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BFA, la matriz de Bankia, se ha convertido en la octava entidad en la que ha tenido que intervenir el Gobierno desde el inicio de la crisis con la propuesta por su consejo de administración de entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en su capital.
Miércoles, 9 de Mayo de 2012 - 21:49 h.
Este largo proceso se inició el 29 de marzo de 2009, cuando Caja Castilla La Mancha (CCM) se convirtió en la primera intervención del Estado en el sector financiero desde Banesto en 1993, al caer por su elevada exposición al "ladrillo" y la alta morosidad.
El Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas inyectó 2.475 millones de euros de capital y 596 millones de euros para créditos fallidos, así como una inyección de 3.000 millones de euros. Posteriormente, la entidad fue absorbida por Cajastur.
En el momento de la caída de CCM aún no existía el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya constitución sería aprobada por el Parlamento el 8 de junio de 2009 para respaldar los procesos de integración voluntario entre las entidades financieras.
El 21 de mayo de 2010, el Banco de España tuvo que volver intervenir ante la situación al borde de la bancarrota de Cajasur, la caja cordobesa controlada por la Iglesia, que tras rechazar su fusión con Unicaja se quedaba en una situación inviable.
El ya constituido fondo de rescate inyectó 800 millones a la caja andaluza y posteriormente BBK recibió una ayuda de 392 millones de euros para quedarse con la entidad.
LA CAM.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se convirtió en julio de 2011 en la tercera caja intervenida por el Estado, con una inyección de 2.800 millones de capital y 3.000 millones más de liquidez. En septiembre, el Banco de España se vio incluso obligado a despedir de forma fulminante a la directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós, por falsear las cuentas.
En la subasta de la entidad, el Banco Sabadell quedó como único postor y absorbió la CAM en diciembre de 2011 con unas ayudas iniciales de 5.259 millones de euros, además de una protección por las pérdidas no cubiertas que puede ascender a 1.200 millones de euros.
Además, CatalunyaCaixa pasó a manos del FROB el 30 de septiembre de 2011 al hacerse el fondo de rescate con el 90% de su capital al inyectar 1.719 millones de euros y actualmente se encuentra en proceso de subasta.
Igualmente, Unnim requirió la intervención del FROB, que adquirió el 100% de la entidad catalana fruto de la fusión de las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu. La entidad fue adjudicada en marzo de este año a BBVA por el precio simbólico de un euro y con ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones del sector bancario, por importe de 953 millones de euros.
En septiembre también, el FROB se hizo con el 93% del capital de Novacaixagalicia, al que inyectó 2.465 millones de euros. Esta entidad se plantea actualmente dos posibles salidas: la subasta o el concurso público para parte del capital de la entidad, con el fin de dar entrada a varios fondos de inversión anglosajones con los que ha negociado. Esta última es la opción por la que apuesta Novagalicia, que necesita, para ello, que se le conceda un esquema de protección de activos (EPA), puesto que lo exigen los potenciales inversores.
La penúltima intervención por parte del Banco de España tuvo lugar a finales de noviembre del año pasado, cuando el organismo dirigido por Miguel Angel Fernández Ordóñez decidió destinar 3.000 millones de euros de dinero público a sanear Banco de Valencia, 1.000 millones para fortalecer su capital y 2.000 millones de línea de crédito para asegurar su liquidez.
El peso del Banco de Valencia, que estaba controlada por Bancaja, en el sistema bancario español era del 0,74% del total de los activos, según los datos que maneja el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
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