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11 / 06 / 2013 José María Vals

A principios de 2010 había en España 45 cajas. De ellas, 43 se han visto sometidas a procesos de absorción por otras (la mayor parte) y unas pocas han tenido que absorber a otras más pequeñas y con problemas. Además, doce de ellas han acabado nacionalizadas. Otra más, Caja de Castilla-La Mancha (CCM), tuvo que ser intervenida por el Banco de España. Y solo dos (Caixa Pollença y Caixa Ontinyent) siguen como antes de la crisis. Estas cifras, por sí solas, darían para escribir un tratado sobre el efecto demoledor que ha tenido la crisis financiera sobre las cajas, pero hay más.

Al inicio de la restructuración, según datos de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), las 45 cajas existentes contaban con un tamaño medio (medido por volumen de activos) de 29.440 millones de euros. Tras los procesos de fusiones y absorciones, los trece grupos resultantes tienen ya un tamaño medio de 89.506 millones de euros. La concentración, pues, ha sido muy importante. Y como en todo proceso en el que muchas empresas dan lugar a unas pocas uniéndose entre sí, en el caso de las cajas de ahorros también ha habido daños colaterales en forma de cierres de oficinas y despidos de empleados.

En concreto, y con las cifras proporcionadas por la CECA, “el número de oficinas de las cajas de ahorros ha pasado a ser de 17.898 a 31 de marzo de 2013, lo que representa una reducción de 5.259 oficinas”, o lo que es lo mismo, las cajas han cerrado 23 de cada cien sucursales abiertas al público en 2010. Lógicamente, esos cierres han llevado consigo una reducción de empleo que ha dejado la plantilla del sector en 98.762 personas a 31 de marzo último, lo que significa un tijeretazo de 25.292 empleados desde 2010, que suponen el 20,4% de los trabajadores que tenían las cajas de ahorros cuando se inició la restructuración.

Todo esto da idea del tamaño del ajuste llevado a cabo en el sector de las cajas de ahorros en los últimos dos años y medio. Pero lo que ya convierte el proceso en absolutamente espectacular es el dinero público que han consumido para llegar hasta donde están ahora. En total, han recibido 60.185 millones de euros en efectivo (ver cuadro) para sanear sus maltrechas cuentas. De esa cifra, 7.852 millones de euros han sido aportados por el propio sector financiero a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y los 52.333 millones de euros restantes proceden de ayudas directas del Estado español, a través de Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de los fondos europeos habilitados para el saneamiento del sector tras la firma el pasado año del famoso Memorando de Entendimiento (MoU, en sus siglas en inglés), que es el que está imponiendo condiciones al Gobierno en su política económica.

La gran pregunta es qué va a pasar con ese dinero que ha ido a parar a las cajas. En realidad hay una pequeña parte (5.500 millones de euros) que han sido destinada a sanear el Banco de Valencia. Legalmente no era una caja de ahorros, pero en la práctica era filial de Bancaja, una de las entidades que han pasado a formar parte de Bankia, hasta el punto de que José Luis Olivas, ahora imputado por varios delitos económicos, fue presidente de ambas entidades (Bancaja y Banco de Valencia) durante varios años. Y es más, fue el consejo de administración de Bankia, presidido ya por Rodrigo Rato, el que dejó caer al Banco de Valencia al no inyectarle el dinero necesario, lo que llevó a su intervención por el Banco de España en noviembre de 2011. Tras la intervención, el FROB le inyectó 1.000 millones de euros en una operación urgente en marzo de 2012 y después ha recibido otros 4.500 millones de los fondos europeos (en diciembre de 2012), justo antes de ser adjudicado por el FROB a Caixabank.

Dinero perdido.

Explicada la salvedad del Banco de Valencia, la pregunta del millón sigue siendo qué pasará con el dinero que ha ido a parar a sanear las cuentas de estas entidades financieras. Los 7.852 millones de euros que ha puesto el sector a través del Fondo de Garantía de Depósitos se dan por perdidos. De esa cantidad, 953 millones han ido a la antigua Unnim, entidad que nació de la fusión de las cajas de Sabadell, Terrasa y Manlleu, que finalmente ha sido adjudicada a BBVA. Otros 5.249 millones del Fondo de Garantía terminaron en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que finalmente ha sido absorbida por el Banco Sabadell. Y los 1.650 millones que restan de aportaciones del FGD se corresponde con el primer desembolso que tuvo que hacer el fondo, en 2009, cuando la Caja Castilla-La Mancha fue intervenida en marzo por el Banco de España. Esta caja pasó después a la órbita de Cajastur y luego, a través de Banca Cívica, ha terminado siendo absorbida por Caixabank.

En cuanto al dinero público inyectado a las cajas con dificultades, las pérdidas finales no están delimitadas. Primero, porque dependerá de cómo funcionen algunas de las nacionalizadas. Y segundo, porque algunas están incluso pendientes de una solución final. Sin embargo, ya hay cifras que dan pistas. La Comisión Europea, por ejemplo, cuando ha hecho las cuentas de déficit público para España, ha considerado que 26.000 millones de euros de los 42.000 que han llegado al sector a través del Fondo Europeo (el MEDE) se perderán. Aunque hay un matiz importante, ya que el que no va a perder ni un euro será el MEDE, al que España debe devolver religiosamente la cantidad prestada a las cajas en apuros. Será, pues, el Estado español el que tenga que apuntarse poco a poco en su déficit ese agujero.

Otra cifra que da idea de la magnitud del problema es que el FROB español, en un ejercicio de prudencia financiera, también ha apuntado en sus cuentas como crédito de difícil recuperación las cantidades que ha ido inyectando a los bancos. ¿Quiere decir esto que se va a perder todo? No. Por ejemplo, Caixabank devolvió en abril de este año al FROB un total de 977 millones de euros que habían sido puestos por este organismo público para salvar a Banca Cívica antes de su adjudicación. ¿Habrá más devoluciones como esa? A corto plazo parece que no, porque algunas de las operaciones de adjudicación cerradas por el FROB (CAM al Sabadell, Banco de Valencia a Caixabank y Cajasur a Kutxabank) prevén incluso la posibilidad de que los bancos adjudicatarios puedan pedir más ayudas a fondo perdido si se detectan agujeros ocultos o pérdidas no previstas.

Dentro de estas hipótesis de recuperación, las dos cantidades más abultadas puestas por el FROB y el MEDE han sido los 22.424 millones que se ha llevado Bankia y los 12.052 que lleva consumidos Catalunya Banc (ver recuadro). En el primero de los dos casos, el de Bankia, el Estado español es propietario a través del FROB del 100% del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), que a su vez es dueño del 68,4% de Bankia (el resto cotiza en bolsa). Este banco cotizado tiene un valor en bolsa que, según los días y el precio que alcancen las acciones, oscila entre los 8.500 y los 10.000 millones de euros, es decir, menos de la mitad del dinero recibido en ayudas públicas. Sin embargo, el nuevo equipo gestor, encabezado por José Ignacio Goirigolzarri, ha logrado que la entidad comience a ganar dinero y ha prometido que a partir de 2015 comenzará a dar parte de esos beneficios a los accionistas, entre los que se encuentra de forma mayoritaria el Estado. Además, si la entidad consigue consolidar su gestión y sus beneficios, el BFA puede vender parte de ese 68,4% del capital y recuperar algo del dinero público invertido en el saneamiento. Pero para eso habrá que esperar aún algunos años.

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