Portada > Prensa

El ex director general de la CAM, Roberto López Abad, y el antiguo responsable de las empresas de la caja, Daniel Gil Mallebrera, promovieron y consintieron el presunto desvío de fondos de la caja a paraísos fiscales para su propio beneficio y el de dos socios. Es la acusación que sustenta la querella presentada en julio por la actual dirección de la caja —intervenida por el FROB— en la Audiencia Nacional contra ambos ejecutivos y los administradores de Valfensal, la sociedad opaca a través de la cual sacaron supuestamente dinero de la entidad. Uno de los administradores de esta firma, Juan Vicente Ferri, llegó a comunicar a Gil que facilitar información sobre Valfensal “le podría llevar a prisión” según el informe realizado por Deloitte, incluido en el sumario que instruye el juez Javier Gómez Bermúdez.

Valfensal es una sociedad de promoción turística creada en noviembre de 2003. El 30% del accionariado pertenecía a la CAM —hoy a Banco CAM, adjudicado al Sabadell tras la intervención— y el otro 70% al grupo hotelero Mar Confort, controlado por Ferri y José Salvador Baldó, ambos acusados ahora por el FROB junto a López Abad y Daniel Gil por apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y delito fiscal. Gran parte de esta última aportación fue, además, financiada por la propia caja, según el informe sobre la CAM realizado por el Banco de España.

“Esto le podría llevar a prisión”, advirtieron a uno de los exdirectivos

Ferri y Baldó, según Deloitte, mantenían con ambos ejecutivos de la caja —López Abad y Gil— “una notable proximidad personal y comercial”. Hasta el punto de que los dos directivos se ocupaban personalmente de los créditos de Valfensal gestionándolos al margen de los mecanismos habituales de la CAM. Se trataba, en definitiva, de una “zona opaca de gestión”, según la querella de Carlos Gómez-Jara, el abogado designado por el FROB para defender los intereses de la caja, que permitía a los directivos conceder créditos a Valfensal (unos préstamos que también ha heredado el Banco CAM) sin que los proyectos financiados fueran controlados o tasados previamente por la entidad. En algunos casos, los préstamos se llegaban a aprobar a ciegas, sin que a la caja le constara el importe de la operación. En otros, la entidad aceptaba directamente la propuesta de Valfensal sin evaluación independiente.

La querella identifica un total de cinco proyectos de Valfensal que la caja financió con esa mecánica. Se trata de compras de hoteles y terrenos en México y la República Dominicana en las que, además, intervinieron sociedades radicadas en paraísos fiscales. Como la adquisición del hotel Caracol, en la Riviera Maya (México), y de una parcela anexa por 21,9 millones. Los préstamos concedidos por la CAM se acordaron el 20 de enero de 2005, pero el importe de las distintas inversiones no se añadió al expediente hasta siete días después, lo que lleva al FROB y a Deloitte a considerar que la aprobación del préstamo fue “ficticia”. Después, Valfensal modificó el proyecto: rechazó adquirir la parcela e incluyó una reforma en el hotel, pero la financiación no se redujo. La querella lo considera “una transferencia de fondos no justificada”.

En algunos casos, los préstamos a Valfensal se llegaban a aprobar a ciegas, sin que a la caja le constara el importe de la operación

O la rocambolesca compra de una parcela en Playa Bávaro (República Dominicana) para la construcción de un hotel por 12,7 millones de euros en marzo de 2005. La CAM concedió la financiación a ciegas a Valfensal, y su filial dominicana compró la finca por cuatro millones. Lo sorprendente es que, la víspera, otra sociedad de Valfensal radicada en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, Jacksonport, había adquirido una opción de compra sobre el terreno por 7,9 millones a otra sociedad con cuentas en Suiza. La opción de compra costó el doble que la parcela y se adquirió sin pagar impuestos. Para el FROB se trata de una “operación pantalla” para sacar dinero de la CAM.

El juez Bermúdez pidió el 3 de diciembre al Banco CAM que aportara toda la documentación de los préstamos de esas cinco operaciones y cualquier otro aprobado a Valfensal o sus empresas “para verificar la existencia o no de algún beneficio por parte de los exdirectivos de la CAM”. Los créditos, hasta el momento, se encuentran impagados, pero la venta de los hoteles y fincas hipotecados podrían servir para devolver al Estado parte de los 5.249 mllones que inyectó en 2011 para salvar la entidad.

