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M. A. R. / ALICANTE

Día 18/11/2012

Un puñado de consejeros sin la cualificación necesaria para interpretar los balances, que hasta el último momento no fueron conscientes de la gravedad de la situación de la caja y que con frecuencia aprobaban sin rechistar las propuestas que llevaban ante el consejo los magníficamente remunerados directivos de la comisión ejecutiva de la entidad. Esta es la imagen que ha ofrecido la comisión de investigación creada por las Cortes Valencianas para analizar la quiebra que Caja Mediterráneo (CAM), a la espera de que la Audiencia Nacional determine si los máximos responsables de la antigua caja de ahorros de Alicante incurrieron en los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

«No tuve conocimiento de irregularidades en la caja porque no soy Superwoman». Declaraciones como la que pronunció el pasado 30 de mayo la ex consejera Rosa Ana Perán han hecho correr ríos de tinta sobre la cualificación de los miembros del consejo de CAM. Pero lo cierto es que los propios estatutos de la entidad establecían un cupo del consejo a representantes de los clientes de la caja, a los que no cabía exigir unos elevados conocimientos financieros.

Más chocante resultó que un empresario de éxito como el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, sentenciara ante la comisión: «Soy un empresario normal y corriente. No estoy preparado ni tengo tiempo para revisar los balances».

Si algo ha aclarado la comisión es la (in) competencia de sus exconsejeros para excusarse y eximirse de cualquier responsabilidad. Eso, o que han seguido a pies juntillas la estrategia aconsejada por sus abogados.

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