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Según un informe del Banco de España al que ha tenido acceso EFE, la CAM perdió un total de 1.011 millones de euros como resultado de su participación en proyectos de inversión inmobiliaria de 65 sociedades, realizadas a través de una de sus participadas, Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP)
26/02/2012 EFE
Madrid, 26 feb (EFECOM).- Más de 60 sociedades inmobiliarias se beneficiaron de la gestión deficiente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y de la debilidad de su sistema de medición de riesgos, al obtener financiación para proyectos dudosos.
Según un informe del Banco de España al que ha tenido acceso EFE, la CAM perdió un total de 1.011 millones de euros como resultado de su participación en proyectos de inversión inmobiliaria de 65 sociedades, realizadas a través de una de sus participadas, Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).
A esto hay que añadir otras operaciones de riesgo que desencadenaron pérdidas, como los proyectos asociados al grupo Polaris World, una empresa dedicada a comprar suelo rústico para la construcción segundas viviendas.
Según el informe, la CAM financió suelo por encima del precio de adquisición que pagaba el grupo promotor, liberó fondos sin conocer su objeto, dio préstamos a proyectos especulativos y actuó en ocasiones en beneficio del socio, en contra de la propia caja.
Por ejemplo, el grupo Nyesa logró en 2005 un beneficio de 31,4 millones de euros por la venta a TIP de un terrero en Biescas (Huesca) que había adquirido un año antes por 1,3 millones.
En esta operación la CAM también ofreció a TIP 2,4 millones de euros de liquidez sin justificación y compró 10 millones en participaciones de la finca que, según el departamento de riesgos de la caja, "no valían nada".
En otra ocasión, la caja financió a Dreamview el 84 % de la compra de un suelo terciario en Agua Amarga (Alicante) por 8,9 millones de euros, cuando estaba tasado en 2,8 millones.
En el caso de Polaris World, los promotores descapitalizaron el grupo al repartir dividendos con cargo a reservas, una deficiencia que se palió con un préstamo participativo de 60 millones de euros concedido por la CAM.
El préstamo nunca se devolvió, pero la caja, en lugar de ejecutar las garantías, compró al grupo 315 viviendas con el objetivo de ofrecerle liquidez con la que cancelar el riesgo.
La gestión del riesgo era, según los inspectores, "inexistente", hasta el punto de que en ocasiones el ex director general de la caja, Roberto López Abad, y su director de Empresas, Daniel Gil Mallebrera, adquirieron compromisos sobre sociedades antes incluso de que estas se constituyeran.
Según los inspectores, la caja inició en el año 2002 un modelo de crecimiento que "propició que se dejaran de gestionar los riesgos básicos inherentes al negocio bancario, que eran asumidos sin valoración ni gestión".
Además, la expansión del crédito no fue acompañada de la captación de pasivo tradicional, que era sustituido por fondos en los mercados mayoristas, es decir, que la caja actuó con la "equivocada percepción" de que el acceso a los mercados monetarios era ilimitada.
Sin embargo, a partir de 2008 este sistema se demostró insostenible, de manera que los gestores recurrieron a otros métodos para evitar que la situación real de la caja se reflejara en los resultados de la entidad.
El informe menciona irregularidades contables sistemáticas, sobre todo mediante el pase de créditos dudosos a fallidos y de fallidos a normales "a conveniencia de la entidad", con el objetivo de evitar la asignación de provisiones y dar apariencia de continuidad a los resultados.
Además, se concedieron segundas y terceras hipotecas sobre el mismo bien "sin tener en cuenta la capacidad del acreditado para generar fondos suficientes que le permitieran hacer frente a los compromisos contraídos con la caja".
La caja llegó incluso a titulizar préstamos fallidos y dudosos con el único objetivo de contabilizar resultados positivos y reducir la tasa de mora.
El informe de la Dirección General de Supervisión del Banco de España recomienda al organismo supervisor que incoe un expediente disciplinario a 48 directivos y exdirectivos de la CAM, algo que hizo el pasado 9 de febrero.
Además, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra la ex directora general de la caja, María Dolores Amorós, y otros directivos, a los que se acusa de delito societario, estafa y falsedad documental. EFECOM
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