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Era el final de una “huida hacia adelante” que venía de lejos, pero que en los últimos meses se tradujo en una ceguera absoluta ante los graves problemas de la institución financiera.

Unos problemas que José Antonio Iturriaga, uno de los tres administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para conducir el reflotamiento de la caja y la venta posterior al Banco Sabadell, resumió de manera muy cruda en la comisión de investigación creada por las Cortes Valencianas. “La CAM presentaba una debilidad económica y financiera muy significativa, que la situaba en un riesgo evidente de desestabilización y que la hacía inviable”, aseguró.

Modesto Crespo, expresidente del consejo de administración de la CAM, con su abogad camino de la Audiencia Nacional.

Nada que no hubiera advertido ya el Banco de España en un alarmante requerimiento a la entidad en diciembre de 2010. Y sin embargo, tanto el equipo directivo encabezado por María Dolores Amorós como el consejo de administración presidido por Modesto Crespo actuaron ajenos a la situación, aparentemente más preocupados, en una primera fase, por el peso que la CAM tendría en su fusión con otras tres entidades de ahorro y por quiénes formarían parte de los órganos de gobierno del Banco Base. O de no perder el control del consejo del Banco CAM, en una segunda fase, una vez descartada la fusión, cuando la viabilidad de la caja parecía depender de la inyección de fondos por parte del FROB. Así, al menos, lo reflejan las actas de los últimos consejos de administración de la CAM, a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

Amorós había sustituido en la dirección general a Roberto López Abad, auténtico hombre fuerte de la caja, con la idea de que este pasaría a jugar un papel determinante en el Banco Base, que la CAM intentó crear mediante un sistema institucional de protección (SIP) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. El SIP fracasó porque las otras tres entidades exigieron a la CAM una minoración de su peso accionarial en el futuro Banco Base, dado que ponían en cuestión las cifras sobre las que se había hecho el cálculo inicial. En otras palabras, sabían que la CAM estaba mucho peor de lo que decía.

Un crecimiento del crédito desbocado, del 300% entre 2002 y 2008, con una altísima concentración en el sector inmobiliario, “riesgo que siguió aumentando cuando ya se atisbaba la crisis”, según dijo Iturriaga; una dependencia excesiva de los mercados mayoristas, que se cerraron al llegar la crisis; una política de refinanciación de créditos (en algunos casos se renovaron hasta tres veces) sin evaluaciones de riesgo adecuadas y un deficiente sistema de control interno deterioraron los márgenes de la caja hasta hacerla insostenible. Pero sus responsables, hasta bien poco antes de su intervención, actuaron convencidos de que todo se arreglaría con la ayuda del FROB, cuya inyección de liquidez podía traducirse o no en una entrada en el capital del nuevo Banco CAM, algo que podía suponer o no, de hecho, una nacionalización.

Los socios del Banco Base sabían que la CAM estaba mucho peor de lo que decía

En el consejo del 27 de abril de 2011, en el que se aprobó el plan de recapitalización que a la postre acabaría rechazando el Banco de España, hubo un debate sobre la conveniencia de que las ayudas públicas que llegaran a la caja no vinieran solo del denominado FROB 3 sino también del FROB 1. La razón era clara. El FROB 3 consistía en la emisión de acciones ordinarias representativas del capital del Banco CAM, mientras que el FROB 1 consistía en la emisión de “participaciones preferentes convertibles”. La CAM reclamaba un total de 2.800 millones, de los que pretendía 1.031 millones del FROB 1 y 1.769 millones del FROB 3. Si tenemos en cuenta que se trataba de alcanzar un ratio del capital principal, como exigía el Banco de España, del 10%, cuando la caja alicantina no llegaba ni al 5%, lo que se buscaba evitar era que la entrada de capital público convirtiera al FROB en accionista mayoritario del Banco CAM y que los consejeros de la caja perdieran sus puestos en la cúpula de la nueva entidad.

La caja tuvo un crecimiento del crédito del 300% entre los ejercicios de 2002 y 2008

El tema no dejó de estar presente en los distintos consejos, mientras el Banco de España denegaba las pretensiones insistentes de la CAM. Unas pretensiones que en el consejo de 18 de julio de 2011 se tradujeron con crudeza en un escrito en el que 12 consejeros pedían explicaciones sobre el asunto antes de proponer casi un golpe de mano interno, al instar a la elección de las personas que habían de formar parte del consejo del nuevo Banco CAM y a la designación de una persona con “delegación de las más amplias facultades” para convocar una junta universal extraordinaria. En ese mismo consejo se dio cuenta de que el FROB había respondido de nuevo que no era posible que el apoyo financiero pudiera “suministrarse parcialmente mediante la suscripción de participaciones preferentes convertibles”. La directora general, en esa misma sesión, al informar de las pruebas de estrés a la banca europea, alegó que la CAM disponía de “2.384 millones de capital principal y 1.101 millones de provisiones además de los 2.800 millones de euros comprometidos por el FROB”. Y concluía: “Más de 6.000 millones que garantizan la solvencia de la CAM”.

