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Los cargos que han declinado asistir se pueden enfrentar a un delito de desobediencia tipificado en el artículo 502 del Código Penal
Un informe de los servicios jurídicos de Les Corts Valencianes avala que ante la comisión de investigación parlamentaria de la CAM se «puede estimar necesaria la información de cargos públicos o funcionarios ajenos a la Generalitat, cuyo requerimiento se enmarca dentro de la necesaria cooperación en un Estado compuesto». Esta es la conclusión a la que llega el letrado del Parlamento valenciano después de que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez (MAFO), y otros cargos directivos de la entidad remitieran un escrito al Parlamento valenciano apuntando que no comparecerían ante el órgano que investiga la gestión en la caja alicantina.
Como adelantó LAS PROVINCIAS, los cargos del Banco de España llamados a comparecer remitieron un escrito al presidente de Les Corts, Juan Cotino, en el que le informaban que su responsabilidad era sólo dar cuenta ante las Cortes Generales. El Parlamento valenciano piensa agotar todas las posibilidades para que MAFO comparezca en la Cámara. Incluso se ha pensado en acudir a la Fiscalía atendiendo al artículo 502 del Código Penal que regula la comparecencia ante comisiones de investigación. El artículo recoge la sanción de inhabilitación por un delito de desobediencia para quien no comparezca independientemente de su cargo.
Llamamiento legal
El informe de los servicios jurídicos de la Cámara apunta que el ejercicio de la labor de control de la institución «puede hacer necesario recabar la presencia de sujetos distintos de los controlados... En el precepto del Código Penal no existe delimitación de personas que por su condición de cargo público o no queden al margen de su aplicación, siempre que ese llamamiento se realice de forma legal y bajo apercibimiento».
Entre los argumentos que esgrimió Fernández Ordoñez para no comparecer ante Les Corts (de hecho el primer día se ha tenido que aplazar por falta de miembros) estaba que los órganos estatales, como el Banco de España, sólo tienen que someterse al control de las Cortes Generales.
Las conclusiones del informe jurídico en su apartado cuarto señala: «El requerimiento de autoridades, agentes o funcionarios, que no pertenecen a la Generalitat no comporta que su presencia tenga por objeto efectuar un control sobre los mismos. El objeto de las comisiones de investigación no pueden exceder del ámbito competencial que le corresponde a la Generalitat».
Los grupos parlamentarios aprobaron un listado de comparecientes que casi llegaba a las ochenta personas. Además de MAFO, han sido otros cargos como el exgobernador del Banco de España y algunos del FROB los que han imitado la misma plantilla para remitir a Les Corts Valencianes un escrito con el objetivo de no comparecer.
El presidente de la comisión de investigación, Rafael Maluenda, señaló el martes que trabajará para que Miguel Ángel Fernández Ordoñez comparezca en el Parlamento regional. Ahora, apoyado por el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, mantiene su posición todavía más firme: «No me voy a quedar de brazos cruzados, no voy a consentir ningún desaire y le he dado traslado del informe a los portavoces y miembros de la Mesa de la comisión. La semana próxima adoptaremos una decisión para aprobar un nuevo requerimiento con apercibimiento».
El siguiente paso, según el artículo 53 del Reglamento de Les Corts, sería poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación para que se aplique el Código Penal. Les Corts está empeñada en que comparezca Fernández Ordoñez. |
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