Para lograr el dinero se simuló la venta de créditos para liberar provisiones, se forzó el reparto de beneficios de filiales y se ocultó la prejubilación de directivos
D. NAVARRO ALICANTE Entre las irregularidades que ayer denunció la letrada de la CAM, Isabel Merenciano, destacan las maniobras que supuestamente realizaron María Dolores Amorós y Roberto López Abad para conseguir que el balance individual de la caja de 2010 reflejara unos beneficios considerables. La letrada aportó como prueba un correo electrónico de López Abad en el que enviaba a varios ejecutivos las directrices "para sacar 300 millones" de ganancias. Al final fueron 244 los que se declararon. Básicamente fueron tres las operaciones que se realizaron con este fin, según detalló el perito de PricewaterhouseCoopers Javier López Andreu, que tuvo que emplearse a fondo para lograr que la titular del juzgado, María Paz Fernández, entendiese la ingeniería contable empleada por Amorós y López Abad. La primera de ellas consistió en titulizar (empaquetar para su venta) un importante volumen de créditos, entre ellos muchos fallidos que, al venderlos, permitían borrarlos del balance de la caja y recuperar las provisiones depositadas ante el Banco de España. Hasta aquí todo sería correcto. El problema es que para colocar estos bonos la CAM suscribía con los compradores una opción de compra y una prima casi por el mismo importe por lo que, en realidad, era la caja la que seguía asumiendo el riesgo y, legalmente, no debería haber recuperado las provisiones. Por esta vía logró 168 millones de euros de forma irregular. La segunda medida que se adoptó fue la de forzar que las participadas de la entidad repartieran dividendos, en algunos casos incluso a costa de su propia situación patrimonial. El caso más llamativo es el de Gesfinmed, la filial dedicada a la gestión de fondos de inversión, a la que CAM tuvo que conceder un crédito de 14 millones para que dispusiera de liquidez para pagarle los citados beneficios. Esta práctica mejoró los ingresos de la entidad en 163 millones. El último movimiento que se denunció ayer fue la ocultación de que seis directivos iban a prejubilarse dentro del ERE que se estaba negociando. De haberse incluido desde un principio a estos ejecutivos, que se embolsaron en conjunto 15,5 millones, la caja tendría que haber realizado mayores reservas en 2010. Fue la propia Amorós la que dio la orden de esconderlo, según otro correo citado por López Andreu, quien señaló que sin estas maniobras los beneficios de CAM en 2010 se hubiesen reducido a 12 millones.
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