HOTEL CARACOL

Un préstamo concedido sin saber el importe

La CAM, a través de su filial inmobiliaria, Tenedora de Inversiones y Participaciones, aprobó el 20 de enero de 2005 la financiación de la compra por Sandos Internacional, una filial de Valfensal, del hotel Caracol en la Riviera Maya (México). Pero hasta siete días después del acuerdo no conoció que el importe de la compraventa ascendía a 21,9 millones de euros. El informe de Deloitte considera por ello que la propuesta se aprobó “con unas determinadas condiciones que más tarde pudieron haber sido alteradas”. La querella considera que la CAM financió “una actividad de la que carece de toda referencia y que equivale a la entrega sin más de los correspondientes fondos como financiación”. “El hecho de que no exista nada que dote de contenido al proyecto resulta tan excepcional que impone la conclusión de que hubo una transferencia de fondos injustificada”, señala.

FINCA EN BÁVARO

Una opción de compra pagada en Suiza

La CAM prestó a la filial dominicana de Valfensal, Tulcani, 12,7 millones de euros para la compra de una finca en Playa Bávaro (República Dominicana). El precio de la parcela, adquirida el 30 de marzo de 2005, fue de cuatro millones de euros. Sin embargo, la víspera, otra sociedad de Valfensal, Jacksonport, radicada en las Antillas Holandesas, había adquirido una opción de compra sobre el terreno por 7,9 millones, es decir, el doble del importe de la finca. La obtuvo de Caribbean Holiday Investment, una sociedad panameña con una cuenta en Suiza. “Los elementos de prueba concurrentes indican de modo abrumador que toda la operación es una mera pantalla para ocultar la transferencia de fondos de la CAM a Valfensal en un sentido económico que, desde luego, no guarda relación alguna con la operación”, mantiene la querella.

HOTEL GALA

Derechos de explotación desorbitados

Valfensal adquirió el hotel Gala en Playa del Carmen (México). Según Deloitte, en el contrato “no se hacía referencia a la existencia de un derecho de comercialización” del establecimiento que se transmitía “sin restricción, limitación ni salvedad alguna”. Sin embargo, el 20 de febrero de 2005, la sociedad de Valfensa1 en las Antillas Holandesas, Jacksonport, compró los derechos de comercialización del hotel a otra sociedad por 34,8 millones. Según la querella se trata de “una operación cuyo sentido económico es incomprensible si no se parte de la base de que se trata de una pantalla para ocultar lo realmente acontecido: una disposición de fondos de la CAM no justificados por la racionalidad económica”. La intervención de Jacksonport, prosigue, “solo puede justificarse por razones que se sitúan, muy probablemente, en el ámbito de la ocultación fiscal”.

PARCELAS EN MÉXICO

Comisiones imposibles de justificar

La CAM financió a Valfensal la compra por mitades de una parcela situada en Playa del Carmen (México). Para la compra de la primera mitad Valfensal desembolsó tres comisiones por valor de 715.600 euros, lo que suponía alrededor del 12% del importe de la finca (5,7 millones de euros). Dos de esas comisiones, justificadas por el asesoramiento y la intermediación en la operación, fueron a parar a una sociedad mexicana y otra estadounidense. La tercera, de 325.000 euros, ni siquiera aparece justificada. Nueve meses después, Valfensal se hizo con la segunda mitad de la finca cuyo precio se había incrementado en ese tiempo un 41%. En esta ocasión pagó una comisión de 1,5 millones. Para la acusación, la operación solo se entiende “si se ve el principal objetivo de la adquisición, precisamente, en transferir fondos CAM a Valfensal”.

 HOTEL SAN BLAS

Desproporción en el riesgo de la operación

La operación consistió en la entrada de Valfensal en el accionariado del hotel Eco Resort San Blas, en Tenerife en otoño de 2010. La adquisición, que tenía como objetivo atribuir la gestión del establecimiento al Grupo Mar Confort, accionista de Valfensal, supuso para la CAM la condonación de una deuda de tres millones de euros. La compra, en la que la caja asumió, según el FROB, “riesgos y costes desproporcionados” se realizó sin que la entidad hubiera hecho “un análisis de su impacto económico”, según Deloitte. La operación, según la querella, “solo tiene sentido si el objetivo es maximizar el interés de Valfensal”. Se trataría “de una transferencia de fondos CAM carente de toda justificación económica”, ya que la caja “asume el coste de la inversión, pero no tiene control de la gestión que de ello derivaría”, mantiene la acusación.

Volver a la sección