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25.06.2012 Madrid / Santiago de Compostela Europa Press 8

 "Ocultando los importes tanto al consejo de administración como al Banco de España".

Según recoge la querella, la Fiscalía, tras practicar diligencias de investigación en las últimas semanas, considera que los hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito de administración desleal o, de modo alternativo, de un delito de apropiación indebida.

La querella ha sido formalizada contra el co-presidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, el exdirector general de la entidad José Luis Pego Alonso, el antiguo director de la división comercial Gregorio Gorriarán Laza, el exdirector general adjunto de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada y el director general adjunto ejecutivo Francisco Javier García de Paredes Moro.

Anticorrupción argumenta que todos ellos han actuado "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia, al disponer fraudulentamente de bienes de la misma, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones".

Además, la querella añade que los gestores de las cajas gallegas "no tenían derecho" a cobrar estas prejubilaciones, lo que se hizo "en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".

El Estado es propietario del 93% de la entidad tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la intervención, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros.

La fiscalía pide que devuelvan el dinero
Anticorrupción reclama a García de Paredes un total de 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.

El segundo en la lista es Pego, a quien se le reclama un total de 1,44 millones de euros. Entre ellos, una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España. Además, Anticorrupción reclama 913.602 euros a Gorriarán y 260.940 euros a Rodríguez Estadra. En las peticiones de devolución no aparece Gayoso, porque éste acordó devolver la mayor parte de su indemnización.

La Fiscalía recuerda que quedan pendientes de cuantificar las cantidades a regularizar por los planes de pensiones y que ascienden a 10,8 millones de euros a favor de Pego, a 8,1 millones de euros a favor de Rodríguez Estrada, a 9,2 millones de euros a favor de Gorriarán Laza y a 5,07 millones de euros reconocidos a favor de García de Paredes.

"Plan preconcebido
La querella relata cómo tras el acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova de 11 de mayo de 2010 y de la petición del primer apoyo financiero por parte del FROB, los directivos de Caixanova (Pego, Rodríguez y Gorriarán), idearon un "plan preconcebido" "para preparar su previsible y futura salida" de la entidad y, en este marco, acordaron mejorar sus contratos de alta dirección.

Estas mejoras las "ocultaron" al consejo de administración de Novacaixagalicia, para lo cual contaron con la necesaria cooperación del presidente de la entidad Julio Fernández Gayoso (procedente de Caixa Galicia), quien firmó los nuevos contratos a favor de los directivos el 20 de octubre de 2010, una modificación que no fue amparada por el consejo de administración de Caixanova celebrado dos días antes.

Además, en los nuevos contratos se introdujo un nuevo derecho de viudedad contratado con Caser, donde se hizo beneficiarios de los planes de pensiones, en caso del fallecimiento del alto directivo, al cónyuge e hijos. En el consejo de administración de Novacaixagalicia de 1 de diciembre de 2010 Gayoso se limitó a informar de la elevación de estos contratos sin entrar en el fondo del asunto.

De esta manera, los directivos de Caixanova consiguieron que la nueva entidad bancaria ratificara y se subrogara en las obligaciones -que en apariencia- habían sido previamente adquiridas" por la entidad que dirigían en materia de retribuciones de altos directivos. Además, Fernández Gayoso propuso al consejo el contrato del antiguo directivo de Caixa Galicia Javier García de Paredes en las mismas condiciones.

Para ejecutar el "plan concebido", el 15 de agosto de 2011, cuando ya se preveía la intervención de la entidad, un experto en derecho laboral plantea al consejo de administración el desestimiento de los directivos con motivo de la fusión entre las dos cajas gallegas y la entrada del FROB sin especificar la modificación contractual realizada.

El consejo de administración de Novacaixagalicia declara vigentes los contractos de alta dirección y decide dotar una provisión sin fijar la cuantía concreta para hacer frente la supuesta renuncia de los directivos. En septiembre de 2011, Fernández Gayoso aprobó y liquidó las prejubilaciones de Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes sin comunicarlo al Banco de España.

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