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MERCEDES GALLEGO ­Directa, atípica y carente de toda racionalidad económica. Con esta claridad se define en la querella presentada por Carlos Gómez-Jara, el abogado designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para representar a la CAM, la intervención del exdirector general de la caja Roberto López y de su exresponsable en inversiones inmobiliarias Daniel Gil en las operaciones que la entidad, a través de su filial Tenedora de Inversiones y Participaciones S. L. (TIP), realizó con Valfensal, la mercantil propiedad en un 70% de los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó y de la que TIP tiene el 30% restante.

Tal y como ayer publicó este diario, las actuaciones de los dos exdirectivos y los dos empresarios están siendo investigadas después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez admitiera a trámite la querella presentada el pasado julio por Gómez-Jara para que se aclare si se han desviado fondos de la caja en beneficio de los querellados, una iniciativa que ha permanecido bajo secreto hasta hace unos días para no entorpecer una instrucción en la que ya se han llevado a cabo registros en la sede de Valfensal y en los domicilios de sus propietarios.

Aportaciones y riesgos
El letrado precisa que en las operaciones recogidas en la querella (cuatro en el Caribe y una en Tenerife, centradas todas ellas en la compra y gestión de instalaciones hoteleras así como en la adquisición de terrenos en México y República Dominicana) la actuación de López Abad y de Daniel Gil «se hizo al margen de las estructuras de TIP e incluso de los responsables inmediatos de la CAM respecto de la cuenta de Valfensal». Unas transacciones comerciales que el penalista considera constitutivas de al menos cinco delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de otros tantos de administración desleal y que, según afirma, «carecen de toda racionalidad económica para la CAM/TIP y, en cambio, suponen la ocupación de una posición muy ventajosa para el grupo Valfensal». A modo de ejemplo para apoyar su argumentación añade que «en varias ocasiones el importe de la financiación aportada por CAM/TIP es completamente independiente de la propuesta de negocio hecha hasta el punto de que ésta se aprueba sin cuantificar la financiación, se califica internamente una operación aparentemente finalista como que en realidad implicaría una línea global de financiación o, finalmente, se llega a pagar a una sociedad off shore (en un paraíso fiscal) vinculada a Valfensal una comisión de intermediación del doble del importe de la operación en sí». El letrado insiste en llamar la atención sobre el hecho de que en diversas operaciones existe «un reparto inexplicable de aportaciones y riesgos» desfavorable para TIP/CAM y ventajoso para Valfensal.

Tampoco quiere pasar por alto la propia existencia de TIP de la que dice que «a pesar de que fue constituida (a propuesta de Daniel Gil) con el objeto de servir únicamente como cauce ejecutivo para la CAM en la gestión de suelo (...) el objeto de su actividad fue cambiando muy significativamente pasando de la mera financiación al establecimiento de participaciones de CAM de carácter inmobiliario e incluso de gestión de empresas hoteleras».

Carlos Gómez-Jara duda de la finalidad última de esta mercantil tras constatar que ni la plantilla existente (entre 5 y 15 trabajadores) era suficiente para desempeñar el volumen de negocio, que no había procedimientos de ejecución de las tareas y que, «a pesar de la anemia organizativa y estructural de TIP, las actividades de ésta no fueron sometidas a un control ordinario y eficaz por parte de los órganos de control de la CAM (...) de lo que es una elocuente muestra que todos los proyectos propuestos por TIP, a pesar de ubicarse en un campo en el que la evaluación del riesgo es esencial, fueron aprobados por la CAM». Para el abogado queda claro que «la sumisión de los proyectos presentados por TIP a los mecanismos de control de la CAM era meramente formal», lo que le lleva a hablar de la creación de una «zona opaca» para determinadas operaciones.

Argumentos
El poder del exdirector general para «silenciar» reparos
«Es la invocación de la autoridad del director general la que silencia las objeciones planteadas (en relación a los negocios con Valfensal) o las neutraliza en diversos ámbitos internos de la CAM», afirma Gómez-Jara a quien llama la atención que si lo que se pretendía con TIP era «ensayar nuevos mecanismos de financiación de operaciones de suelo» y «obtener ventajas de gestión mediante la desconcentración de estas operaciones fuera de la estructura habitual de la CAM (...) la gestión real se lleve a cabo, de modo atípico, por altos directivos de la CAM sin competencia funcional directa en este ámbito».

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