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Juan Nieto | Efe | Alicante

El juicio por el despido de la ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós ha acabado este viernes de la misma manera que empezaba a primera hora de la mañana, con una fuerte atención mediática y con la crispación de un grupo de afectados por los ´productos tóxicos´ de Caja Mediterráneo (cuotas participativas y participaciones preferentes), que han increpado con gritos de "ladrona", "choriza" y "corrupta" a quien fuera responsable de la caja durante siete meses.

La anécdota de la jornada, una de tantas, se ha producido cuando Amorós ha abandonado el juzgado y ha recorrido una distancia de 200 metros seguida por una heterogénea nube que buscaba conseguir bien sus declaraciones o una imagen, bien recriminarle su mala gestión, que acabó dando al traste con la caja alicantina.

Desconcertada, Amorós ha acabado refugiándose en un portal a la espera de que llegara un coche a recogerla. Ante la avalancha de gente que la perseguía, han sido los propios vecinos de este barrio de familias humildes cercano a los juzgados, que no sabían exactamente qué ocurría, quienes han salido en su defensa.

Visto para sentencia

De esta manera, y tras cinco horas de vista oral, el juicio por el despido de Amorós quedaba visto para sentencia. Durante la sesión, la que la defensa ha negado que se falsearan cuentas económicas mientras que la acusación ha apuntado manipulación contable.

Tras las exposición de los informes, la aportación de pruebas documentales y la declaración ante la sala de testigos y peritos, será ahora la titular del Juzgado de lo Social 4 de Alicante la que decidirá si el despido de Amorós fue improcedente.

La representación legal de Amorós ha pedido que el despido sea declarado improcedente, decisión que, de alcanzarla, podría conllevar el cobro de una indemnización cifrada, según la acusación particular, en diez millones de euros.

Además, ha instado a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad, que posteriormente fue derogada.

Riesgo crediticio

El juicio de Amorós ha girado en torno a la clasificación del riesgo crediticio, pues la acusación sostiene que fue alterada para mejorar los resultados de la entidad, pero la defensa lo ha negado.

También ha tenido un protagonismo destacado la intención de las partes de demostrar si Amorós participó o no en la decisión de modificar las bases de cálculo para el sistema de pensiones y de adicionales a las mismas, de la cual se benefició junto a otros miembros de la cúpula directiva de CAM.

La defensa de Amorós ha expuesto en su intervención que la carta de despedido recibida en septiembre de 2011 por su patrocinada "no está fundamentada" y ha subrayado, especialmente, que la entonces directora general ocupó este cargo desde diciembre de 2010, mes en el que el Banco de España ya advirtió a CAM que debía implantar un mejor control sobre la clasificación del riesgo crediticio.

Bauzá ha remarcado que las supuestas irregularidades contables en la entidad alicantina, por las que el Banco de España decidió intervenirla en julio del pasado año, no son fruto de "la mala fe" de Amorós y ha destacado que las cuentas de CAM eran remitidas a la entidad bancaria nacional, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a firmas de auditoría externa.

En este sentido, la defensa ha sostenido que Amorós no es responsable de las cuentas de 2010 y que "poco" pudo decidir sobre las del primer semestre de 2011.

"No manipuló datos y no tuvo una mala conducta" ha aseverado la letrada.

Sin embargo, la abogada del Banco CAM -la parte demandante- ha remarcado que la intervención del Banco de España reflejó que la situación de CAM no era "como se decía".

En este sentido, ha manifestado que Amorós informó al Consejo de Administración y a la CNMV de "la buena situación de CAM" en el primer trimestre del año pasado cuando "la morosidad de los créditos y la falta de provisión" ante los impagos era evidente.

Aunque Amorós "transmitía tranquilidad" y aseguraba "la viabilidad" de la entidad, "la realidad" era de "una liquidez comprometida", "un deterioro de los activos", "una reducción de los márgenes" y "falta de confianza externa".

La defensa ha concluido su exposición alegando que "la subjetividad" en la clasificación de los riesgos crediticios llevó a los interventores a entender que Amorós pudo alterarla, una actitud que ha negado por parte de su patrocinada.

Despido

Amorós fue despedida el 28 de septiembre de 2011 por los nuevos administradores de CAM a raíz de la intervención del Banco de España en julio de ese año, que, a través del FROB, capitalizó la CAM con 2.800 millones de euros mediante la compra de acciones y de otros 3.000 millones para dar liquidez inmediata.

En ese momento, se la echó bajo la acusación de que había buscado "el beneficio propio, falseado las cuentas y realizado una gestión deficiente" mientras ocupaba el cargo de directora general.

Además, los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) también consideraron "reprobable" su sueldo y la pensión de por vida acordada durante la etapa en la que la CAM era presidida por Modesto Crespo.

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