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LAS REACCIONES

ROBERTO LÓPEZ ABAD EXDIRECTOR GENERAL DE CAM

«Nunca hemos tenido una exposición al sector inmobiliario mayor que el resto de cajas españolas»

«La emisión de cuotas estuvo atentamente supervisada por el Banco de España y la CNMV»

MARÍA DOLORES AMORÓS EXDIRECTORA GENERAL DE CAM

«El 21 de julio se recibió de forma sorpresiva escrito del BdE en el que no podíamos recapitalizar»

«De ningún modo cerré con el presidente de la CAM acuerdo alguno en beneficio propio»

Los exdirectores generales de Caja Mediterráneo (CAM) desde el año 2001 hasta su intervención el pasado mes de julio, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, negaron ayer cualquier responsabilidad en la situación actual de esta entidad, intervenida por el Banco de España el pasado 21 de julio. También siguieron esta estrategia la pasada semana, en mayor o menor grado, los tres exvicepresidentes: Angel Martínez, Armando Sala y Benito Nemesio. Así como Modesto Crespo en una comparecencia anterior.

Los dos altos exejecutivos comparecieron en la comisión de investigación de Les Corts sobre la intervención de la CAM, aunque López Abad se negó a responder porque su actuación en esta entidad está siendo objeto de un expediente por parte del Banco de España y porque se enfrenta a una «posible imputación ante la Audiencia Nacional», que admitió a trámite una denuncia de una plataforma de afectados por productos tóxicos como las cuotas participativas.

Los grupos de la oposición consideraron que su situación legal actual no le impide responder, motivo por el cual pidieron a los letrados de la Cámara que elaboren un informe sobre la conveniencia de dar cuenta de su actitud a la Fiscalía, petición que será votada el próximo lunes.

En su primera comparecencia pública desde que los administradores del Frob asumieron la gestión de la Caja, el exdirector general entre enero de 2001 y noviembre de 2010, Roberto López Abad, defendió la legalidad de todas las operaciones realizadas por esta entidad financiera. Aprovechó su turno de palabra para realizar una breve declaración y se puso a disposición de la Cámara para cuando los citados procesos sancionadores «estén cerrados» porque «no hay nada que me apetezca más -dijo- que aclarar algunas cuestiones».

Así, defendió que los movimientos de la Caja respondían a planes estratégicos a tres o cinco años, que se marcaban objetivos y fórmulas de seguimiento exhaustivas.

«Cumplió con la ley»

«La CAM contó con asesoramiento de primeras firmas nacionales en las operaciones que requerían especialización o informes, como la consultora KPMG, responsable los últimos 19 años de auditar las cuentas de la entidad y las empresas del grupo», afirmó. Explicó que la entidad que dirigió «cumplió escrupulosamente con la legislación aplicable» y que, igualmente, la emisión de cuotas participativas «se ajustó siempre a la legislación creada al efecto y estuvo atentamente supervisada por la CNMV y el Banco de España». Defendió que la CAM «nunca ha tenido una exposición al riesgo inmobiliario superior a la media de las cajas españolas».

López Abad también se refirió a las cuotas participativas y destacó que esta emisión en la CAM fue de carácter «pionero». «Se ajustó en todo momento a las exigencias impuestas por la normativa creada especialmente para este tipo de productos», aseguró.

Por su parte, a preguntas de los diputados, Amorós defendió que nunca se benefició de una mejora de sus condiciones laborales y aseguró que cuando llegó a la dirección de la CAM asumió «una renuncia y una rebaja» de las mismas. Según explicó, no tuvo competencias sobre las auditorías, la contabilidad o la información financiera de la entidad hasta que en 2010 fue nombrada directora general, a pesar de que formaba parte del consejo de dirección desde 1998.

«En modo alguno cerré con el presidente acuerdo alguno en beneficio propio», afirmó al ser preguntada por su retribución, que, aseguró, «quedó acordada por el consejo de administración» en noviembre de 2010 y era la misma que cobraba el anterior director general, y que estaba congelada desde 2008. Explicó que su pensión, que le permitía acceder a una jubilación cuya renta era de 369.000 euros, supuso «una rebaja» de unos derechos que tenía reconocidos desde 2007.

En otro momento y en respuesta a preguntas de los grupos parlamentarios, explicó que el Sistema Institucional de Protección (SIP) constituido por la CAM , Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria se rompió «por las consecuencias que los nuevos requerimientos de capital fijados por Banco Base imponía». A su juicio, «sostener que CAM manipuló y falseó resultados en una situación de permanente fiscalización externa y delegación de facultades a Banco Base resulta a todas luces inverosímil».

Durante su intervención, subrayó que ejerció la dirección de la caja con el objetivo principal de «desarrollar la estrategia de recapitalización», ya que era «la única vía posible para garantizar la pervivencia de CAM y de su obra social», resaltó. Así, indicó que se esforzó con toda su «capacidad» en conseguir el objetivo de «llevar a buen puerto la estrategia de recapitalización de la caja». Sin embargo, criticó que el 21 julio de 2011 «se recibió de forma sorpresiva un escrito del Banco de España comunicando por primera vez que no se daban los presupuestos para que CAM pudiera proceder a reforzar sus recursos propios».

Además, señaló que en ese escrito también se informaba de que la comisión ejecutiva del Banco de España había acordado dar un plazo de diez días para que el consejo de administración de la CAM presentara un plan de actuación que, en caso de no considerarse viable por parte del Banco de España, podía llevar a la intervención.

El consejo de administración, por su parte, acordó no agotar el plazo y «en un ejemplo de responsabilidad, siguiendo la recomendación verbal del Banco de España, pidió la entrada inmediata de los nuevos administradores con el fin no contribuir a desarticular la caja», destacó. Aunque, en su opinión, existían otras opciones antes de llegar al extremo de la intervención.

10.000 cuotas

Respecto a la sentencia que declaró procedente su despido y rechazó la petición de diez millones de euros que Amorós solicitaba por el mismo, la exdirectora general explicó que se encuentra recurrida «por forma y por fondo». Al respecto, indicó que es «contradictoria totalmente». Sobre las cuotas participativas, manifestó que la estrategia de colocación seguida fue la estrategia «al uso» que utilizaba cualquier entidad financiera, y que el consejo de administración acordó convocar una asamblea para su amortización, cuyo precio y circunstancias estaban «habladas de manera no formal» con el Banco de España y la CNMV. Y añadió que es titular de cerca de 10.000 de estas cuotas participativas. Preguntada por si cree que existen responsabilidades políticas de la situación de la CAM , eludió contestar. «No creo que sea mi papel», dijo. López Abad no fue el único en no contestar. El exmiembro del consejo de dirección de la CAM Daniel Gil (imputado por el juez que investiga las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU de Alicante relacionadas con el ´caso Brugal´) pero alegó el «derecho a no declarar».

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