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Casi tres millones de euros al año se metían en los bolsillos los 12 miembros del consejo de administración de la CAM que hasta ahora han pasado por la comisión de investigación en Les Corts. Lo hacían por asistir a una reunión al mes del consejo de administración de la caja. Y poco más. Porque quienes tenían en sus manos el destino de la que fue la cuarta caja por volumen de activos, con un total de 75.000 millones de euros y más de 3,3 millones de clientes, se declaran ahora en su mayoría incompetentes para desarrollar la labor que se les suponía, controlar las inversiones que realizaba la entidad. No sólo eso, en una tónica generalizada de ‘sálvese quien pueda’, han comenzado a denunciar irregularidades en el funcionamiento del máximo órgano de gobierno, desde actas que incluían asuntos que no se habían tratado y que ocultaban otros, informes vitales sobre la gestión financiera que se escondían o se leían parcialmente...

Durante su paso por el máximo órgano de gobierno, administración y gestión financiera de la entidad, en los últimos años de vida de la caja, intervenida el pasado 22 de julio por el Banco de España, los responsables de la CAM abrieron un agujero de 17.000 millones de euros, potenciaron el crecimiento descontrolado de la entidad al amparo del ‘ladrillo’ con inversiones millonarias sin apenas garantías que les llevaron a comprar, en plena crisis y por 145 millones, la financiera mexicana Crédito Inmobiliario, que luego engulló otros 300; entrar en Polaris World, que desembocó en la quiebra de la promotora y la cancelación de la deuda con los bancos mediante la dación de los activos inmobiliarios, o la inversión en todo un símbolo del boom, las viviendas en Seseña del ‘Pocero’, Francisco Hernando, donde acumuló un riesgo inmobiliario de cien millones de euros. Tampoco descuidaron sus negocios, con créditos blandos, en condiciones muy favorables, por más de 160 millones. Hoy, en manos del Sabadell tras el visto bueno de Bruselas obtenido el miércoles, la caja encara su desaparición como entidad financiera y su conversión, al igual que su hermana valenciana, en fundación de carácter especial.

Los responsables de la caja alicantina que han comparecido en la Cámara –quedan cinco sesiones, pero la comisión se prolongará hasta el 30 de diciembre– se han exculpado de cualquier responsabilidad en la gestión y han arremetido contra los directivos. El expresidente Modesto Crespo abrió la caja de Pandora en la que muchos otros han entrado al asegurar que no tenía capacidad ejecutiva, sino meramente institucional, «porque no tenía conocimientos». Los propios estatutos de la entidad le capacitan incluso para conceder por razones de urgencia préstamos, créditos y avales al sector público y privado. Tras Crespo, el goteo del ‘no sabe, no contesta’ ha continuado con los exvicepresidentes Ángel Martínez, Benito Nemesio y Armando Sala, y los consejeros José Enrique Garrigós, Jesús Navarro, Juan Pacheco... «No sé ni leer un balance», «eran operaciones muy complejas», «sólo ratificábamos la propuesta que nos daban» son algunas de las excusas que pusieron.

¿Pero quién se sentaba en los sillones del máximo órgano de gobierno de la Caja, en sus comisiones de control y en los consejos de las sociedades participadas? Cobrando, eso sí, en cada una de estas reuniones hasta 4.400 euros, según los datos del informe del gobierno corporativo de la CAM –aunque algunos declararon ingresar menos–. Son, en su mayoría, empresarios con cierto prestigio en Valencia, Alicante y Murcia que han sabido acercarse al poder político y que, en algún caso, también han hecho sus pinitos como cargos públicos.

Hombres como Modesto Crespo, que escaló en poco tiempo desde su red de concesionarios de coches en Alicante hasta la cúspide empresarial de la provincia. De ahí a la cima financiera había un paso, y lo dio en junio de 2009 de la mano del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras arrinconar las aspiraciones de los zaplanistas por hacerse con el control de la caja. De su declaración, lo que más llamó la atención fue esta frase: «Yo no tenía capacidad ejecutiva porque no tenía conocimientos. Si no, no hubiera aceptado el puesto. Mi cargo como presidente comprendía principalmente la representación institucional de la caja». No disponía de conocimientos, pero eso no fue obstáculo para no aceptar la presidencia y, con ella, la sustanciosa retribución de 300.000 euros anuales. «Yo jamás he tenido sueldo. Solamente son dietas que corresponden a consejos de administración que se asiste».

