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En un auto publicado hoy, el juez Javier Gómez Bermúdez considera procedente suspender esos acuerdos, supuestamente de noviembre y diciembre de 2010, ya que los tres imputados han reconocido que fueron "antedatados", es decir, que se firmaron posteriormente a la fecha que figura en los documentos, en marzo de 2011.

"Aunque sostienen que de ello no se derivó perjuicio para la entidad, no es éste el criterio mantenido por los peritos, además de que no se vislumbra explicación lógica alguna para tal falsedad (...) más allá que la intención de dar cobertura bajo el ejercicio contable de 2010 a unos acuerdos que difícilmente hubieran pasado el filtro de la programada fusión" de la CAM con Banco Base, argumenta el juez.

Los acuerdos de 22 y 25 de noviembre (que afectaban al comité de dirección) y los del 7 de diciembre de 2010 (beneficiaban a López Abad y Amorós) permitían que la pensión complementaria que pagaba la CAM se calculara en base al último salario fijo devengado, en vez de con el salario medio de los tres años anteriores a la jubilación.

Según el informe pericial elaborado por PwC, esos acuerdos permitieron que la pensión complementaria de Amorós se calculara en función de los 593.040,02 euros de sueldo que tenía a finales de 2010, cuando se aprobó su nombramiento como directora general de la CAM, en vez de en función de los 383.911,82 euros que cobraba anteriormente.

Para el abogado designado por el FROB para la CAM, Carlos Gómez-Jara, esos acuerdos sirvieron a los miembros del comité de dirección para evitar que sus pensiones complementarias se determinaran "en relación a unas futuras retribuciones que sabían con base en su conocimiento de la situación real de la entidad que con toda seguridad iban a disminuir".

Los acuerdos de 22 y 25 de noviembre fueron firmados en representación de la CAM por López Abad, mientras que el de diciembre fue rubricado por Crespo con los dos beneficiados (Amorós y López Abad).

Gómez-Jara recuerda que los acuerdos jamás fueron elevados al consejo de administración para su aprobación, pese a que vulneraban las normas que había fijado ese órgano para el cálculo de la pensión complementaria.

Según las conclusiones alcanzadas por los peritos de la auditora PricewaterHouse los tres imputados firmaron en 2011 estos documentos pero les pusieron fecha de 2010 con la intención de modificar a su favor la indemnización prevista en su jubilación. No contaban además, con la aprobación del Consejo de Administración, que ya había establecido que el cálculo de esa prestación se haría en base a los tres años anteriores al de la jubilación. El objetivo de Amorós, López Abad y Crespo era "evitar que esas prestaciones se determinaran en base a unas futuras retribuciones que iban a disminuir a la vista de la situación real de la entidad" que ya estaba al borde de la quiebra.

Los acuerdos beneficiaron económicamente a los cinco imputados en la causa investigada por la Audiencia Nacional: los tres exdirectivos citados, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

Los cinco altos ejecutivos se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de la ex directora general de la entidad. ro exdirectivos de la entidad.

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