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La insostenible situación de su cuenta de resultados hizo que Caja Mediterráneo (CAM) encontrara su tabla de salvación en el protocolo firmado en 2010 para constituir un Sistema Integral de Protección (SIP) junto con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Una operación que acabaría saltando por los aires en abril del año pasado, cuando, a raíz de las inspecciones realizadas por el Banco de España, afloró la situación contable real de la caja de ahorros alicantina.

Los últimos meses de 2010 fueron de una actividad frenética en la sede central de CAM. No sólo por los preparativos de la «fusión fría», que obligaban a armonizar la estructura de las cuatro cajas asociadas, sino también porque el equipo directivo de la entidad financiera alicantina consolidó sus privilegios —garantizándose pensiones vitalicias y la posibilidad de acogerse al ERE en condiciones más ventajosas que el resto de la plantilla— antes de que CAM perdiera su autonomía.

Además de ello, en sus últimas sesiones, el consejo de administración de la caja aprobó la concesión de nuevos créditos a su presidente, modesto Crespo, y a su entonces director general, Roberto López Abad, quien en diciembre de 2010 abandonaría el cargo para incorporarse al consejo del Banco Base, constituido junto a Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

500 millones en bonos

El consejo de administración de CAM aprobó el 21 de diciembre de 2010 refinanciar un préstamo de 5 millones de euros otorgado meses atrás a Automóviles Crespo, la empresa del propio presidente. En concreto, se acordó ampliar el plazo de amortización de esta operación destinado a la compra de 41 vehículos.

Dos meses antes, el 28 de octubre de 2010, el consejo de administración también había aprobado la concesión de otro préstamo de 400.000 euros al entonces director general, Roberto López Abad, para la compra de una vivienda. Este crédito se autorizó con un plazo de devolución de 60 meses, con las condiciones ventajosas establecidas para los empleados de la caja y utilizando como aval la participación de López Abad en el plan de pensiones de la entidad.

También en los meses previos a la firma del SIP —cuya ruptura precipitaría la intervención de la CAM por el Banco de España—, la caja alicantina aprobó otras importantes operaciones de crédito e inversión a distintas instituciones, según los datos a los que ha tenido acceso ABC.

El mismo consejo de administración del 28 de octubre de 2010 que aprobó el crédito a López Abad, acordó la compra de bonos del Consell por un importe total de 500 millones de euros, con una «comisión de aseguramiento» de 25,2 millones. El plazo de vencimiento de dicha emisión concluye pasado mañana.

También en el plazo institucional, ya en el mes de enero de 2011, el consejo presidido por Modesto Crespo aprobó otro crédito de 50 millones de euros al gobierno de la Región de Murcia. El proyecto Parque Príncipe Murcia recibió, además, otra inyección económica de la CAM de 27 millones de euros.

Y en la última sesión del año 2010 —cuando María Dolores Amorós asumió la dirección general en sustitución de López Abad—, el consejo de administración aprobó un crédito de 200 millones de euros para Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), el grupo matriz que gestiona todas sus inversiones industriales.

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