Arremetió contra los responsables de la consultora KPMG que auditaba las cuentas de la caja, que habían admitido que la entidad «ocultó datos de titularizaciones» en sus balances. El expresidente les contestó así: «Si los auditores se dejaron engañar, mal nos va a todos». Pero nuevas deficiencias comenzaron a aflorar conforme avanzaban las sesiones.

El vicepresidente tercero, Armando Sala, cabeza visible de la constructora Edisala, aparejador de formación y apadrinado por Eduardo Zaplana, aseguró que las actas que se veían en el consejo «no eran rigurosas y no se ajustaban a la realidad». Intentó luego matizarlo, pero una cosa quedó clara, las actas no se daban a los consejeros. Y lo corroboraron otros miembros. El empresario Jesús Navarro, director general de Carmencita, fue uno de los más explícitos:«No nos las daban en papel para evitar filtraciones a la prensa. ¿Quién me dice que cuando me iba alguien no ponía o quitaba cosas de las actas?». De hecho, añadió que muchas de las cosas que se dijeron en el consejo «no se reflejan en el acta», y viceversa. Incluso llegó a fotografiar con su móvil la pantalla en la que se les mostraban los datos.

En el discurso generalizado de que nadie se enteraba de nada, Sala indicó que empezaron a sospechar que sucedía «algo extraño» ante la «fuga de directivos» en los meses previos a la intervención del Banco de España. «No podíamos pensar que la situación de la caja era tan extremadamente mala» como quedó patente en el consejo del 21 de julio de 2011, día previo a la intervención. «Para mí era la primera vez que el Banco de España se dirigía al consejo».

Ese día quedó grabado en la mente de los consejeros, no por el requerimiento del regulador en el que alertaba de las fuertes necesidades de la entidad, sino porque organizaron la comida de Navidad. «Si nos hubieran leído el requerimiento nos habría sentado a todos mal la comida», recordó Navarro.

El presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, sí se acordaba de que Amorós trasladó «de forma parcial y con eufemismos» el famoso requerimiento. Pero otra frase la eclipsó. Tras asegurar que realizaba una «supervisión prudencial» de la caja, espetó: «Cómo pretende que la comisión de control controle un banco o controle un SIP, si el Banco de España no puede hacerlo».

José Enrique Garrigós tampoco lo escuchó. «Estando yo en el consejo de administración, nadie nunca leyó una carta o requerimiento del Banco de España», dijo. Si alguno de los ponentes evidenció la falta de profesionalidad de los consejeros fue él. El empresario turronero, que está detrás de marcas como Jijonenca y que preside la Cámara de Comercio alicantina, aseguró que no sabía «ni leer un balance». No se sintió en absoluto fuera de lugar por ello, e ilustró a los parlamentarios sobre la preparación de otros compañeros entre los que, dijo, había «una cajera de supermercado o un sociólogo».

No fue el único tema que no se trató ante los consejeros. Susana Mestre, en representación de los impositores, aseguró que se enteró «por la prensa» de la ruptura de las negociaciones con Cajamurcia, «en el consejo de administración nunca se llegó a hablar de eso».

Conscientemente, para poder controlarlos mejor –como dejó caer Sala–, o de forma inconsciente, se incluyó a personas no cualificadas en el consejo, que en 2010 celebró 18 reuniones. Uno de los más sinceros a este respecto fue Juan Pacheco, aparejador del municipio de Alcantarilla y consejero también por la cuota de los impositores. Ya la forma de designación lo dice todo. Fue seleccionado en 2010 por sorteo entre tres millones y medio de clientes. «Cuando me eligieron les dije que yo no estaba preparado para este cargo, que no tenía los conocimientos suficientes en materia financiera, jurídica o contable. Me dijeron que no pasaba nada y que no me preocupara porque estaría asesorado». Jubilado en ese momento, Pacheco reconoció que sus méritos fueron: «Tener tiempo disponible y una cuenta en la CAM desde hace 50 años compartida con mi mujer desde que éramos novios».

