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MANUEL ILLUECA (*). Hoy "Subyace un conflicto de intereses entre las partes, que -por ahora- se dirime en el terreno de la contabilidad. ¿Es excesivo o razonable reducir a cero el valor de las acciones del Banco de Valencia? ¿Reconoció el consejo de Bancaja el deterioro real de sus activos antes de integrarse en el SIP...?

VALENCIA. Decía John R. Hicks que el beneficio económico es la máxima cantidad de dividendo que la empresa puede entregar a sus socios durante el ejercicio, de modo que su riqueza final sea igual a su riqueza inicial. Por supuesto, la riqueza es un intangible que admite múltiples medidas e interpretaciones, de modo que el beneficio económico, en tanto que medida del rendimiento de la empresa, constituye un concepto teórico, de difícil implementación en la práctica. En realidad, el resultado es algo que no podemos ver ni tocar, una cifra cuya veracidad no podemos comprobar directamente. Y, por ello, siempre existe la tentación de manipularlo en aras de la consecución de objetivos más o menos deseables.

En la medida en que no todas las personas o entidades vinculadas al futuro de la empresa tienen la misma interpretación acerca de lo que es o no es socialmente deseable, es frecuente que haya disputas acerca de la interpretación de las normas contables que dan lugar al cálculo del resultado. En las últimas semanas, una asociación que aglutina los intereses de los accionistas minoritarios del Banco de Valencia ha solicitado públicamente al Banco de España una valoración "justa" de sus acciones. Y ayer mismo supimos que el consejo de administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) solicitará una auditoría externa para analizar las cuentas de Bancaja y aclarar si su valoración se ajusta "realmente" a lo que declaró cuando se integró en el Sistema Institucional de Protección (SIP), junto con Caja Madrid y otras cinco entidades financieras de menor tamaño.

Tanto en un caso como en otro, subyace un conflicto de intereses entre las partes, que -por ahora- se dirime en el terreno de la contabilidad. ¿Es excesivo o razonable reducir a cero el valor de las acciones del Banco de Valencia? ¿Reconoció el consejo de Bancaja el deterioro real de sus activos antes de integrarse en el SIP? ¿Se solicitará también una auditoría externa para conocer si las cuentas de Caja Madrid reflejaban la imagen fiel de la entidad antes de la fusión fría? Se trata de un terreno tan pantanoso que el resultado final de ambos procesos dependerá a buen seguro del poder de negociación de las partes, convirtiéndose la contabilidad en el atuendo elegido para vestir al santo.

Por desgracia, hace ya varios años que leer los balances de las entidades financieras españolas constituye un ejercicio ímprobo de ingenuidad. Después de los múltiples cambios registrados en las normas contables y de las rectificaciones billonarias en la cifra de beneficios de las entidades financieras intervenidas por el Banco de España, resulta prácticamente imposible explicarle a nadie en qué consiste realmente el resultado contable de una entidad financiera española. Los procedimientos empleados para ocultar las pérdidas ni tan siquiera son sofisticados, por lo que todos estos episodios de fraude contable sobrevenido están generando una creciente sensación de indefensión entre la ciudadanía. ¿Quién controlaba el sector financiero español? ¿Por qué debemos creer que la supervisión bancaria ha mejorado tras el estallido de la crisis?

En los últimos días, hemos conocido detalles sobre las triquiñuelas contables efectuadas en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y detectadas (algo tarde) por el Banco de España. Sin ánimo de ser exhaustivo, he aquí un par de ejemplos de la magia contable que permitió ocultar la verdadera situación patrimonial de la entidad hasta la intervención por parte del supervisor:

• Clasificación de créditos como fallidos. Ante la avalancha de morosidad que era ya predecible a principios de 2008, la CAM decidió clasificar directamente como activos fallidos una cantidad creciente de créditos problemáticos. Ello evitaba declarar estas inversiones como dudosas, a costa de reconocer como pérdidas del ejercicio el importe íntegro de los créditos, que posteriormente compensaba mediante las plusvalías que obtenía vendiendo sus participaciones industriales. En definitiva, la entidad reducía la tasa de morosidad, evitaba los efectos negativos de la reclasificación sobre el resultado y, además, proyectaba una imagen de sobriedad y conservadurismo al reconocer de forma temprana las pérdidas por insolvencia.

Sin embargo, en cuanto la entidad agotó la posibilidad de maquillar las pérdidas a través de los resultados de la cartera industrial, comenzó a reclasificar como activos normales los créditos que previamente había considerado como fallidos, a pesar de que los prestatarios no habían aportado nuevas garantías ni satisfecho los intereses pendientes de pago. De este modo, la CAM registraba un ingreso artificial en la cuenta de pérdidas y ganancias. En junio de 2011, el banco tuvo que volver a considerar como activos dudosos créditos por valor de 2.832 millones de euros, reconociendo de modo sobrevenido unas pérdidas por importe de 727 millones de euros.

• Titulización de préstamos dudosos. Para rebajar la tasa de morosidad, la CAM decidió también titulizar diversas carteras de créditos con un componente significativo de activos dudosos. Los bonos emitidos contra la cartera eran clasificados en distintas categorías en función del riesgo de impago, de modo que la CAM conservaba los bonos senior, menos arriesgados, y vendía los bonos junior, más sensibles a la significativa proporción de activos dudosos que los respaldaban. La pregunta es ¿quién compraba esos bonos junior y a cambio de qué? Los compradores eran fondos de inversión privados domiciliados en Irlanda y Bélgica, que asumían las pérdidas previstas de los bonos junior, a cambio de vender a la CAM una opción de compra sobre los bonos por una cantidad prácticamente idéntica a la que el fondo de inversión había desembolsado para adquirirlos.

Sin movimiento de tesorería, la CAM se deshacía de los activos tóxicos y conservaba en su balance una opción de compra sobre los mismos. Al deshacerse de los activos tóxicos, se liberaban provisiones previamente dotadas, lo cual permitía reconocer artificialmente ingresos y aumentar los beneficios de la entidad. El Banco de España estima que mediante este procedimiento la CAM hinchó su resultado de 2010 en más de 140 millones de euros.

Llama la atención que el propio Banco de España comunique ahora que muchas de estas prácticas incumplían flagrantemente la circular 4/2004, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, sin explicar a la ciudadanía por qué estas prácticas no fueron detectadas a tiempo y, sobre todo, qué piensa hacer para que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse en el futuro. También resulta paradójica la posición del auditor de cuentas de la CAM -KPMG-, cuyo informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2010 no hace mención alguna acerca del efecto sobre el resultado de las reclasificaciones de créditos fallidos como créditos normales.

Con todo, es evidente que el recrudecimiento de la crisis financiera está poniendo de manifiesto importantes deficiencias en los procesos de supervisión y control externos de las entidades de crédito españolas. Es hora de que las reformas no se ocupen únicamente de restablecer el equilibrio patrimonial de nuestras entidades financieras, sino también de restaurar la credibilidad del andamiaje institucional que debe velar por la estabilidad del sistema.

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