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D. Navarro/ EP alicante/Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha citado a declarar en calidad de imputados a cinco antiguos responsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por presuntos delitos societarios, de estafa y de manipulación del precio de las cosas, según el auto dictado el pasado 28 de junio y que fue remitido ayer a las partes. Se trata del expresidente de la entidad, el empresario ilicitano Modesto Crespo; el exdirector general Roberto López Abad; su "número dos" y sucesora en el cargo, María Dolores Amorós; el exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb; y el exdirector de Recursos, Vicente Soriano.
El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que tomó posesión del cargo el pasado lunes, retoma así las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska a raíz de la denuncia presentada por el abogado murciano Diego de Ramón, que también representa a cerca de 500 afectados por la comercialización de participaciones preferentes y cuotas de la entidad. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.
La toma de declaraciones de los exresponsables de la CAM comenzará el próximo 10 de julio, justo un día después de la asamblea general convocada por el FROB que deberá decidir si la antigua caja de ahorros alicantina se transforma en una fundación de carácter especial para gestionar la Obra Social o si se liquida definitivamente, una vez que todo el negocio financiero se segregó y se adjudicó al Banco Sabadell. Ese día deberán comparecer ante el juez Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
El primero se acogió al proceso de prejubilaciones puesto en marcha en la CAM en febrero de 2011 con una indemnización de 1,7 millones de euros. Sogorb, por el contrario, fue uno de los miembros del anterior consejo de dirección de la entidad que más tiempo se mantuvo en el cargo tras la intervención del Banco de España hasta que finalmente el 9 de marzo fue despedido junto a otros ejecutivos de la anterior etapa.

El primer presidente que cobró
El 11 de julio deberá presentarse en Madrid Modesto Crespo, que fue el máximo responsable de la antigua caja de ahorros desde junio de 2009 hasta que fue destituido en julio del año pasado. Fue el primer presidente que quiso cobrar un sueldo por ocupar un cargo supuestamente honorífico y gratuito. Para ello se acordó que recibiera 300.000 euros anuales por presidir el consejo de administración de una participada, cantidad que recibió incluso con carácter retroactivo, según consta en el expediente sancionador abierto por el Banco de España contra 49 exdirectivos y consejeros de la caja, que ahora está paralizado a la espera de que se resuelva la causa penal.
Roberto López Abad declarará el día 12 de julio. Fue el primer ejecutivo de la CAM desde el año 2001 hasta su prejubilación, en junio de 2011, por la que recibió 5,6 millones. Además, al igual que todos los miembros de su equipo directivo, podría beneficiarse de una póliza que le garantizaría una pensión vitalicia equivalente al 60% de su retribución anual, que rondaba los 600.000 euros.
Según el Banco de España, con su llegada a la dirección general de la CAM se relajaron los controles sobre el riesgo crediticio, lo que fue una de las principales causas de la debacle de la entidad. El supervisor también le acusa de dirigir personalmente todo el entramado inmobiliario de la caja, que incluye inversiones y sociedades en paraísos fiscales y con el que financió numerosos "pelotazos" urbanísticos. En su comparecencia ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas se negó a responder a las preguntas de los diputados y aseguró que siempre había cumplido "con toda la normativa".

Falseamiento de cuentas
La última imputada en testificar, el 13 de julio, será la exdirectora general, María Dolores Amorós, la única que ya ha comparecido ante un tribunal por su gestión al frente de la CAM, aunque fue en el juicio por su despido en el que reclamaba una indemnización de 10 millones de euros a la entidad. La titular del juzgado de lo Social número 4 de Alicante consideró entonces como hechos probados que la ejecutiva falseó las cuentas de la entidad para dar beneficios en 2010 y en el primer trimestre de 2011, cuando en realidad la entidad estaba en quiebra y acabó el año pasado con más de 2.700 millones de pérdidas. La juez también dio la razón al FROB al considerar que se había otorgado una pensión vitalicia a espaldas de los órganos de gobierno de la caja de ahorros. Amorós ha recurrido el fallo. Como Crespo y López Abad, también está incluida en el expediente del Banco de España y se enfrenta a una posible multa de hasta 800.000 euros y a diez años de inhabilitación.
Además de los anteriores, Gómez Bermúdez ha citado a declarar, el próximo 16 de julio, a los peritos de la auditora PwC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la caja de ahorros y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores.
Este diario intentó contactar ayer con Modesto Crespo y Roberto López sin que éstos respondieran a sus llamadas. Por su parte, desde el Banco Sabadell -el nuevo propietario de Banco CAM- declinaron hacer comentarios y se limitaron a expresar su "respeto por los procedimientos judiciales".

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