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El hundimiento de Caja Mediterráneo (CAM) ha dejado a los pies de los caballos a los representantes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. A todos, aunque a unos más que otros, los envuelve un manto de sospechas por el cúmulo de irregularidades, descontrol y mala gestión que llevó a la caja a ser intervenida por el Banco de España en julio de 2011. Y el aspecto de mayor impacto social tiene que ver con los elevados sueldos y millonarias indemnizaciones con las que un grupo de directivos salió de la caja antes de su intervenida.

 El primer muro que tendrán que superar los exdirigentes de la CAM es el expediente disciplinario del Banco de España. El grueso de los afectados, 49 excargos que formaron parte de los órganos de gobierno entre 2008 y 2011, han optado por defenderse de manera individual a pesar de que el expediente del supervisor es genérico y no concreta las acusaciones individuales. En líneas generales, los exvocales de estos órganos podrán en el acento en el escaso poder decisorio que tenían frente a la cúpula, principalmente ante los directores generales, Roberto López Abad y su sucesora, María Dolores Amorós. Y, además, alegarán que el consejo, presidido por Modesto Crespo, falseó al menos dos actas de las reuniones. Una relativa al sueldo de Crespo y otra a la obligatoriedad de informar sobre una circular del supervisor. Entre las actas supuestamente falseadas está la de la reunión del 21 de diciembre de 2010 (once días después de que Amorós fuera nombrada directora general).

"Ha sido un engaño detrás de otro", dice uno de los afectados por el expediente

El 14 de diciembre previo el Banco de España remitió una circular a Amorós de obligatoria lectura en el consejo. Ni Crespo ni Amorós dieron cuenta de la carta en esa reunión, según distintos exconsejeros. Pero, paradójicamente, la misiva apareció posteriormente incluida en el acta de ese consejo. En la comisión de control se informó escuetamente de que había concluido la inspección del supervisor sin más detalles, a pesar de que en el acta posterior de esa reunión la referencia es mucho más amplia, agrega un vocal del mismo. Otra acta que algunos consejeros esgrimirán que se falseó es una reunión del consejo en 2009, al poco de llegar Crespo a la presidencia. Allí, nadie informó de que Crespo iba a tener un sueldo (300.000 euros) a través de una participada de la CAM . E igualmente, en el acta posterior se incluyó que sí se había dado cuenta de ese extremo nada baladí (antes ningún presidente había cobrado). Además, en los últimos meses se enviaron numerosas circulares internas “en las que Amorós encubre la situación de la caja”, dice un afectado por el expediente. “Ha sido un engaño detrás de otro”, agrega esta fuente, que al igual que otras asegura que el resultado del juicio por el despido de Amorós afectará al expediente. Si la juez que instruye el caso da la razón a los administradores del Banco de España que despidieron fulminantemente a Amorós libera indirectamente de cierta responsabilidad a los órganos de gobierno de la caja. Si le da la razón a Amorós, sobre ellos recaería más responsabilidad.

Mala imagen

Amorós acentuó la mala imagen que ha proyectado la entidad al reclamar hace una semana en el juicio por su despido laboral 10 millones de euros más de indemnización. El Banco de España, en su carta de despido, la acusa falsear las cuentas de la caja mediante artificios financieros y adjudicarse una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de control. En líneas generales, los afectados comparten algunas pinceladas en las estrategias de defensa. Esgrimen que las cuentas de la caja estaban auditadas por KPMG y eran revisadas por el Banco de España. Y algunos recuerdan que los órganos de gobierno están compuestos por vocales a menudo ajenos al sector financiero, cuya labor es controlar los temas generales de la caja, no revisar la veracidad de cada paso que se da, entre otras cuestiones porque carecen de conocimientos para ello. “Das por supuesto que determinadas cosas se hacen bien”, resume un exconsejero. Varios vocales también coinciden en asegurar que entre sus alegaciones destacarán que votaron en contra de determinadas decisiones o que preguntaron por algunos asuntos al dudar sobre ellos. Uno de esos asuntos a los que se opusieron estos consejeros fue la renovación de préstamo de la CAM a Terra Mítica por indicación expresa del Gobierno Valenciano.

A partir de ahí, hay muchos matices en la defensa. Hay vocales de distintos años, decisiones de los primeros ejercicios o de los momentos previos a la intervención, medidas acordadas en distintos órganos de gobierno, o afectados que tenían responsabilidades además en otras comisiones de la entidad. Los 49 exdirectivos empezaron esta semana a presentar sus alegaciones, aunque la mayoría lo hará esta.

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