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Una oficina de la CAM, con otra de Cajastur, al fondo, en la ciudad de Oviedo. M. ROJAS

ZENÓN GUILLÉN | ALICANTE.  Los representantes de los empleados de la CAM son el único sector de la entidad que mantienen desde el principio una posición clara contra la operación de fusión con Cajastur, Cajacantabria y Caja Extremadura. La principal fuerza sindical, Sicam, con un miembro en el consejo de administración, al igual que UGT, está dispuesta a defender hasta las últimas consecuencias su postura de rechazo «para evitar una operación que supone malvender la entidad». Su secretario general, Manuel Navarro Bracho, afirma que «vamos a echar el resto para impedir que nos fuercen a regalar Caja Mediterráneo». Incluso, asegura que «si el Banco de España amenaza con la intervención en el caso de rechazar el SIP, es preferible eso, a tener que entregarla».

En su lucha, Sicam prepara una nueva demanda judicial, que va a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia, en breve, para frenar la integración virtual, por lo que consideran otro incumplimiento del marco autonómica de las cajas. Se trata una iniciativa más que se suma a las ya desarrolladas también ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Este sindicato independiente se muestra contrario al Sistema Institucional de Protección (SIP) en su conjunto, ya que entiende que además de suponer un importante coste social en el empleo, conlleva en su opinión la completa desnaturalización del modelo de las cajas de ahorro, «para convertirlas en entidades meramente privadas que pasaran a manos de los bancos». Pero, enfocándose sólo hacia el caso concreto de la operación en marcha por la caja alicantina, el rechazo de Sicam se acrecienta aún más, en virtud de las negociaciones enquistadas actualmente por el reparto de poder del nuevo banco resultante.

Posición dominante

De hecho, en el requerimiento administrativo que presentaron ante Competencia para que adoptase medidas cautelares contra la fusión, sostenían que el reparto de participaciones en el SIP era «injusto», ya que la entidad asturiana defiende «una posición dominante de una manera irregular» -hasta el 40% de participación-, después de «se ha visto claramente favorecida por el hecho de ser propietaria del Banco Liberta, con el que realiza la adquisición de Caja Castilla La Mancha (CCM)», a partir de «una inyección de dinero público». Defienden que la CAM, con otro 40% de participación inicialmente asignada, debería contar realmente con «un porcentaje mayor».

Para Sicam, los 1.300 millones destinados por el Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorros para facilitar la compra de CCM por Cajastur «supone un fraude», ya que implica que el Banco de España sanea la entidad castellano-manchega para que después se la quede Cajastur». Incluso califica esta operación como «chollo», ya que consideran que le permite adquirir el 75% del negocio bancario de CCM, «saneado a cargo del Estado, sin pagar ni un solo euro por esos activos», lo que se convierte en un hecho que «distorsiona la competencia».

Navarro Bracho considera «inaceptable» para Caja Mediterráneo, que después de ceder en el reparto de poder del SIP, «encima ahora haya que dar todo el control ejecutivo al presidente de la entidad asturiana, Manuel Menéndez», tal como ha quedado latente en el proceso final de negociación para el acuerdo de fusión definitivo, según reconocen fuentes financieras.

Por ello, el secretario general de Sicam reconoció ayer a este periódico que «vamos a esforzarnos al máximo para que todos los miembros del consejo de administración conozcan al detalle lo que supone aprobar este SIP, en el que se va a regalar a una entidad como la CAM». Aclaró que «vamos a entregar una documentación detallada en mano a cada consejero y esperamos que actúen de verdad en consecuencia, rechazando la fusión».

Los sindicatos han mostrado sus dudas hasta ahora de que pudieran surgir voces contrarias al SIP en el órgano de gobierno, más allá de las de los portavoces de personal, pero confían en que la preocupación que sienten algunos consejeros ante el vacío de poder en que puede quedar la CAM les haga recapacitar.

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