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M. A. RUIZ COLL / ALICANTE

Día 04/07/2012

El presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés, ha pedido a los administradores del FROB que encarguen un informe jurídico para determinar si los consejeros generales que posean cuotas participativas tienen derecho a votar en la asamblea del día 9 sobre el futuro de este producto financiero en el que invirtieron sus ahorros 54.000 clientes.

Los principales puntos que el FROB ha introducido en el orden del día de la convocatoria son la amortización de las cuotas participativas para reducir su valor a cero, así como la disolución de la antigua caja de ahorros para convertirla en una fundación especial, que será la encargada de dar continuidad a la labor de su Obra Social. Avilés remitió el lunes un escrito en el que solicita a los administradores del FROB que aclaren si los consejeros generales que poseen cuotas participativas -bien directamente, o a través de familiares o personas jurídicas- pueden incurrir en una situación de colisión de intereses si votan en la asamblea la propuesta sobre su amortización.

Imputados en la Audiencia

Pero además, el presidente de la comisión de control reclama un segundo dictamen jurídico para conocer las consecuencias legales que puede acarrear para todos los consejeros votar dicha decisión. Como ha informado este diario, el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha imputado al ex presidente de CAM, Modesto Crespo, y a cuatro ex directores de la caja, en la causa abierta por presunta estafa y delito societario, a raíz de las querellas que ha interpuesto el abogado Diego de Ramón en representación de más de 400 cuotapartícipes.

La propuesta que el FROB llevará a la asamblea del día 9 hace recaer ahora en los 180 consejeros generales de CAM la responsabilidad legal de reducir a cero la inversión efectuada por los 54.000 clientes que compraron las cuotas. Por este motivo, Juan Ramón Avilés quiere conocer si la responsabilidad penal puede incurrir sobre los consejeros generales que adopten la decisión, y si los acuerdos de la asamblea pueden quedar viciados de nulidad ante el posible conflicto de intereses de los consejeros que poseen cuotas. Con el fin de poder adoptar las decisiones legales oportunas, el presidente de la comisión de control pide además que el voto de este punto del orden del día se efectúe de forma nominal, con el fin de que queden identificados los consejeros que ejerzan el derecho al voto.

En este sentido, Avilés también solicita que los servicios jurídicos de la CAM dictaminen si siguen teniendo derecho al voto en la asamblea los consejeros generales elegidos en representación de los trabajadores de la caja de ahorros. Dado que la plantilla ya ha sido transferida en bloque -salvo los empleados que se acogieron al plan de jubilaciones- al Banco CAM, hoy propiedad del Banco de Sabadell y completamente desvinculado de la caja, Avilés cuestiona si deben seguir formando parte de la asamblea sus representantes. Todas estas cuestiones pueden alterar el quórum necesario para aprobar las propuestas del FROB en la asamblea.

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