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El pasado jueves, el Congreso aprobó la reforma financiera con un amplio consenso que sumó 303 diputados (PP, PSOE y CiU); En principio, los bancos tendrán que provisionar 52000 millones para cubrir la pérdida de valor de sus inversiones inmobiliarias, aunque, según está este sector, la cifra final de dotaciones podría rondar los 70000 millones
La reforma prevé no sólo el saneamiento de las entidades, sino su concentración: menos y más sanas; Como mínimo, las que ahora están controladas por el FROB tendrían que ser adjudicadas antes de junio.
Pero no olvidemos que el objetivo último de esta revolución en el sistema financiero, según declaró el ministro de Economía, Luis de Guindos, en su comparecencia un día antes de que la reforma fuera aprobada por el Consejo de Ministros, es doble: por un lado, hacer que bajen los precios de los pisos; y, por otro, posibilitar que fluya el crédito a empresas y familias. Una de las razones por las que la economía ha vuelto a entrar en recesión (que puede prolongarse durante todo el año 2012, dado que la previsión del Banco de España sitúa la caída del PIB en el 1,5%) es precisamente la falta de crédito. Los bancos han cerrado el grifo porque no encuentran financiación, al margen de la inyección de liquidez del Banco Central Europeo. Como tienen además que cumplir unos requisitos de capital sobre sus riesgos, lo que hacen es reducir su balance en la medida que pueden. Pero, claro, eso ahonda la crisis y convierte la situación en un círculo vicioso. El Gobierno se juega mucho con esta reforma.
En teoría, debería salir bien. Al provisionar los bancos sus pérdidas, los pisos que tienen en su cartera saldrán al mercado a un precio más barato. Eso –seguimos en el terreno teórico– hará que disminuyan su balance y que puedan dar más créditos porque se supone que esa situación hará que se abra el grifo de la liquidez en los mercados internacionales.
Existen, sin embargo, dos grandes dudas. La primera es si, estando como está la economía, los bancos van a poder colocar su enorme stock de viviendas aunque sea a menor precio. La segunda es si Bankia (cuarta entidad por volumen de activos) va a poder mantenerse en solitario. En realidad, las dos están íntimamente unidas. Bankia tiene unos 25.000 pisos en su balance. El año pasado logró vender 4.000, pero como mucha gente deja de pagar sus créditos y el banco se queda con las casas, eso supone que el stock casi no se mueve.
Es evidente que si el plan del Gobierno funciona, Bankia lograría deshacerse de muchas más viviendas (si consiguiera este año colocar 8.000 eso ya sería un éxito), con lo que reduciría en la misma proporción sus problemas. Bankia ha hecho un duro ajuste (ha recortado plantilla y cerrado muchas sucursales) y si logra reducir su riesgo inmobiliario es evidente que no tendrá problemas para optar por sobrevivir en solitario cuando se inicie el baile de las fusiones.
Rodrigo Rato negoció durante el pasado mes de octubre y parte de noviembre con Isidro Fainé la fusión de Bankia con CaixaBank. La operación le fue presentada a Rajoy (tras ganar las elecciones) y al presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Al Gobierno una macrofusión Bankia/ CaixaBank le sigue pareciendo una buena operación, aunque, naturalmente, no va a hacer nada por forzarla si uno de los dos novios no quiere boda. En Bankia dicen que lo que le priva al Gobierno de la fusión entre los dos gigantes de Madrid y Barcelona es que «sería la guinda de la reforma financiera». Medio en broma, añaden: «Hasta saldría en la portada del Financial Times».
Hasta ahora, poco se ha explicado del porqué del fracaso de esa operación que contaba, en principio, con la disposición de los presidentes de las dos entidades y era del agrado tanto del Gobierno como de la Generalitat.
Según fuentes de Bankia, la clave de la ruptura, al margen de que se estima que CaixaBank tiene todavía un duro ajuste por hacer, está en la imposibilidad de hacer una fusión «equilibrada», que no igualitaria, ya que, lógicamente, tanto por tamaño como por fortaleza la entidad catalana está en mejor posición.
Según las mismas fuentes, a pesar de la buena disposición de Fainé, que aceptaba incluso ceder la Presidencia a Rato cuando se jubilara, los estatutos de CaixaBank hacen que la integración corra el riesgo de ser pilotada desde los centros de poder de Cataluña.
En concreto, las fuentes señalan como un punto clave para la ruptura lo establecido en el apartado 2 del Protocolo Interno de La Caixa/CaixaBank. En su apartado a, se dice lo siguiente: «La asamblea general de La Caixa deberá aprobar con carácter previo, y con los quórum reformados que prevén sus estatutos, cualquier acuerdo que, bien por decisión de la propia Caixa, bien por decisión de CaixaBank, pueda hacer descender la participación de La Caixa en CaixaBank por debajo de los umbrales del 70%, del 60% y del 50%».
En Bankia entendían que las terminales políticas en la asamblea de La Caixa iban a imposibilitar un acuerdo que no supusiera una humillación para Bankia.
Las fuentes reconocen que se hizo un gran esfuerzo, por ejemplo, en el reparto de las sedes de la futura nueva entidad, pero que Fainé dejaba para Madrid cuestiones de segundo orden «porque las torres negras –así llaman a la sede de La Caixa en Barcelona– no se pueden quedar vacías».
La operación, hoy por hoy, está en el dique seco, aunque en Barcelona se la mira con nostalgia y en el Gobierno no dan la batalla por perdida. Tanto es así que en el decreto-ley 2/2012 de saneamiento del sector financiero, los técnicos de Economía han introducido una importantísima cláusula (apartado 5 del Título 1), según la cual: «En el curso del procedimiento de autorización de la integración, se valorarán los acuerdos marco o protocolos existentes o que se firmen entre las entidades concernidas, en particular, en aquellos supuestos en que se produzca la atribución a alguna de ellas de un grado de control superior al que corresponde a su participación en la entidad resultante, pudiendo condicionarse la autorización a las oportunas modificaciones de los mismos».
Es decir, que, si hay fusión, por encima de lo que diga la asamblea de La Caixa, estará el criterio del Gobierno. |
