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DAVID NAVARRO ALICANTE
Resulta difícil imaginar la cara que pusieron los administradores del FROB el 1 de agosto del año pasado cuando la todavía entonces directora general de la CAM, María Dolores Amorós, les remitió un balance del primer semestre de 2011 con unos beneficios de 81,1 millones de euros. Pero más difícil aún resulta imaginar su reacción cuando vieron que las citadas ganancias no procedían de una mejora de los ingresos, ni de una reducción de los costes, ni de la venta de ninguna participada. Amorós, simple y llanamente, había reducido en 88 millones el volumen de dotaciones frente a impagos de la caja, según afirman fuentes conocedoras de la situación, cuando apenas unos meses antes el propio Banco de España le había obligado a elevarlas en 1.400 millones de euros tras advertirle de que había miles de créditos mal clasificados.
En otras palabras, que la ejecutiva intentó convencer al FROB de que la morosidad de la CAM no sólo no había empeorado notablemente durante los primeros meses de 2011 -el tercer año de la crisis económica, con el sector de la construcción completamente paralizado y la mayoría de los promotores al borde del concurso de acreedores-, sino que su gestión incluso había permitido aliviar ligeramente la situación. Y eso a pesar de que en marzo Cajastur decidió romper la fusión y la caja alicantina se vio abocada a una carrera desenfrenada por buscar un nuevo compañero que provocó que Amorós no pudiera estar demasiado pendiente del día a día de la entidad.
Como ya es conocido, los nuevos administradores de la entidad rechazaron de plano las cuentas y apartaron a la directiva del cargo hasta que un mes y medio después la despidieron.
La revisión del balance arrojó un resultado muy distinto al pretendido por María Dolores Amorós: la ejecutiva no sólo no debió liberar nunca los citados 88 millones sino que, además, tendría que haber provisionado otros 1.150 millones de euros por los impagos que se produjeron en ese periodo, tal y como luego reflejaron los nuevos responsables de la entidad en las cuentas definitivas presentadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Rehabilitó créditos impagados
Según las fuentes consultadas, para maquillar la morosidad real lo que hizo la directora general fue rehabilitar o refinanciar un importante volumen de créditos que habían sido declarados como impagados, algo que la normativa sólo admite si el cliente realmente se pone al corriente con sus cuotas y se aportan garantías adicionales a las que sirvieron para aprobar el préstamo en un principio. Esto permitía recuperar las provisiones pagadas por la caja cuando esos créditos se declararon morosos y se compensaban las que debían aportarse por las nuevas operaciones fallidas.
Al final, la diferencia entre las dotaciones pagadas y las recuperadas arrojaban el citado beneficio para la CAM. Sin embargo, ni la propia Amorós debía estar muy convencida de las cuentas porque, en lugar de presentarlas personalmente, envió al director de Planificación y Control, Teófilo Sogorb, a lidiar con los administradores del FROB. Sogorb le devolvió el "favor" prestando declaración por escrito en su contra en el juicio por su despido.
La manipulación de las cuentas fue, junto con la adjudicación de una renta vitalicia de 369.000 euros, el principal argumento que utilizaron los nuevos administradores de la entidad para echar a la exdirectora general sin pagarle ningún tipo de indemnización. La ejecutiva recurrió la decisión ante los tribunales pero la titular del juzgado de lo Social número 4 de Alicante dio la razón a la CAM y calificó de "extrema gravedad" el comportamiento de María Dolores Amorós al considerar probado que falseó deliberadamente las cuentas para ocultar la verdadera situación de la entidad. Ahora la exdirectora general ha decidido llevar el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

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