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El informe del Banco de España se suma a dos auditorías externas y otro informe del FROB
Con el último documento que el Banco de España ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, ya son cuatro los informes que ratifican las supuestas irregularidades en la gestión de la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), hoy convertida en banco e integrada en el Sabadell. El informe del Banco de España, remitido a la Audiencia a petición de Gómez Bermúdez, abunda en el cobro de dietas exorbitadas y otras remuneraciones por parte de los directivos de la extinta caja, así como en la obtención de créditos en condiciones supuestamente ventajosas.
Como ha venido contando este periódico, Gómez Bermúdez investiga a varios miembros de la antigua cúpula de la CAM, incluidos su último presidente, Modesto Crespo, o los dos últimos directores generales, María Dolores Amorós y Roberto López Abad, imputados por delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, entre otros.
Según se hace constar en este último informe, el presidente de la entidad, Modesto Crespo, se embolsó 640.000 euros en dietas sin informar a la asamblea general, cuando debió percibir 20.645. La diferencia, tal como se reflejaba en otros informes anteriores, se obtuvo supuestamente a través de las empresas participadas por la CAM.
El «ladrillo»
Este informe del Banco de España no es el primero que abunda en las supuestas irregularidades cometidas por los antiguos dirigentes de la ya desaparecida caja de ahorros. De hecho, cuando el Banco de España intervino la entidad a través del FROB, ya elaboró un primer informe en el que se acusaba a la dirección de la caja, además del cobro de comisiones desmedidas, de maquillar las cuentas con cambios de calificación en los créditos del «ladrillo» -algunos de dudoso cobro se incluían como sanos-, o de ignorar las directrices del propio regulador para llevar a cabo un plan de viabilidad.
Este informe se apoyaba, entre otros, en una auditoría de la consultora Deloitte que ponía al descubierto otras prácticas bajo sospecha, como el pago de comisiones en paraísos fiscales relacionadas con el negocio inmobiliario de la CAM en el Caribe -información desvelada por ABC en mayo de 2012-. Una segunda auditoría, de PwC, abundaba en la misma dirección: en este caso, en el maquillaje de las cuentas y las prejubilaciones.
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