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Seis directivos cobraron por este concepto 11,3 millones en 2011 tras su marcha a través de la prejubilación. Según el informe pericial realizado por PwC, que analiza la Audiencia Nacional, no sólo inflaron los resultados y modificaron las condiciones, sino que sus últimas decisiones en materia retributiva las tomaron a espaldas de los órganos de gobierno.

Los exjefes de la caja predataron los acuerdos para garantizarse el cobro. De acuerdo con varios correos electrónicos que se enviaron la entonces directora general, María Dolores Amorós, su antecesor en el cargo, Roberto López Abad, y el director de Recursos Humanos, Vicente Soriano, entre otros.

El enviado por López Abad es claro. En las conclusiones de la comunicación, en las que explica que lo que tienen que hacer es un escrito que la caja acepta, sostiene que se puede incluir en acta, "siempre con fecha de diciembre de 2010". "El que no quiera que no lo haga, vamos a aplicarle el mismo cálculo y si quiere que reclame cuando cumpla 65 años", añade. Este correo data del 3 de marzo. En otra misiva, López Abad aconseja que la carta de comunicación "lleve la fecha de cuando yo estaba, que el beneficiario firma aceptando".

Procedimiento

Después de los pactos establecidos, Amorós informa el 13 de junio de 2011 a la Comisión de Retribuciones la adhesión a las prejubilaciones de López Abad y Agustín Llorca, director general adjunto de la entidad. En relación a este último, rememora los expuesto en la Comisión del 3 de febrero de ese mismo, en el que se dio cuenta de su prejubilación y la aprobación favorable para que se comunicara al Consejo de Administración con la correspondiente carta de garantía para poder percibir su indemnización. Llorca se llevó 1,8 millones netos de impuestos.

El informe pericial resalta que este documento está datado el 23 de febrero, por lo que discrepa con la información anterior. En el caso de López Abad, que recibió 3,8 millones, la carta está fechada el 31 de enero, que también se contradice con la celebración de la Comisión de Retribuciones.

En el Consejo de Administración del 30 de junio de 2011 se incorporó la carta de Llorca, quedando ratificada, pero no se elevó la de López Abad. El informe subraya que en dicha sesión uno de los consejeros, Armando Sala, preguntó por el importe percibido por López Abad. La directora general le contestó: "es lo que le corresponde con arreglo al ERE aprobado por la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo". Amorós no dio más detalles sobre este asunto.

De esta manera, el informe pericial concluye que estas dos prejubilaciones fueron predatadas para poder ser cobradas por sus beneficiarios y que la correspondiente a López Abad no fue autorizada por el Consejo de Administración.

Como publicó este periódico el pasado sábado, las indemnizaciones de la alta dirección fueron ajustadas, de acuerdo con los criterios de los miembros de la cúpula, en función de los resultados de la caja y para garantizarse un importe. Cambiaron objetivos de beneficios y cláusulas de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno.

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