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d.navarro/ m. gallego
Los exdirectivos de la CAM podrían quedarse si sus polémicas pensiones millonarias. El titular del juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, decretó ayer la suspensión cautelar de los acuerdos de noviembre y diciembre de 2010 en los que se fijaba la cuantía de las generosas rentas vitalicias que percibirían los ejecutivos de la caja al alcanzar la jubilación, que oscila entre los 129.000 euros anuales que le corresponderían al exdirector territorial de Baleares, Gabriel Sagristá, y los más 369.000 que podría cobrar la exdirectora general, María Dolores Amorós.
Gómez Bermúdez atiende de esta forma la solicitud del representante legal de la CAM designado por el FROB, Carlos Gómez-Jara, tras comprobar que los exresponsables de la entidad falsificaron la fecha de dichos acuerdos -que en realidad se firmaron en marzo de 2011- para evitar que los entonces socios de la CAM -Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura- pusieran reparos. Esta medida se suma la fianza de 25,8 millones fijada por el magistrado para los cinco exaltos cargos imputados en la pieza principal que instruye la Audiencia por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad, y también a la retirada de los pasaportes de la citada Amorós y de su antecesor en el cargo, Roberto López Abad, decretada el pasado mes de julio, tras tomarles declaración.
El juez señala en su auto que los propios directivos "reconocen" que los documentos se antedataron "y aunque sostienen que de ello no se derivó perjuicio para la entidad, no es éste el criterio mantenido por los peritos". Al respecto, apunta el magistrado, "no se vislumbra explicación lógica alguna para tal falsedad en la fecha (...) más allá que la intención de dar cobertura bajo el ejercicio contable de 2010 (cuando la caja declaró beneficios de 244 millones) a unos acuerdos que difícilmente hubieran pasado el filtro de la programada fusión".
Ante esta situación, Gómez Bermúdez dispone la "suspensión cautelar" de los acuerdos firmados por el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, y los exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, los días 22 y 25 de noviembre de 2010 -los correspondientes a los 11 miembros del comité de dirección de la caja- y los del 7 de diciembre, que establecen la renta de los propios López Abad y Amorós. El auto puede recurrirse.
A lo que no afecta la decisión del juez es a las indemnizaciones millonarias que también cobraron varios ejecutivos de la caja alicantina cuando se acogieron al plan de prejubilaciones puesto en marcha el año pasado.

Una prima de 58 millones
Fue en julio de 2007 cuando los máximos responsables de la CAM decidieron contratar una póliza de seguros que garantizase a sus cuadros directivos hasta el 60% de sus ingresos habituales una vez que alcanzaran la edad de jubilación, una práctica habitual en el sector financiero para incentivar la fidelidad de sus ejecutivos. Para ello se encargó un estudio a una prestigiosa consultora, Hay Group, y hasta el consejo de administración dio su correspondiente visto bueno.
Sin embargo, a la hora de materializar estos acuerdos los directivos decidieron saltarse a la torera las condiciones pactadas con el consejo y, además del salario fijo, incluyeron los incentivos y el resto de retribuciones variables para calcular sus futuras rentas vitalicias, según consta en el informe elaborado por la auditora PricewaterhouseCoopers (PWC) para el FROB. Entonces se pactó con la aseguradora Caser un cómodo calendario de seis años para pagar la correspondiente prima, de casi 58 millones de euros, que se prolongaba hasta el año 2013.
Todo cambió con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la llegada de la crisis, que obligó a la CAM a buscar una fusión con otra entidad para sobrevivir, lo que iba a limitar la libertad con la que hasta entonces actuaban López Abad y su equipo. La integración con Cajastur se anunció el 24 de mayo de 2010 y, apenas un mes después, los directivos de la caja alicantina decidieron pagar de golpe todas las cuotas de los tres años que quedaban por abonar. Los propios ejecutivos debieron darse cuenta de que la prima pagada era demasiado alta y decidieron cambiarla, excluyendo, ahora sí, las retribuciones variables para el cálculo de sus pensiones. La aseguradora tuvo que devolver 26,3 millones. A cambio, eso sí, en lugar de esperar a la media de sus últimos tres años de actividad para determinar el importe de la renta vitalicia, decidieron dejarla ya fijada de antemano para evitar que Cajastur pudiera modificarla.
Para entonces ya era marzo de 2011 y, en teoría, todo el negocio se había traspasado el Banco Base. Los directivos eludieron este pequeño inconveniente, según el FROB, datando en noviembre y diciembre de 2010 los nuevos acuerdos.

Amorós sólo podría cobrar si la justicia anula su despido
Más allá de la suspensión cautelar decretada ayer por el juez, la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, también necesitaría que los tribunales declarasen su despido improcedente para poder cobrar su correspondiente renta vitalicia, la más elevada de todas con 369.000 euros anuales. Los administradores designados por el FROB despidieron a Amorós por motivos disciplinarios en septiembre de 2011 y el juzgado de lo Social número 4 de Alicante les dio la razón al considerar que la ejecutiva falseó las cuentas de la caja. Amorós ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia.

Los afectados quieren que el dinero sirva para resarcirles
El portavoz de la PlataformaCAM, Carlos Pena, mostró ayer su satisfacción por la decisión del juez de suspender las pensiones millonarias de los directivos y reclamó que este dinero se utilice "para resarcir a los afectados" por la supuesta comercialización fraudulenta de las cuotas participativas por parte de la entidad. Igualmente, también se felicitó ante la apertura de una pieza separada para investigar la venta de esos productos financieros. Pena considera "más que probado" que se produjo una estafa ya que las cuotas se vendieron sobre la base "de unas cuentas falsas". Por su parte, el portavoz del sindicato mayoritario en el ahora Banco CAM, Manuel Navarro, reclamó "que se haga justicia" y que los exdirectivos de la entidad sólo cobren la pensión que les correspondería aplicando los mismos criterios que al resto de trabajadores de la entidad. Los representantes de la plantilla denunciaron en su día estas rentas vitalicias ante la Fiscalía al considerar que eran irregulares. Además, Navarro también recordó la oposición de su sindicato a la creación de las cuotas. Por último, el portavoz de la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM, Víctor Baeta, señaló que en estos momentos su prioridad es que el Sabadell continúe atendiendo a los afectados por la comercialización de las cuotas, más allá de lo que ocurra en los tribunales.

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