.

Los autos por los que se acuerda el bloqueo de estas propiedades, todos ellos dictados entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre y contra los que cabe recurso, son el resultado de un largo proceso que comenzó a finales de julio de 2012, cuando el magistrado decretó una fianza de 25,8 millones a través de una providencia que posteriormente fue anulada para sustituirla por el auto del pasado junio, que elevaba en 10 millones el aval exigido. De él deben responder solidariamente el expresidente de la CAM Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb. A todos ellos se les atribuye haber falseado las cuentas de la entidad para atribuirse unas retribuciones a las que, a tenor de los datos reales de la caja, no tenían derecho.

Aunque contra esta decisión de Gómez Bermúdez los imputados han presentado todos los recursos que les permite la ley, a partir del auto de junio todos ellos comenzaron a designar bienes dado el carácter no suspensivo de unas apelaciones que al final han sido desestimadas por un tribunal de la Audiencia Nacional que ha resuelto respaldar el criterio del magistrado y apoyar la imposición de la fianza.

Cada uno de los cinco exresponsables de la caja ahora imputados han acreditado poseer una media de dos inmuebles (tres en el caso de Crespo y cuatro en el de Sogorb) ubicados en su mayoría en la provincia: en Elche los del expresidente, en San Vicente los dos de la exdirectora general (uno de ellos su vivienda familiar) y dos rústicos en Biar en el caso de Sogorb. Sólo Roberto López Abad ha consignado un inmueble fuera de la provincia, en Madrid, además de otro en Alicante. Tres de ellos (Crespo, Amorós y Soriano) son poseedores de garajes y los exdirectores generales Soriano y Sogorb también han aportado coches: tres el primero, quien además ha designado un trastero en Alicante, y uno el segundo.

El apartado de productos financieros en un amplio catálogo de variedades es más que nutrido con la excepción de López Abad, quien únicamente aporta inversión en deuda del Estado en un importe que no ha trascendido, y de Crespo, que lo limita a 601 acciones de Telefónica. Frente esta «austeridad», las cuentas, bonos y planes de pensiones contratados por Amorós suman la decena, 18 los de Soriano y nueve los de Sogorb, aunque sólo en un 50%, que es el porcentaje embargado.

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