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david navarro alicante Los exvicepresidentes de la CAM Ángel Martínez, Benito Nemesio y Armando Sala minimizaron ayer su responsabilidad en el hundimiento de la entidad y señalaron como principales responsables del descalabro a los directivos, a los que acusaron de ocultarles el estado real de la caja e incluso los requerimientos del Banco de España, al que también criticaron con dureza. Durante sus comparecencias ante la comisión de las Cortes Valencianas que investiga lo ocurrido en la CAM, todos ellos vinieron a decir que su labor en el consejo de administración consistía en poco más que ratificar las decisiones adoptadas por el comité de dirección y las comisiones especializadas formadas exclusivamente por ejecutivos, y en decidir la distribución de los fondos de la Obra Social.

Eso sí, a ninguno de ellos le pareció extraño percibir por esta tarea entre 40.000 y 100.000 euros anuales de dietas a través de las sociedades participadas por la caja. Sobre este asunto, el valenciano Nemesio aseguró desconocer que las citadas remuneraciones contravenían lo establecido en los estatutos de la caja, mientras que Sala defendió la existencia de un informe jurídico que avalaba su pago. Mención aparte merecen los 300.000 euros que cobraba el expresidente Modesto Crespo por presidir otra filial, Tinser Cartera: ni Ángel Martínez ni Armando Sala recordaron que la citada cantidad se hubiera aprobado en ninguna reunión del consejo de administración, dando a entender que el acta que recoge este acuerdo fue alterada.

Como era de esperar, el más contundente en sus afirmaciones fue el vicepresidente alicantino, que durante años mantuvo un enfrentamiento público con el exdirector general Roberto López Abad, como él mismo admitió en su exposición inicial en el parlamento autonómico. Sala comparó el modelo "presidencialista" de Bancaja con el de CAM "que siempre ha estado regida por los directivos" e incluso dejó caer que el citado López Abad controlaba hasta la designación de los consejeros generales que debían representar a los impositores para así controlar toda la entidad.

El también promotor señaló que, por la información que les proporcionaban los ejecutivos de la entidad, nunca pensaron que "la situación de la caja era tan extremadamente mala" hasta que el día 21 de julio del año pasado les llegó el ultimátum del Banco de España en el que les daba 10 días para presentar un nuevo plan de viabilidad tras haber rechazado los tres que la CAM le había remitido desde la ruptura de la fusión con Cajastur en marzo de 2011.

"Para mí era la primera vez que el Banco de España se dirigía al consejo", aseguró Armando Sala frente a lo que sostienen las actas de la entidad y en concreto la de la reunión del 21 de diciembre de 2010 en la que supuestamente se dio lectura del requerimiento del supervisor que obligó a reclasificar miles de créditos y provocó la disolución del SIP. Según afirmó, dicha acta "no se ajusta a la realidad de lo ocurrido". Igualmente, recordó que sólo seis días antes de la intervención el Banco de España había asegurado que ninguna entidad española necesitaba inyecciones adicionales de capital tras divulgar el resultado de la pruebas de estrés a la banca europea.

Ante la incredulidad de los diputados de la oposición, Sala acabó admitiendo que los consejeros ya veían "algo extraño" ante la "fuga de directivos" que se produjo en los meses previos a la intervención con la prejubilación del exdirector general Roberto López Abad y otros cuatro ejecutivos del máximo escalafón.

Por la mañana, el exvicepresidente primero de la entidad, Ángel Martínez, ya había dejado claro que quienes tomaban casi todas las decisiones eran, en realidad, los ejecutivos de la caja y que los consejeros se limitaban a "analizar los temas que le planteaba el comité de dirección", que siempre "llegaban con informes favorables" de los técnicos. De hecho, a su juicio su tarea más importante era la de dirigir y gestionar la Obra Social.

Martínez aseguró, en esta misma línea, que en la información que les facilitaba el director general la caja "siempre cumplía cada uno de los ratios establecidos por el Banco de España" y que las auditorías de KPMG tampoco mostraron ninguna salvedad.