Abundó en el tema Jesús Navarro, que se definió como especialista en marketing y comunicación. «Cuando veía un balance, el que más preguntaba era yo, por desconocimiento (...) ¿Cómo me iba a dar cuenta, como consejero raso, con los 1.000 euros al mes, de que había irregularidades? En el consejo de no se comunicaba nada». También fue muy gráfica Rosa Ana Perán, que pese a definirse como una auditora con «experiencia» –es hija de Juan Perán, dueño de la firma de calzado Pikolinos–, dijo que no es «una superwoman» y, por ello, fue incapaz de detectar en los balances irregularidades que, a su juicio, no habría podido ver ningún «profesional».

Similares excusas se escucharon por boca de los exvicepresidentes Martínez, Nemesio y Sala. Vinieron a decir que ellos simplemente analizaban las propuestas, que la decisión la tomaba el equipo directivo y como este decía que todo estaba bien, no tenían más que añadir. Ángel Martínez, exsecretario de Empleo y Economía del PP murciano y expresidente de la Cámara de Comercio de esa región, entró a formar parte del consejo en 2007 aupado por el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Aunque se le presuponían conocimientos –es diplomado en ADE por la Universidad de Murcia y en Contabilidad, Marketing Internacional y Recursos Humanos por una institución romana–, subrayó que su labor se limitaba a «analizar, dirigir y gestionar la obra social».

El abogado, presidente del Círculo Católico de Torrent y exconcejal del PP por este municipio valenciano, Benito Nemesio, accedió a la CAM por la cuota que le pertenece a esta institución, fundadora de la Caja de Ahorros de Torrent, que se integró en la entidad alicantina en 1990. Vinculado al consejo desde 2007, fue vicepresidente hasta la intervención. Sin embargo, no tenía poder de decisión, es más, reconoció igualmente no estar capacitado para valorar los informes que se ponían encima de la mesa. «Eran operaciones muy complejas y nosotros ratificábamos la propuesta que se daba», como también hicieron con las cuotas participativas, que el equipo directivo, dijo, vendió como «una cosa estupenda» y que contaba con el beneplácito del Banco de España. Más de 54.000 inversores están atrapados en este instrumento puesto en el mercado bursátil en julio de 2008 por 292 millones y que hoy no valen nada.

Las comparecencias sacaron a la luz antiguas rencillas, como las de Armando Sala con el exdirector general Roberto López Abad, quien en su turno se limitó a leer un comunicado y rehusó contestar preguntas. Sala, que en alguna ocasión definió su cargo como institucional, señaló a López Abad como la persona que controlaba hasta la designación de los consejeros generales que debían representar a los impositores. Así, apuntó, controlaba toda la entidad.

López Abad aupó a María Dolores Amorós a la dirección general en 2001 como adjunta. Para muchos ella llevaba las riendas del día a día, aunque en su intervención esta diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alicante, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED y ADE por el IESE de Navarra asegurara: «Nunca tuve nada que ver con la gestión de riesgos, la liquidez ni con la contabilidad de la caja».

Con 20 años, entró a trabajar en una sucursal de la caja en San Vicente del Raspeig. Entonces comenzó su ascenso hasta las oficinas centrales la CAM, de cuya dirección general se hizo cargo a finales de 2010 cuando su mentor se incorporó al fallido Banco Base que formó la alicantina con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, para acogerse después a una baja incentivada antes de la intervención.

En su breve paso por la dirección general le dio tiempo para asegurarse emolumentos de 590.000 euros y una pensión vitalicia de 369.000. «En modo alguno cerré con el presidente acuerdo alguno en beneficio propio», dijo.

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