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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a España indemnizaciones más bajas para el despido improcedente, un contrato único con compensación por despido creciente, la eliminación de la jubilación parcial y más control sobre el cobro del paro.

En su último informe económico sobre España, la OCDE señala que la reforma laboral ha sido un "paso sustancial" en la dirección correcta, aunque apunta a la persistencia de desequilibrios como la brecha entre los empleados temporales y los indefinidos.

En esta línea, destaca que la indemnización de 33 días por año trabajado fijada para los despidos improcedentes debería reducirse más, ya que sigue siendo alta en comparación con otros países.

Como solución para salvar la dualidad del mercado, propone avanzar hacia un contrato único con indemnizaciones por despido que vayan creciendo conforme al tiempo trabajado.

En materia de flexibilidad, la OCDE ve positivo que se haya potenciado el convenio de empresa y recortado el periodo de ultraactividad (prorroga automática de un convenio expirado) a un año.

No obstante, subraya que la negociación colectiva sigue siendo rígida y recomienda la supresión de la ultraactividad en los convenios sectoriales y que las empresas puedan participar en las negociaciones salariales sectoriales.

Preocupación por el paro juvenil

Asimismo, la OCDE muestra su preocupación por las altas tasas de desempleo juvenil y reclama una actuación inmediata con políticas activas dirigidas a los jóvenes más castigados por la crisis, los que tienen menor formación.

Al respecto, considera importante dar un impulso a las políticas activas de empleo a nivel regional y emplaza al Gobierno a corregir las altas tasas de abandono escolar a edades tempranas, para lo que sugiere que se facilite avanzar de curso reduciendo las competencias mínimas exigibles.

También recomienda profundizar en el sistema de formación dual que permita a los jóvenes adquirir experiencia profesional mientras se están formando, así como periodos más extensos para los contratos de formación.

De las bonificaciones a la contratación dice que deben ser un instrumento temporal para ayudar únicamente en momentos de actividad económica débil y sólo para jóvenes o colectivos especialmente desfavorecidos.

En lo que se refiere a la protección por desempleo, reclama controles más efectivos para que los parados que reciben la prestación busquen empleo de forma activa.

Respecto a las pensiones, la OCDE reconoce que la reforma de 2011 ha amortiguado el aumento previsto en el gasto asociado al envejecimiento de la población, al elevar a 67 años la edad legal de jubilación, a 37 años el periodo de cotización para cobrar la pensión completa y a 25 años el periodo para calcular la pensión.

Sin embargo, cree que hay que profundizar en ella y propone eliminar cuanto antes la modalidad de jubilación parcial por el alto coste que conlleva para el sistema.

El organismo cree que se podría ahorrar en las pensiones de viudedad a futuro, dada la alta participación de las mujeres más jóvenes en el mercado de trabajo, de tal forma que la prestación se concentre en los casos de necesidad.

Considera que no están suficientemente reconocidas las carreras de cotización más largas ni adecuadamente incentivada la prolongación de la vida laboral, por lo que aboga por requerir más años de cotización para obtener la pensión completa 37 y toda la historia laboral para calcular el importe de la pensión.

Por otra parte, la OCDE achaca el escaso crecimiento de la productividad a la "molesta" regulación de las relaciones laborales, a los altos costes administrativos para crear una empresa y a las barreras para ejercer servicios profesionales, entre otras cosas.

Además subraya la necesidad de que se acometan políticas que aseguren un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, y en particular del agua, "recurso escaso y usado de forma intensiva", razón por la que recomienda mayores subidas de precios que reflejen más adecuadamente su coste.

Subir el IVA e impuestos verdes

La OCDE recomienda que más productos y servicios tributen al tipo general de IVA y que se implanten más impuestos medioambientales, al tiempo que opina que el Gobierno central debería recuperar la competencia sobre una serie de impuestos como el de sucesiones.

La OCDE aprecia que el sistema impositivo español está demasiado dirigido hacia las rentas del trabajo, especialmente a unas cotizaciones a la Seguridad Social que a su juicio deberían reducirse, ya que son los tributos "más dañinos" para el crecimiento económico y el empleo.

Sin embargo, considera que en España se mantienen "relativamente bajos" los impuestos indirectos que gravan el consumo, por lo que advierte de que "la mayoría" de los productos y servicios deberían estar gravados al tipo general de IVA (21%).

"En 2012 varios productos han elevado sus tipos de IVA. Sin embargo, otros se siguen beneficiando de gravámenes sustancialmente reducidos, y deberían moverse al general", afirma el informe, que señala en concreto los servicios turísticos y de transporte (del 10%) y "algunos productos de papel", en referencia a los libros, periódicos y revistas que siguen disfrutando del superreducido (4%).

Asimismo, el organismo recomienda "eliminar o reducir sustancialmente" las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, que "sobre todo benefician a familias de ingresos medios y altos".

"Cualquier impacto positivo de estas deducciones parece haber sido más que compensado por menores ingresos públicos, y la tasa de rendimiento de estos planes de pensiones puede ser significativamente menor que la tasa de interés de la deuda pública", agrega.

En lo que se refiere a los impuestos medioambientales, la OCDE recuerda que en España suponen un 1,5% del PIB, "considerablemente menos" que en otros sistemas fiscales europeos, en los que están en ocasiones por encima del 4%.

En este campo recomiendan estudiar introducir un impuesto nacional sobre el carbón, incluido el gasóleo profesional, algo que "el Gobierno ya está estudiando, lo cual es bienvenido".

Por lo que se refiere a determinados impuestos verdes establecidos por autonomías, el organismo hace hincapié en que deberían ser tasas nacionales, ya que la contaminación "va más allá de las fronteras regionales".

También ve espacio para elevar los impuestos sobre el patrimonio, así como el de sucesiones, que una vez más debería estar completamente atribuido al Gobierno central.

Según la OCDE, parte de los ingresos provenientes de la subida del IVA, los impuestos medioambientales y la eliminación de determinadas deducciones pueden permitir mayores deducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las personas con ingresos más modestos, una vez que los objetivos de consolidación fiscal se hayan alcanzado.

Otra parte de la subida de ingresos podría utilizarse para otorgar mayores ayudas por hijo a las familias más necesitadas, condicionadas a que continúen su formación más allá de la educación obligatoria hasta los 16 años, para así combatir la pobreza y el abandono temprano de los estudios.

Además, la OCDE recomienda rebajar los impuestos a la compraventa de vivienda, ya que a su juicio perjudica la movilidad laboral, y compensarlo con mayores gravámenes al patrimonio inmobiliario.

De nuevo consideran que los impuestos a las transacciones inmobiliarias deben ser recuperados por el Estado central.

El texto asegura que la consolidación presupuestaria debería combinarse con una reforma del sistema impositivo que no choque con el crecimiento económico.

"En el corto plazo, las subidas de impuestos parecen tener un impacto menos negativo en el crecimiento que los recortes de gasto", afirma el informe.

Estas son algunas de las recomendaciones del Informe sobre Economía Española de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que han presentado hoy el secretario general de la institución, Ángel Gurría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

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