Preguntado por las inversiones más polémicas, como las de Polaris World o la del grupo Valfensal, el empresario murciano volvió a echar balones fuera y señaló que en materia de inversiones López Abad y el presidente, Modesto Crespo, tenían "poderes delegados". Tanto es así, que Martínez aseguró desconocer la existencia de la polémica sociedad que mantiene la CAM con Juan Ferri y que la semana pasada ocupó tantas páginas en la prensa.

Cuotas participativas
El exvicepresidente primero también se refirió a la emisión de cuotas participativas por parte de la entidad y señaló que los directivos les dijeron que la operación contaba con el visto bueno e incluso el impulso del Banco de España, frente a lo que aseguraron los administradores del FROB en su comparecencia. También les aseguraron que la amortización de los títulos contaba con las bendiciones del supervisor.

Por su parte, el vicepresidente segundo, Benito Nemesio, incidió en que todas las operaciones que llegaban al consejo de administración lo hacían "con todas las bendiciones" de los comités técnicos y que por eso las aprobaban con "toda la tranquilidad del mundo". Es más, Nemesio, abogado de profesión, admitió que "carecía de los conocimientos necesarios para cuestionar las operaciones" que se les presentaban.

No obstante, Nemesio se mostró convencido de que los cambios normativos también jugaron un importante papel en la debacle de la CAM. El valenciano sostuvo que si el decreto que obligaba a elevar hasta el 10% el capital básico de las cajas de ahorros se hubiera aprobado "dos meses después (tras la aprobación de la fusión por parte de las asambleas de Cajastur, Extremadura y Cantabria), posiblemente no estaríamos aquí".

Las explicaciones de los vicepresidentes de la CAM y su elusión de cualquier responsabilidad llegaron a exasperar a los diputados. Así la representante de Compromís, Mireia Mollà, le dijo a Ángel Martínez que "para decir ´sí, buana´ y simplemente dar el visto bueno a lo que le ponían delante, no hacía falta un consejo de administración". También el portavoz socialista, Ángel Luna, denunció en varias ocasiones que los consejeros de la caja parecían "más preocupados por ver quién se sentaba en cada consejo" que en afrontar los problemas de la entidad. Igualmente, el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró mostró su "incredulidad" ante el desconocimiento de las ruinosas inversiones de la CAM que aseguraron tener Martínez, Nemesio y Sala.

Por su parte, el representante del PP, David Serra, insistió en su estrategia de las comparecencias anteriores y preguntó a todos los comparecientes si habían tenido presiones políticas y si los créditos a la Generalitat habían influido en el hundimiento de CAM. Los tres exvicepresidentes de la entidad negaron con rotundidad tanto una cosa como la otra. La semana pasad el expresidente Modesto Crespo también responsabilizó a los directivos de la debacle de la caja.

Forner niega que se falsearan las actas del consejo
Frente a las más que insinuaciones de los vicepresidentes Ángel Martínez y Armando Sala, el exsecretario del consejo de administración de la CAM y presidente de la comisión de retribuciones, José Forner, negó rotundamente que se hubiera falsificado ninguna de las actas de este órgano de gobierno. Por la mañana, Martínez y Sala dijeron que nunca "escucharon" que se aprobara un suelo de 300.000 euros para el expresidente Modesto Crespo por representar la entidad en la participada Tinser, como recoge el acta de noviembre de 2009. Sala también negó que el 21 de diciembre de 2010 se leyera textualmente el primer requerimiento del Banco de España, como igualmente consta en el acta de ese día, ambas firmadas por Forner y Crespo. Asimismo, el también exdirector general de Ràdio Televisió Valenciana señaló los riesgos de la Generalitat con la caja eran del 1,4 por ciento. "No creo que tenga nada que ver con la situación a la que ha llegado la CAM", añadió. José Forner dijo igualmente que "nunca" ha tenido "injerencias políticas", aseguró que votó a favor de la emisión de cuotas participativas ante los rumores de que se produciría la privatización de las cajas. Forner, que comenzó su intervención recordando su currículum, pidió el amparo de la cámara por si sus declaraciones pueden utilizarse en su contra ante el expediente abierto por parte del Banco de España. Él y otros 46 consejeros y directivos de la entidad están incluido en dicho expediente, que podría suponerles multas de hasta 800.000 euros. ep valencia

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