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DAVID NAVARRO 
29.06.2013 | 00:01

El Sabadell tendrá que seguir pagando alquiler por ocupar las principales sedes que la CAM tenía en Alicante, Valencia y Barcelona y que actualmente son propiedad del fondo de pensiones de los empleados de la antigua caja de ahorros. La entidad financiera ha decidido aparcar temporalmente la posible recompra de estos edificios después de que los sindicatos rechazaran la oferta inicial de 57 millones y al considerar que en estos momentos no puede pagar por los inmuebles una cantidad superior a lo que considera su valor de tasación. 
Los representantes de los trabajadores, por su parte, no están dispuestos a renunciar al acuerdo firmado en su día con el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, que aseguraba que el fondo de pensiones recuperaría al menos la misma cantidad que invirtió en adquirir los edificios 62,8 millones de euros en caso de que la entidad decidiera recuperar anticipadamente la propiedad de los mismos.
Tras la oferta presentada el pasado 27 de mayo por la filial inmobiliaria del grupo, Solvia, de la que ya informó este diario, los negociadores se habían dado un mes para analizar la situación. El plazo expiró ayer sin que se haya producido ningún avance y desde el propio banco confirman que han decidido posponer la operación aunque insisten que su intención es reabrir las conversaciones en un futuro.
Lo cierto es que desde el mismo momento en que el Sabadell se hizo cargo del negocio financiero de la CAM quiso poner fin a una situación que considera anómala y que, además, le está suponiendo unos gastos que estima desproporcionados en el actual contexto económico, ya que debe desembolsar casi 3,5 millones de euros anuales en concepto de arrendamiento de los tres inmuebles. 
Una operación singular
Todo parte del año 2008, cuando la crisis económica asomaba por la esquina, el sector inmobiliario ya estaba en clara desaceleración y los entonces responsables de la CAM ahora investigados por la Audiencia Nacional por su gestión buscaban liquidez casi a la desesperada. Ese mismo verano ya habían lanzado al mercado las polémicas cuotas participativas, con las que captaron casi 292 millones, pero no era suficiente y el máximo responsable de la entidad, el citado López Abad, vio en el bien dotado fondo de pensiones de los empleados una posible fuente de ingresos a la que recurrir.
El plan consistía en que el fondo comprara los tres inmuebles por 62,8 millones de euros y, a cambio, la caja se comprometía a pagar un alquiler equivalente al 5,5% anual durante un periodo mínimo de diez años, prorrogables por otros tantos. Además, se comprometía a recomprar los inmuebles por la misma cantidad o incluso superior, en el caso de que se hubieran revalorizado. Los sindicatos siempre entendieron que, más que una inversión, se trataba de una especie de préstamo a la entidad. 
Sin embargo, tras cinco años de crisis el precio del arrendamiento se sitúa ahora muy por encima de lo que se paga en el mercado y los propios inmuebles valen menos de lo que desembolsó el fondo. Los representantes de los trabajadores cuentan con el acuerdo firmado para exigir la totalidad del precio, el problema es que mientras no se ejecute este pacto es decir, mientras no se vendan las sedes están obligados a reflejar en su contabilidad la pérdida de valor que sufren los inmuebles, lo que perjudica a los empleados que se jubilan en estos momentos. 
Pero si los sindicatos aceptan vender por debajo del precio fijado, el fondo también registrará pérdidas y, además, irrecuperables. A ello hay que añadir que perderían la rentabilidad del 5,5% anual, una cifra difícil de alcanzar en este momento con ninguna otra inversión o producto financiero disponible. 
En la situación actual, con el Banco de España exigiendo más provisiones y sometido a vigilancia por el Esquema de Protección de Activos que se le concedió para «digerir» la CAM, el Sabadell sostiene que no puede pagar más del precio de tasación actual de las sedes, por lo que resulta imposible asumir la cifra que piden los trabajadores. Ante esta disyuntiva, la decisión ha sido esperar. 
Los tres edificios en cuestión están situados en zonas céntricas y estratégicas de sus respectivas ciudades, lo que hace muy probable que puedan aumentar de valor en el medio plazo. En Alicante se trata de la sede central, ubicada en la avenida de Óscar Esplá. El de Valencia está en la calle Pasqual i Genís, muy cerca de la calle Colón y de las antiguas sedes de Bancaja y del Banco de Valencia. Por último, la antigua Caja Mediterráneo tenía su sede principal en Barcelona en el Pasaje de Mercader, junto a la Rambla de Catalunya y muy próxima a la sede central del Sabadell en la Diagonal.

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