Bruselas advierte que la solución diseñada por el Gobierno y la banca para reestructurar el sistema financiero, que pasa por cargar la factura al FGD, se considerará como "ayuda pública" -aunque los recursos los ponga el sector-. Su advertencia coincide con el recelo surgido en Bruselas sobre si el voto de calidad del Gobierno en el FGD debe considerarse abiertamente ayuda de Estado
Juande Portillo - Madrid - 24/04/2012 - 07:00
El dinero del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), como el del FROB, que no es estrictamente dinero presupuestario, tiene la consideración de ayuda de Estado, en la medida en que está sujeto a una regulación y a unas decisiones donde interviene la autoridad pública", sentenció ayer el comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia. Sus palabras suponen un jarro de agua fría para el Gobierno y la banca de España. Ambas partes llevan semanas negociando un modelo de reestructuración del sector que no incremente el déficit público ni suma en pérdidas a las entidades. La solución dibujada, utilizar los recursos del FGD, parecía cumplir con ambos requisitos. Incluso el mayor fleco pendiente, el hecho de que apenas quede dinero en el fondo, parecía poder solventarse con una suerte de autopréstamo del sector o la emisión de títulos. Aunque el modelo no ha sido rechazado, Almunia dejó claro ayer que Bruselas tendrá algo que decir. La última palabra, concretamente.
La decisión que tome la Unión Europea no solo afecta a los procesos pendientes, las inminentes subastas de las intervenidas Catalunya Caixa, Banco de Valencia y -en caso de que no consiga inversores- Novagalicia. La postura que tome Bruselas podría afectar también a operaciones pasadas.
"Está a punto de tomarse la decisión, en pocos días o semanas, sobre la adquisición de CAM por Banco Sabadell y dentro de poco empezaremos a analizar en detalle la adquisición de Unnim por el BBVA", avanzó Almunia. En estos dos casos, como está previsto que ocurra con las subastas pendientes, la venta de las entidades intervenidas estuvo incentivada con esquemas de protección de activos que salvaguardan al comprador de un determinado nivel de pérdidas. Unos recursos que han salido del FGD, alimentado por la banca, con lo que a priori no computarían como déficit del país, ni tampoco como deuda.
Una tesis, sin embargo, que está siendo debatida estos días en Bruselas, admiten desde el sector bancario. Mientras una facción de la Comisión cree que el uso del fondo sería inocuo para las cuentas públicas, otra argumenta que la inyección debería elevar el déficit. Al fin y al cabo, Economía y el Banco de España tienen voto de calidad en el FGD, y son ellos quienes imponen a la banca la aportación que deben realizar, una suerte de tasa destinada, en origen, a salvaguardar los ahorros de la clientela.
La discusión sobre este punto sigue tan enconada que desde la banca asumen que si el plan para recapitalizar el FGD no está aún cerrado se debe a que todos están esperando el veredicto de Bruselas. Más allá de que se puedan truncar operaciones, otro golpe contra las maltrechas cuentas públicas podría suponer que el Gobierno vire hacia vías alternativas, más definitivas, como crear una suerte de banco malo en forma de sociedad inmobiliaria.
Vigilancia de Competencia
Almunia, que participaba ayer en un foro Internacional de Abc y BBVA en Madrid, quiso aclarar que "aunque desde el punto de vista presupuestario tenga una repercusión menor, o no tenga, desde el punto de vista del control de las ayudas de Estado" el uso del FGD "tiene que pasar también por la ventanilla de Bruselas" y ser analizado por Competencia.
"Lo importante es que no genere déficit. Si es ayuda pública o no, eso son matices jurídicos", asumen fuentes de Economía, que confían en que Bruselas dé su visto bueno a la reestructuración dibujada para la banca española.
BBVA pide a la UE que aprecie el esfuerzo español
"Los esfuerzos de España deben ser correspondidos con mecanismos compartidos de respaldo europeo", reclamó ayer el presidente del BBVA, Francisco González, durante su intervención en el foro internacional patrocinado por su banco y Abc. En su opinión, "España está haciendo su parte" y el Gobierno de Mariano Rajoy "ha dado muestras de su voluntad de tomar las decisiones que haya que tomar, y de continuar con el proceso de reformas", entre las que destacó la del mercado laboral, "una de las mejores de Europa", o la transformación del sistema financiero.
Con estas credenciales, argumentó González, es de esperar que "los países líderes" de la UE muestren "decisiones concretas de apoyo" a España. "La salida de la crisis pasa por más Europa", dijo, matizando que "más Europa significa una política de comunicación europea más coherente y homogénea, que subraye los esfuerzos de sus estados miembros y evite comentarios imprudentes", sentenció, en velada alusión a las críticas recibidas por parte de mandatarios europeos, como el francés o el italiano.
Para el presidente de BBVA, el camino para salir de la crisis implica "una mayor integración fiscal, financiera y económica", que podría traducirse, por ejemplo, en la emisión de eurobonos (títulos de deuda comunitaria, en lugar de los bonos de cada país). El guante fue recogido por el Comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, que se mostró de acuerdo con la necesidad de crear esta figura, a la que Berlín se opone, pero advirtió que aún genera demasiada "incertidumbre".
En cuanto a la petición de González de que los sacrificios del país sean recompensados por Bruselas, Almunia aseguró que "España ya recibe el apoyo y la solidaridad de la UE y lo seguirá teniendo" si sigue adelante con su actual agenda reformista.
Ambos, por otra parte, coincidieron en la necesidad de que los planes de austeridad imperantes en el Viejo Continente se vean compensados con políticas de estímulo que revitalicen el crecimiento. Finalmente, Almunia anunció que la UE prepara "un mecanismo europeo de gestión y resolución de crisis financieras", que podría ver la luz "antes del verano", y que buscará anticiparse a futuras crisis del sector. Este ha recibido, hasta ahora, el equivalente al 4% del PIB europeo para recapitalizarse y un 10% en avales de los Estados. Una carga "extraordinaria", dijo, para los contribuyentes
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