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DAVID NAVARRO Resulta difícil saber si los antiguos responsables de Caja Mediterráneo aprendieron sus artimañas contables de los ejecutivos de Lehman Brothers cuando estos les ayudaron a diseñar y colocar en el mercado las fallidas cuotas participativas, pero lo cierto es que la ingeniería financiera empleada por Roberto López Abad, María Dolores Amorós y su equipo tiene poco que envidiar a la que utilizaba la banca de inversión estadounidense y que provocó la mayor crisis financiera de la historia. Está claro que ni las dimensiones del problema, ni los objetivos eran los mismos pero llama la atención que ambas entidades recurrieran a la titulización de créditos para intentar ocultar sus problemas.

En el caso de Lehman Brothers y de otras entidades financieras norteamericanas, estas titulizaciones –una práctica que consiste en empaquetar lotes de préstamos y crear bonos vinculados a los supuestos derechos de cobro que generan– se utilizaron para conseguir liquidez y seguir alimentando la burbuja inmobiliaria. El engaño consistía en incluir en los lotes créditos de la máxima solvencia junto a otros de dudoso cobro –las famosas hipotecas basura– sin informar de ello.

De esta forma los miles de fondos, bancos e inversores de todo el mundo que adquirieron los valores –entre ellos, algunos clientes de al CAM– no sabían el riesgo que estaban asumiendo. Cuando en 2006 y 2007 la subida de tipos provocó el impago de muchas de estas hipotecas «subprime», empezaron a aflorar las pérdidas y cundió la desconfianza porque nadie sabía si sus bonos estaban contaminados o no. El resultado fue que las entidades dejaron de prestarse dinero y de operar valores y el mercado quebró en 2008. Se produjo el famoso «credit crunch».

Fusión con Cajastur
Las polémicas titulaciones de la CAM –por las que esta misma semana el fiscal ha pedido la imputación de otros dos directivos de la antigua caja alicantina, el exdirector general de Inversiones, Francisco Martínez, y el Gestión de Liquidez, Juan Luis Sabater– ocurrieron casi dos años después de la quiebra de Lehman Brothers, en 2010. Su objetivo era distinto. López Abad y el resto de directivos no buscaban liquidez, sólo reducir la mora y recuperar provisiones depositadas en el Banco de España para cerrar aquel ejercicio con beneficios y mantener el tipo de cara a la fusión con Cajastur.
La CAM también empaquetó sus créditos e incluyó hipotecas fallidas o con dificultades de cobro. Sin embargo, los ejecutivos de la entidad alicantina no engañaron a los compradores –fondos de alto riesgo– que sabían perfectamente qué era lo que adquirían. Tanto es así que prácticamente no pagaron nada por estos créditos ya que la CAM tomó a su vez una opción de recompra sobre los mismos por una cantidad muy similar a la desembolsada por los anteriores.

En otras palabras, que la CAM «regaló» los créditos con la única intención de sacarlos de sus balances y recuperar las dotaciones con las que consiguió 143 millones de resultados extraordinarios. El problema es que la normativa sólo permite realizar esto cuando la entidad realmente ha transferido el riesgo asociado a los créditos que coloca. En este caso, sin embargo, la CAM había asumido todas las pérdidas por lo que nunca debió recuperar las provisiones.

En este sentido, esta práctica sería más similar a otra que también se sospecha que realizó Lehman Brothers. Según una investigación independiente, al menos en los dos últimos trimestres previos a la quiebra el banco de inversión habría cedido a otras instituciones los créditos dañados días antes de la presentación de sus resultados. Una vez superado el trámite, los recuperaba.
Otro paralelismo entre la CAM y la entidad norteamericana es que sus respectivas auditoras –KPMG, en el caso de la alicantina, y Ernst&Young, en el de Lehman– nunca llegaron a advertir de ninguna irregularidad. Sólo después de la intervención del Banco de España, KPMG rectificó las cuentas de la primera para contabilizar de nuevo las provisiones que se habían retirado con la venta simulada de los créditos fallidos. Tampoco los respectivos organismos supervisores, el Banco de España y la Reserva Federal, hicieron nada hasta el último momento.

Ante la Justicia
En cuanto a la exigencia de responsabilidades, por una vez parece que la Justicia española se muestra bastante más eficaz que la estadounidense. Cuatro años después de la quiebra de Lehman Brothers todavía no se han presentado cargos penales contra ninguno de los antiguos gestores, mientras que aquí la Audiencia Nacional ya ha imputado a seis exaltos cargos de la caja de ahorros cuando ha transcurrido poco más de un año desde la intervención de la entidad. Ahora falta la sentencia.

ANÁLISIS:
"Se perdió de vista el negocio tradicional"
¿Cuales fueron las causas profundas de la debacle que llevó a la quiebra de la CAM o de Lehman Brothers? La pregunta no es sencilla de responder ni para un profesor universitario de Economía como Alfredo Masó, que también presidió la comisión de control de la entidad alicantina en los años noventa. El caso norteamericano parece algo más claro porque hubo una relajación de la normativa "pero en España y en Europa, en general, las entidades estaban bien reguladas. Quizá lo que falló fue el seguimiento, la supervisión", asegura el experto. No obstante, éste no fue el único factor. "Cuando entramos en el euro pasamos de tipos de interés del 14% a pagar el 3% o el 4%. Eso más una etapa de crecimiento llevaron a la exagerada burbuja inmobiliaria que se registró en España y todo se desbocó. Todas las entidades querían crecer y nadie fue capaz o nadie quiso ver lo que podía ocurrir", asegura Alfredo Masó. "Cuando yo estaba en la entidad recuerdo que los ejecutivos decían que la banca era un negocio que se hacía peseta a peseta pero luego se perdió de vista el negocio tradicional", recuerda el profesor de la UA.

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