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Siete meses después de que el Banco de España interviniera la CAM -el 22 de julio de 2011-, cesara a su consejo de administración y encargara al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que asumiera la gestión de la entidad, la comisión ejecutiva del supervisor decidió el pasado jueves abrir expediente disciplinario contra los anteriores responsables de la caja por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. 
La actuación afecta a los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós, al expresidente Modesto Crespo y a los miembros del consejo de administración y de la comisión de control de la CAM desde el año 2008. En total son 49 personas investigadas, y entre ellas se encuentran destacados empresarios (ver las páginas 28,29 y 30 de INFORMACIÓN del pasado viernes). Entre ellos, se encuentran el industrial murciano Ángel Martínez, que era vicepresidente primero, o los empresarios alicantinos Armando Sala, que ocupaba la vicepresidencia tercera; Jesús Navarro; Pere Joan Devesa; Rosa Ana Perán, Luis Esteban o José Enrique Garrigós, actual presidente de la Cámara de Comercio. 
Además, entre los expedientados aparece el actual consejero de Economía y Hacienda del Gobierno murciano, Juan Bernal, que durante quince meses fue vocal del consejo, cargo que abandonó para ir en las listas del PP a la Asamblea Regional de Murcia en las autonómicas de mayo del pasado año. Bernal, tras conocer la medida tomada por el Banco de España, manifestó que está "absolutamente tranquilo" y que se considera obligado a guardar silencio, aunque dejó claro que "hay vocales del consejo" que han sido "consejeros rasos, con unas funciones determinadas y concretas". 
Y añadió que todas las decisiones en las que intervino "han estado respaldadas por una auditoría independiente". Por su parte, Ángel Martínez eludió pronunciarse, al igual que Modesto Crespo y Roberto López Abad, que declinaron hacer declaraciones.
Las presuntas irregularidades atribuidas a los anteriores responsables de la caja irían desde la concesión de créditos sin el debido control de riesgos con el fin de favorecer a determinados socios de la entidad, hasta el uso de artificios contables para ocultar los elevados niveles de impagos, o la dudosa legalidad de las retribuciones percibidas por algunos altos ejecutivos y consejeros. 
A pesar de que en la investigación se hace hincapié en las remuneraciones de los miembros del comité de dirección, éstos no están incluidos en el expediente, salvo Roberto López y María Dolores Amoros, cabezas visibles de la cúpula ejecutiva de la caja.

Exdirectores generales
El informe resulta demoledor, especialmente para los que fueron los dos últimos exdirectores generalesde la caja y divide en cinco grandes apartados las presuntas irregularidades: deficiencias en los mecanismos de control y gestión de los riesgos; supuestas prácticas irregulares para alterar la realidad financiera y patrimonial de la CAM; incumplimiento de autorizaciones administrativas; el pago de retribuciones no justificadas a los órganos de control, consejeros o ejecutivos, además de la incapacidad para sacar adelante un plan de viabilidad, tras la ruptura de su fusión con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria a finales de marzo de 2011. Precisamente, estas debilidades en la gestión fueron las que precipitaron en julio su nacionalización. En el periodo en que se produjo la ruptura de la alianza hasta la intervención ya se encontraba al frente de la dirección general María Dolores Amorós, quien sustituyó a Roberto López en noviembre de 2010, tras pasar éste a integrarse en el equipo que iba a poner en marcha el SIP, después fallido. 
El informe, elaborado por la Dirección General de Supervisión del Banco de España, refiere que en los últimos años, la caja ha estado dirigida por gestores "que no han sabido preservar la situación patrimonial" de la entidad y señala que en algunas ocasiones "ha primado la satisfacción de intereses particulares por encima de los intereses generales" de la CAM. Sobre la concesión de créditos, se alude a un escaso control durante muchos años, tanto en la red comercial como al más alto nivel. Incluso, la inspección dice que no hay constancia de la intervención por parte del departamento de riesgos en estos casos, ni tampoco que la Auditoría Interna cumpliera con la tarea de analizar los riesgos y de plantear medidas correctoras. La investigación señala el inicio de este periodo de escaso control en la concesión de créditos a partir de 2001, año en que Roberto López asumió la dirección general de la CAM.

