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29/04/2012 EFE

Madrid, 29 abr (EFECOM).- En el mes de noviembre, Grande-Marlaska admitió a trámite una querella contra la ex directora general de la CAM María Dolores Amorós y otros gestores de la caja por delito societario, estafa y falsedad documental.

Sin embargo, la toma de posesión del juez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado vacante el Juzgado de Instrucción número 3, encargado del caso.

El juez Eloy Velasco ha asumido la tramitación de la causa mientras se nombra un nuevo titular para el juzgado, pero, según indicaron a Efe fuentes jurídicas, de momento no se están practicando diligencias.

Estas mismas fuentes explicaron que la Fiscalía Anticorrupción está a la espera del nombramiento del nuevo titular para solicitar las diligencias, porque "no sería eficiente" que el juez Velasco escuchara a los acusados si finalmente es otro magistrado el encargado de fallar la causa.

Además, Anticorrupción también está pendiente de que los inspectores del Banco de España terminen su investigación sobre la gestión de los ex directivos de la CAM, en el marco del expediente abierto a 48 de ellos.

Una vez terminada esa investigación, el Banco de España elaborará un pliego de cargos, en el que se incluirán todos los hechos relevantes para el caso y las personas responsables de ellos.

Este informe, que se espera "en un tiempo muy breve", servirá de base a la argumentación de Anticorrupción en la querella contra los antiguos gestores de la CAM.

La querella fue presentada inicialmente por el abogado Diego de Ramón, pero después se han unido los afectados por la pérdida de valor de las participaciones preferentes y cuotas participativas de la caja.

Además, recientemente han solicitado su personación los actuales gestores de la caja, que representan al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una petición que todavía está pendiente de ser admitida a trámite.

El Banco de España decidió sustituir a los gestores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo el pasado 22 de julio, en la que fue su tercera intervención de una caja desde el inicio de la crisis.

Tres semanas después de la intervención, los administradores elegidos por el FROB para gestionar la entidad destituyeron a la que fue hasta el momento de la intervención su directora general.

Desde entonces se han multiplicado los procesos judiciales y los expedientes en torno a las actuaciones de los antiguos gestores de la caja.

Por una parte, Amorós presentó una demanda por despido improcedente, que fue desestimada porque el juzgado consideró "muy reprochable" la conducta de la ex directora general al asignarse una jubilación de 369.000 euros.

Además, Anticorrupción decidió iniciar una investigación para determinar si la conducta de Amorós podía ser constitutiva de delito, aunque este procedimiento está pendiente de ser incorporado a la causa más amplia que está pendiente en la Audiencia Nacional. EFECOM

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