|
Gómez Bermúdez ya retiró el pasaporte a Amorós y a Roberto López Abad, ante el posible riesgo de fuga, en julio del año pasado
La tensión y la angustia entre ex consejeros y ex administradores de algunas entidades financieras están desatadas. Tras el encarcelamiento del ex presidente de CajaMadrid, Miguel Blesa, por orden del juez de instrucción José Elpidio Silva, la inquietud en quienes han gestionado cajas de ahorro, ahora en manos del FROB, es máxima ante la posibilidad de que los jueces sigan el ejemplo del atacado Silva. La inquietud se ha acrecentado al citar el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, para el próximo viernes, a los ex directores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad y al de Recursos de la CAM, Vicente Soriano, para decidir si ordena su ingreso en prisión, como ha solicitado la Plataforma de Afectados.
Gómez Bermúdez ya retiró el pasaporte a Amorós y a Roberto López Abad, ante el posible riesgo de fuga, en julio del año pasado. Días después les impuso una fianza de 25,8 millones de euros a los mencionados ex directores generales, al ex presidente Modesto Crespo y a los ex directores de Recursos y Planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb. Los imputados están llamados a declarar el viernes a partir de las 10 de la mañana, momento en que las partes deberán solicitar medidas cautelares.
El colectivo propuso en un escrito remitido al juez el pasado 18 de mayo la entrada en prisión o, de forma sustitutoria, colocarles una pulsera telemática en el pie para evitar su posible huida, al no haber presentado la fianza impuesta por el juzgado.
La petición se basa en la comunicación del Instituto Valenciano de Finanzas en la que afirma que no tuvo conocimiento de las actas o acuerdos de los consejos de las sociedades participadas de la CAM Gesfimed y Tenedora de Inversiones y Participaciones, ni tampoco de la concesión de un macrocrédito de mil millones a Polaris World. Los argumentos, según fuentes jurídicas, tendrían mucha similitud con alguna de las causas por las que Silva habría decidido enviar a prisión al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
En concreto se trataría de un presunto delito societario y administración desleal por no someterse a la preceptiva que obligaba a obtener autorización previa de las autoridades autonómicas para ejecutar determinadas operaciones que superaran una cuantía determinada o se hicieran a personas que formaban parte del propio consejo.
El pasado 11 de marzo, Gómez Bermúdez citó como testigos a 34 exdirectivos de la CAM en el marco de la pieza separada de la causa principal que investiga los créditos por casi 17 millones de euros concedidos al expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, al que imputa indiciariamente delitos societarios y de administración desleal. Ocho días más tarde, siete exconsejeros de la CAM afirmaban en la Audiencia que aprobaron los créditos a Avilés sin saber quien era el beneficiario. |
.jpg)
Ver artículo original