Doce consejeros intentaron casi un golpe de mano en los estertores de la CAM

Era la cuenta de la lechera porque, en el siguiente consejo, de 21 de julio de 2012, la cúpula de la CAM supo que el Banco de España no opinaba lo mismo y optó por pedir la intervención. Al final, no sería el FROB, que sí que abrió una línea de apoyo de 3.000 millones para dar liquidez a la CAM, sino el sistema financiero español, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, el que se dejaría en la entidad alicantina más de 5.200 millones de euros, mediante una operación acordeón que redujo el capital de la caja en el Banco CAM a cero. El Banco Sabadell, tras una subasta, lo compró por el simbólico precio de un euro.

Una cúpula desmemoriada, cara y ociosa

SANTIAGO NAVARRO

La que fue cúpula de la CAM ha sufrido un inesperado vacío de memoria en coincidencia con su desfile ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez imputada por supuestos delitos societarios, estafa y alteración del precio de las cosas. Los cinco exdirectivos interrogados por el magistrado, encabezados por el tridente Modesto Crespo, expresidente del Consejo de administración, y los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, sólo recordaban con nitidez que cobraban, y muy bien, por los cargos. Pero la mente se les nubló a la hora de responder por qué y para qué estaban ahí.

Crespo fue el primero en cobrar por el cargo de presidente del consejo de administración en los más de 130 años de historia de la CAM. Un jugoso sueldo (300.000 euros anuales) y no por velar por la salud de la entidad, sino simplemente por figurar. Modesto Crespo, ultimo presidente de la CAM, no tuvo empacho en reconocer al magistrado que su papel en la caja era meramente representativo, como visitar al obispo o al expresidente Camps. El segundo nombre propio delata la clave que le aupó a la cúspide de la caja, su amistad con el exjefe del Consell Francisco Camps.

Crespo declaró que no cuestionó el sueldo y la pensión de la exdirectora general para no ser tildado de sexista. Y poco más. Se desvinculó de las operaciones inmobiliarias la entidad y dijo no saber nada de los créditos a bajo interés y, a veces, a tipo cero, que la caja dio a sus consejeros, y a él mismo.

¿Pero no era Modesto Crespo el que presidía el máximo órgano de la entidad? ¿No era este empresario de la automoción ilicitano a quien iban dirigidas las circulares del Banco de España para que recondujera el rumbo de la entidad? ¿No era el expresidente del Misteri d’Elx quien lideró en primera persona, junto al exdirector López Abad todas las operaciones (a la postre fallidas) para encontrar una pareja de fusión? Todas esas funciones ejecutivas, claramente delimitadas en el informe de los inspectores del Banco de España, han desaparecido de la memoria de Crespo, apenas un año después de que los interventores del FROB irrumpieran en su despacho y le conminaron a no volver a pisar la sede de la CAM.

La exdirectora general María Dolores Amorós, también eludió su responsabilidad en su comparecencia ante el juez. Dijo que no tomó ninguna decisión que pusiera en riesgo la solvencia de la entidad, se desentendió de las operaciones inmobiliarias y de la puesta en marcha de las cuotas preferentes. Y como colofón a su declaración de autoinocencia afirmó que toda su gestión estuvo supervisada, primero por el consejo del SIP y, más adelante, por los interventores del Banco de España.

Amorós no vaciló al admitir ante el juez que cuando llegó a la cima ejecutiva de la caja, luego de más de 20 años en la entidad, se subió el sueldo hasta los 590.000 euros y, además, logró una pensión vitalicia de 369.000 euros. La exjefa de la CAM se limitó a argumentar que semejantes sumas se las fijó la caja.

La imagen de Amorós ante el juez fue el revés del demoledor expediente de despido del FROB, en septiembre de 2011. La acusó de falsear los balances, con artificios contables para presentar ganancias en vez de pérdidas. Y no sólo en una ocasión, sino dos: la primera al SIP y la segunda con los interventores del FROB ya en la entidad. El Banco de España también considera que Amorós pactó su sueldo con Crespo, de espaldas al consejo de administración, y además que se adjudicó ilegalmente su pensión. Estos extremos ya han sido confirmados por una juez. La que confirmó que su fulminante despido fue legal y la dejó sin pensión y sin los diez millones de euros que reclamaba por supuesto lucro cesante.

El último en comparecer ante el juez, Roberto López Abad (exdirector general entre 2001 y 2010), se sumó a las tesis de Amorós y Crespo. López Abad sí recordó que se llevó 5,6 millones de prejubilación, pero dijo no saber nada de los fallidos proyectos urbanísticos en los que embarcó a la entidad. Y todo pese a que el informe del Banco de España cuestiona su inclusión en el ERE que se hizo en la CAM y le considera el cabecilla de la trama de las retribuciones de los directivos, así como el máximo responsable de las operaciones urbanísticas, a veces sin consultar con los órganos de la caja y antes incluso de la constitución de las empresas. Los dos primeros excargos en pasar por el despacho del juez fueron Vicente Soriano, ex director general de recursos, y Teófilo Sogorb, exdirector general de planificación. Ni uno ni otro, según declararon, tuvieron nada que ver con la orgía de despilfarro y desgobierno que llevó a la caja a echar el cierre. Sogorb, en cambio, no escapó a la tentación de echar las culpas a otros, y culpó a Amorós del diseño de las cuotas preferentes.

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