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Saborit/M. Martínez Selecciona, copia y pega este código:

La reestructuración del sector financiero español vivirá hoy un nuevo capítulo, tal y como publicó EXPANSIÓN el pasado viernes. Tras la fusión entre Popular y Pastor, la compra de CAM por parte de Sabadell, la adjudicación de Unnim a BBVA y las integraciones de Unicaja y Caja España Duero por un lado, e Ibercaja y Caja 3 por otro, ahora le llega el turno a Banca Cívica.

Los consejos de administración de La Caixa y CaixaBank se reunirán esta tarde a partir de las 17:30 horas sesión extraordinaria para dar vía libre a la operación o como indican estas entidades en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "a efectos de decidir sobre una posible integración de Banca Cívica en CaixaBank".

Media hora antes, a las 17 horas, se convocarán los órganos de administración de las cuatro cajas fundadoras de Banca Cívica. Deben ratificar el proceso de integración e informar públicamente de los detalles del mismo a la CNMV.

La unión creará la mayor entidad financiera española, con unos activos gestionados de 345.000 millones de euros. Superará de este modo el tamaño del balance que tienen en España Santander y BBVA, con activos por aproximadamente 339.000 millones de euros.

Principio de acuerdo
El pasado viernes ambas entidades ya alcanzaron un principio de acuerdo tras la reunión que mantuvieron el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, y los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi. Ahora sólo falta detallar el precio que ofrecerá CaixaBank a los socios de Cívica, que ya acumulan unas minusvalías del 17,4% desde la salida a bolsa (OPV), en julio del pasado año.

El banco cerró el pasado viernes en bolsa a 2,22 euros, tras caer un 6,33%. Hoy la cotización podría experimentar nuevos descensos, ya que es posible que CaixaBank ofrezca un importe inferior. Hay que tener en cuenta que el banco controlado por La Caixa no prevé solicitar ayudas públicas ni acudir al Fondo de Garantía de Depósitos para quedarse con la entidad. En este sentido, el hecho de que deba soportar con su propio balance todo el impacto de la integración justificaría que el precio ofertado fuera el mínimo posible.

Otro factor a tener en cuenta es que la profunda auditoría de las cuentas de Cívica ha aflorado más sociedades inmobiliarias de las previstas, lo que también presiona a la baja la valoración. CaixaBank, a su vez, también quiere minimizar la dilución que supondrá para sus actuales accionistas la absorción de Cívica.

La unión de los dos grupos creará una entidad con una red de 6.590 oficinas, 32.700 empleados y cerca de catorce millones de clientes. Para La Caixa, la operación supondrá ganar cuota de mercado en Navarra, Andalucía y Canarias, y hacerse con un amplio paquete de participadas cuya venta le generará unos ingresos que contribuirán a financiar una pequeña parte de la operación. Con esta compra, CaixaBank entra por la puerta grande en la reconfiguración del sector financiero español, ya que hasta ahora sólo había acometido dos operaciones menores: la absorción de Caixa Girona y la compra de los activos de Bankpime.

Subastas
El visto bueno a la fusión se producirá a escasos días de que acabe el plazo que tienen las entidades para remitir al Banco de España sus planes de saneamiento para cumplir con las exigiencias de provisiones del Gobierno. El sábado 31 de marzo es la fecha tope que tienen las entidades para informar al supervisor si prevén responder a los requerimientos en solitario o en el marco de una fusión. Después, el Banco de España tendrá quince días para aprobar o exigir cambios en los proyectos de las entidades.

Se cerrará de este modo otra fase del proceso de reestructuración, que, a corto plazo, también tiene otro capítulo clave en las subastas de Banco de Valencia (intervenido en noviembre) y de CatalunyaCaixa. La puja de la antigua filial de Bancaja tenía que haber arrancado tras cerrarse la venta de Unnim, pero el proceso se está demorando respecto al calendario inicial. Ahora, además, va a estar próxima en el tiempo a la de CatalunyaCaixa, que el pasado viernes confirmó que ha renunciado a seguir buscando inversores que recompren la participación del 90% que el Estado tiene en el grupo.

El movimiento de la entidad catalana resuelve un problema (su futuro se clarificará mucho antes de lo previsto), pero crea otro: la financiación. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con un remanente de unos 2.000 millones, se quedará vacío tras concluir la subasta de Banco de Valencia. Hasta el pasado viernes, el Ministerio de Economía, el Banco de España y el sector financiero tenían un margen de cuatro meses (hasta octubre) para buscar una solución. Antes, no había dinero, pero había tiempo. Ahora, aparentemente, ni lo uno, ni lo otro.

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