Con la imposición de una fianza de 25,8 millones de euros a los cinco exdirectivos imputados de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) el caso sube cualitativa y cuantitativamente
El importe de la fianza no deja lugar a dudas de la gravedad del expediente en la consideración de la Audiencia Nacional. En la actualidad existen tres procesos en la Audiencia contra exdirectivos de entidades rescatadas. El de CAM, promovido por el Frob, que se hizo con la titularidad del grupo hace ahora un año, previo a su venta a Banco Sabadell. El de Bankia, a instancias de UPyD, que afecta a todos los consejeros que aprobaron la salida a bolsa. Y el de Novacaixagalicia, que también afecta a cuatro exdirectivos. La justicia debe ahora dilucidar si más allá del vago concepto de “alarma social” que en ocasiones se esgrime en este tipo de casos, realmente existen delitos por los que los imputados deban ser condenados.
Y también debe velar para que no se produzca un goteo de filtraciones en la prensa que genere un juicio paralelo, pues los imputados tienen derecho a la presunción de inocencia. El colapso de las cajas de ahorros es un asunto de suficiente importancia como para que el trabajo de la administración de justicia sea absolutamente pulcro y también discreto hasta la emisión de la sentencia. Los partidos políticos y el Banco de España tienen mucha responsabilidad en la crisis de las cajas, y existe la tentación de cargar las tintas únicamente contra los exdirectivos para salvar la cara.
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