Morosidad
La gestión de la morosidad es otra de las deficiencias señaladas. Según el texto del Banco de España, para evitar que la tasa aumentara se habrían concedido refinanciaciones sin tener en cuenta la solvencia del beneficiado. Además, la inspección pone en cuestión la política de los directivos para impulsar el crecimiento de la entidad, ya que considera que se recurrió en exceso a la financiación de los mercados mayoristas, frente a la captación de ahorros por parte de los particulares. Esta política pasó a ser un problema después de que en septiembre de 2008 quebrara Lehman Brothers -cuarto banco de inversión de EE UU-, lo que provocó que se agudizara la crisis financiera internacional y se cerrara el mercado interbancario. 
Entre otros aspectos, el texto hace hincapié en que "los estados contables no permitían conocer adecuadamente la situación financiera de la entidad" y subraya algunas estratagemas seguidas para intentar mejorar artificialmente la tasa de mora. En este sentido, se asegura que en 2008 la entidad pasó a fallidos una importante cartera de créditos problemáticos, evitando tener que reconocerla como activos dudosos. Para cubrir pérdidas se deshizo de una parte de su cartera industrial. Ese año consiguió 1.088 millones por la venta de sus acciones en Enagás y Unión Fenosa, dos de sus participaciones empresariales más importantes.
Posteriormente, parte de estos créditos se habrían rehabilitado para poder disponer de las provisiones realizadas. El Banco de España apunta, asimismo, que el método seguido no cumplió con la normativa. 
En muchos de los casos lo que presuntamente se hizo fue conceder una segunda o tercera hipoteca para pagar la primera. Al final, la investigación cifra en 3.832 millones los préstamos que se habrían rehabilitado incorrectamente.

Préstamos fallidos 
Otra de las prácticas que se denuncian en el documento con el objetivo de ocultar la morosidad fue la de titulizar (empaquetar) préstamos fallidos, dudosos e inmuebles adjudicados y simular su venta a un tercero para darlos de baja en el balance. Los antiguos responsables de la caja lo habrían realizado, supuestamente, en cuatro ocasiones y colocaron estos "paquetes" a través de fondos privados en Irlanda y los Países Bajos. Por otra parte, la investigación subraya que los responsables de la CAM incumplieron requerimientos realizados por el Banco de España en diciembre de 2010, fecha en la que ya estaba al frente del equipo ejecutivo Amorós, para que reclasificase parte de la cartera crediticia de la caja. 
Al parecer, la entonces directora general se escudó en que la caja formaba parte del SIP y que debía ser el nuevo banco creado para ser la cabecera del grupo (Banco Base) el que debía de dar cuentas de las medidas adoptadas para satisfacer las exigencias del supervisor. El texto también alude a supuestas artimañas de la primera ejecutiva para conseguir que el balance de 2010 presentara beneficios, pese a que la morosidad había aumentado. Dentro del expediente, no todos los que figuran tienen la misma responsabilidad. No obstante, la actuación del supervisor se dirige contra "quienes ostentaban cargos de administración o dirección" cuando se cometieron las presuntas irregularidades. Igualmente, se dirigen contra la comisión de control de la caja, dado que su obligación es la de auditar los balances y las decisiones que se tomen en la entidad.

El consejo "ni conocía, ni garantizaba ni salvaguardaba" la caja
Los sucesivos miembros de los consejos de administración de la Caja Mediterráneo expedientados por la gestión llevada a cabo en la misma entre los años 2008 y 2011 han justificado reiteradamente su actuación asegurando que tomaron las decisiones que les propusieron porque estaban avaladas por auditorías y que carecían de la suficiente información para hacer otra cosa. Sin embargo, el expediente del Banco de España les acusa textualmente de haber hecho "dejación" de "funciones claves en un administrador de fondos ajenos". Estas funciones, concreta el BdE, son las de "conocer y comprender los riesgos que asumía la entidad, garantizar la existencia de capital necesario para soportar los riesgos y salvaguardar el valor de la entidad de pérdidas potenciales". Hay que tener en cuenta que, según el expediente, entre 2002 y 2008 la inversión crediticia de la CAM se elevó en un 300%, sin que ese crecimiento estuviera respaldado por las garantías suficientes. El Banco de España considera además que en numerosos casos se tomaron por parte del consejo decisiones que, en condiciones normales, deberían haber pasado por la asamblea general, pero cuyo conocimiento de esta forma le fue hurtado al máximo órgano de control de la entidad.
Los expedientados podrían enfrentarse a sanciones de hasta 500.000 euros, dependiendo de la clasificación que, finalmente, dé el supervisor a las presuntas actuaciones. La Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito establece esta cuantía máxima de sanción para los casos de infracciones "muy graves", mientras que para las faltas "graves" establece un máximo de hasta 150.000 euros. No obstante, se prevé un periodo largo hasta que se conozca las resoluciones finales, dado que el proceso no ha hecho más que comenzar.

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