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JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA 
José Antonio Iturriaga, uno de los administradores Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que el Banco de España envió a la CAM tras intervenirla en julio de 2011, desgranó ayer en la comisión de investigación de las Corts un demoledor relato de quiénes y cómo, en tan solo diez años, hundieron una de las joyas financieras de la C. Valenciana, que se resumiría así: Ausencia de controles internos, nulos criterios de negocio y unos administradores únicamente preocupados por sus retribuciones y que, designados por los partidos o directamente, políticos, carecían de preparación para gestionar la entidad. "¿Y cuándo, parafraseando a Vargas Llosa, se jodió el Perú?" ¿Cuándo empezó la deriva?", le preguntó el diputado socialista Ángel Luna. Iturriaga no lo dudó: "La deriva empieza con el cambio en la dirección, en los años 2000-2001, con una manera de gestionar diferente y un proceso de crecimiento muy intenso entre los años 2002 y hasta 2005", que incluyó "una mayor agresividad y posicionamiento en áreas como la inmobiliaria". 
El administrador no lo dijo pero su alusión se refería a la salida de la CAM, forzado por el expresidente Eduardo Zaplana, del exdirector general Juan Antonio Gisbert y su sustitución, en febrero de 2001, por Roberto López Abad. Iturriaga, quien abrió la fase de comparecencias ante la comisión, era uno de los tres administradores del FROB que debía intervenir ayer pero los diputados prefirieron ampliar su sesión (que se prolongó 4 horas), y que hablara por los tres.
El enviado del Banco de España, que señaló como "principales responsables" al "consejo de administración y los altos ejecutivos" de la entidad, explicó gráficamente que cuando llegaron la entidad padecía un "politraumatismo" debido a factores como el "elevado crecimiento del crédito, más de un 300% de 2002 a 2008, con una significativa exposición al sector inmobiliario, que siguió aumentando después, cuando ya se atisbaba la crisis". Así, la financiación otorgada "a las empresas industriales", fuera del ladrillo, "no alcanzaba los 1.000 millones, frente a una inversión total de 53.000 en activos crediticios". Añadió la "ausencia de criterios sólidos" en la concesión de préstamos, sin evaluación de los riesgos. "Fue una huida hacia adelante", diagnosticó. Además, citó el "deficiente control interno" en las inversiones estratégicas, que se aprobaban sin tener en cuenta la capacidad de devolución. 
Por último, la politización de las cajas, derivada de la composición de los órganos de dirección basada en la representación por cuotas (entre ellas, las de la Generalitat y los ayuntamientos, que tras la reforma legal de Zaplana en 1997 aseguraron al PP el control), que abrió la puerta de los consejos a personas que no tenían "capacidad" para gestionar un negocio "complejo", que no es "fácilmente entendible" por quien no tenía "conocimiento", al ser "ajeno al mundo financiero". En los consejos estaba "el alcalde de no sé donde o el señor diputado; si se leen las actas, el debate es nulo".
Mireia Mollà (Compromís) y Lluís Torró (EU) incidieron en las cuotas participativas, pero ahí Iturriaga dio nulas esperanzas de que los miles de inversores recuperen sus ahorros. Estas cuotas son un producto "análogo a las acciones" y han perdido "la totalidad de su valor". Ni el Banco de Sabadell, que ha comprado por un euro del Banco CAM, lo puede asumir, ya que es un instrumento "reservado" para las cajas, ni cabe echar mano de la Obra Social. La CAM fue la única caja que lo utilizó, dijo, y lo hizo para financiar proyectos en Latinoamérica, en referencia a la compra de Crédito Inmobiliario de México. Aunque eludió juzgar el papel del Banco de España, sí admitió que éste incitó a la CAM a poner en marcha este producto, al exigirle capitalización para autorizar su expansión exterior.
A instancia de David Serra (PP), aclaró que el riesgo de la CAM con la Generalitat al asumir el 10% de su deuda es proporcionado a la cuota de mercado, el 14% de los depósitos. También aseguró que Terra Mítica "no ha hundido la CAM", si bien la entidad ha tenido unas pérdidas de 70 millones en un proyecto en el que ahora "intenta desinvertir".
Denunciarán las prejubilaciones de oro

El FROB presentará "en próximas fechas" dos demandas ante los tribunales contra los exresponsables de la CAM por las prejubilaciones de oro y las ventajas para mejorar la paga de la Seguridad Social, según anunció ayer el administrador del Banco de España en la CAM, José Antonio Iturriaga. En el caso de las prejubilaciones, indicó que, "aprovechando el ERE" en la entidad, los directivos se aprobaron unas condiciones "muy mejoradas respecto al conjunto del personal". También censuró que los miembros del comité de dirección se garantizaron "una jubilación adicional a la Seguridad Social", unas medidas respecto a las que "formularán acciones legales". El FROB intentará recuperar el dinero en los tribunales.
Iturriaga recalcó que tanto las prejubilaciones como las pagas de beneficios y el otorgamiento de beneficios adicionales para la jubilación fueron tratados por la Comisión de Retribuciones "pensando únicamente en los directivos y no en los intereses de la caja". El administrador llegó a decir que, si se leen las actas, "en la Comisión de Retribuciones sólo se hablaba de los sueldos de los directivos".
Explicó que el SIP que estuvo en negociación para fusionarse con otras cajas fracasó porque éstas no se fiaban -la CAM presentaba en marzo de 2011 un resultado 40 millones, 80 en junio, y la auditoría a finales de julio destapó un agujero de 1.308 millones-, pero, de haber culminado, el peso de los problemas de la CAM habría "arrastrado" al resto de cajas.

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