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DAVID NAVARRO

Los trabajadores de SabadellCAM tendrán aproximadamente un mes de plazo para acogerse voluntariamente a alguna de las medidas previstas en el expediente de regulación de empleo (ERE) que los sindicatos y la dirección de la entidad pactaron la noche del pasado martes y que supondrá la supresión de 1.250 empleos. Los sindicatos confían en que la combinación de bajas incentivadas, suspensiones temporales y prejubilaciones acordadas sean suficientes para cubrir esta cantidad y sólo si no se alcanza la cifra se pondrían en marcha despidos forzosos, según consta en el citado documento.

De esta forma, está previsto que la aplicación informática para tramitar las solicitudes esté lista entre los días 16 y 18 de octubre, una fecha que coincide con el plazo que tienen los representantes de la plantilla para ratificar el acuerdo, y permanecerá en funcionamiento hasta el 19 de noviembre. A partir de ese momento será la dirección del SabadellCAM quien tendrá 10 días para elaborar la lista definitiva de afectados, recortándola si el número de voluntarios es excesivo o señalando a los despedidos si no se llega a la cantidad deseada.

El objetivo es que, aunque el grueso de las salidas no se produzcan hasta el próximo año, todo esté decidido y todo el mundo tenga claro su destino antes del puente de diciembre ya que será ese fin de semana cuando se produzca la integración definitiva de los sistemas informáticos de Sabadell y CAM, y cuando se cierren en bloque las más de 360 oficinas previstas en el plan de reestructuración del grupo. El interés en que todo se resuelva lo antes posible queda patente en los 5.000 euros adicionales que podrán cobrar quienes se acojan a las prejubilaciones en los 15 primeros días de plazo.

Colectivo de jornada especial
La intención es que los únicos que deban sumarse obligatoriamente al ERE sean los 111 trabajadores que se encuentran en situación de "jornada especial". Es decir, los primeros prejubilados de la entidad que siguen siendo formalmente empleados de Banco CAM aunque ya no trabajen en él. Según lo pactado, cobrarán el equivalente a lo que les correspondería percibir en sus condiciones actuales hasta los 63 años, con un máximo de 245.000 euros, además de las aportaciones que les hubiesen correspondido al plan de pensiones. En las protestas protagonizadas por los sindicatos durante la negociación del ERE algunos de estos trabajadores anunciaron su intención de acudir a los tribunales si esto se producía.

La dirección del SabadellCAM también se ha reservado el derecho a vetar a algunos de los candidatos que se presenten voluntarios si considera que ocupan un puesto "de carácter estratégico", si hay un número excesivo de solicitudes en un mismo departamento o si el perfil de los solicitantes provoca que se exceda el presupuesto previsto, que según fuentes sindicales podría rondar los 200 millones aunque la entidad no ha querido revelarlo.

"Satisfacción contenida"
Tras la durísima negociación del martes, los representantes sindicales mostraron ayer su "satisfacción contenida" por el acuerdo, en palabras del secretario general de Sicam, Manuel Navarro. "Lo ideal hubiera sido que nadie fuera a la calle pero al menos hemos logrado rebajar de 1.750 a 1.250 el número de afectados", destacó Navarro. "Pensamos que es el mejor acuerdo alcanzable, sobre todo teniendo en cuenta que la reforma laboral nos lo ha puesto muy difícil", apuntó, por su parte, el portavoz de UGT, Juan Miguel Oliver. Unas afirmaciones que también suscribió el secretario de Comunicación de CC OO en l''Alacantí, Salvador Roig, quien calificó de "aceptable" las condiciones acordadas "sin perder de vista la injusticia que supone que la plantilla pague la mala gestión de los directivos y los políticos".

Tal y como ayer adelantó INFORMACIÓN, quienes acepten prejubilarse cobrarán el 80% de su salario neto hasta los 63 años, además del coste de las cotizaciones sociales, hasta un máximo de 240.000 euros, que alcanzarán los 245.000 si la solicitud se presenta en los 15 primeros días. Tendrán prioridad los mayores de 55 años pero si no hay suficientes voluntarios podrán solicitar el retiro quienes tengan entre 53 y 54 años.

Quienes opten a una baja incentivada cobrarán 35 días por año trabajado más una "prima de enganche" de entre 1o.000 y 15.000 euros, con un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 150.000.

Por último, con las suspensiones temporales, los trabajadores cobrarán al inicio una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado con un mínimo de 10.000 euros y un tope de 12 mensualidades. Si transcurridos dos años la empresa no le ha ofrecido un nuevo puesto de trabajo, cobrará una compensación equivalente a la de un despido improcedente más una cantidad adicional de 10.000 euros, descontando el citado pago inicial. Estas mismas condiciones se aplicarán a los despido forzosos.

Por último, los sindicatos han aceptado que la empresa pueda aplicar traslados obligatorios con el fin de evitar los desajustes que provocarán estas salidas. En compensación los afectados percibirán un pago inicial de 6.000 euros más una ayuda mensual de 700 durante dos años.

La entidad ayudará a crear 500 empleos en la provincia para compensar el recorte
Junto con el ERE, los sindicatos y la dirección del SabadellCAM también firmaron el pasado martes el plan de recolocación para los afectados que, tras la última reforma laboral, es de aplicación obligatoria para todos los despidos colectivos que superen los 50 trabajadores. Dentro de este acuerdo se ha incluido el compromiso del grupo catalán de facilitar financiación y apoyar a empresas alicantinas y a nuevos emprendedores que puedan generar empleos para compensar el efecto que el ERE tendrá en el conjunto de la economía local, un proyecto que ya avanzó INFORMACIÓN en su edición del pasado 16 de septiembre. En este sentido, el documento precisa que el grupo financiero "contribuirá a la generación de al menos 500 nuevos puestos de trabajo en la provincia en el plazo máximo de entre 18 y 24 meses". El plan también prevé programas de acompañamiento y formación para los empleados que se marchen, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y evitar una situación prolongada de desempleo.

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