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Nadie sabe exactamente a ciencia cierta cuántos son -aunque las estimaciones más bajas hablan de decenas de miles-, pero los afectados por los denominados "productos tóxicos" de la CAM tienen cada vez más portavoces; Hasta seis organizaciones distintas se ofrecen ya a los propietarios de cuotas participativas, participaciones preferentes o deuda subordinada de la entidad para representar sus intereses e intentar que recuperen sus ahorros.
La notoriedad del caso y el gran número de damnificados ha provocado que, a las tradicionales asociaciones de usuarios del sector -Adicae y Ausbanc-, se hayan sumado organizaciones de consumidores generalistas (UCE), consultoras (Strategia Consultoria), asociaciones de impositores antes casi desconocidas (AIVCAM) y hasta organizaciones de nueva creación auspiciadas por un grupos de afectados descontentos con todos los anteriores. Cada una de ellas, además, tiene su propia estrategia, lo que empieza a desconcertar a algunos de los perjudicados, realmente incapaces de distinguir en estos momentos cuál será la mejor opción.
Una de las primeras en aparecer en escena, cuando en el mes de agosto los administradores designados por el FROB decidieron suspender el acuerdo del anterior consejo de administración para recomprar las cuotas antes de que perdieran su valor, fue la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM (AIVCAM). Hasta entonces era una organización muy minoritaria, prácticamente desconocida, pero la tenacidad de su presidente, Víctor Baeta, y la ausencia de otros referentes en aquel momento le hizo ganar notoriedad. Ahora a sus reuniones acuden cientos de personas.
Son también la única asociación que ha tenido la oportunidad de reunirse con los nuevos propietarios de la CAM, el Banco Sabadell, y abogan por darles un voto de confianza hasta que tomen el control efectivo de la entidad y puedan concretar sus planes, lo que podría ocurrir en marzo.
En este sentido, el grupo catalán, por ejemplo, ya ha anunciado que propondrá un canje de preferentes por acciones ordinarias, algo que no acaba de convencer a quienes compraron estos títulos pensando que se trataba de una imposición a plazo fijo.

¿Demanda colectiva o individualA medida que pasó el tiempo y fueron los propietarios de participaciones preferentes quienes descubrieron que no podían disponer de sus ahorros, entraron en escena las dos grandes asociaciones de usuarios especializados en banca. Eso sí, con propuestas muy distintas. Desde Ausbanc apuestan por reclamaciones individuales ya que consideran que la mejor forma de recuperar el dinero es demostrar, caso a caso, que los clientes fueron engañados cuando se les vendieron estos productos. Entre otras cosas, porque la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) considera que las preferentes sólo son aptas para inversores muy cualificados, un requisito que no cumplen la mayoría de los jubilados que las acabaron adquiriendo. Su mediático presidente, Luis Pineda, también ha amenazado con impugnar la adjudicación al Sabadell.
Desde Adicae, sin embargo, creen que la mejor opción es presentar una demanda colectiva ya que estiman que el engaño fue generalizado. De hecho, esta organización ha denunciado ante la CNMV la comercialización de preferentes por parte de 52 entidades distintas. Además, han optado por la movilización en la calle como medida de presión, y ya han celebrado tres concentraciones ante la sede de la entidad.
También es partidaria de la demanda colectiva la UCE, una organización de consumidores generalista que en las últimas semanas se ha interesado por los productos tóxicos de la CAM de la mano de la consultora AvanzaAC, en el caso de la Comunidad Valenciana, y de Vía Asesores, en la Región de Murcia.
Otra consultora que ha decidido promover su propia plataforma de afectados de forma independiente. Se trata de Strategia Consultoria, una firma de asesores financieros con sedes en Murcia y Elx que ya han celebrado diversas asambleas. Se ofrecen a estudiar gratis todos los casos y propugnan su experiencia en el sector -trabajaron antes en entidades financieras- como una de sus grandes bazas. Son partidarios de la reclamación individual.

Abogado mediático
La última en llegar ha sido la autodenominada Plataforma CAM, que han constituido un grupo de perjudicados que denuncian el afán "comisionista" del resto de organizaciones y quieren organizarse por su propia cuenta. Para ello decidieron pedir ayuda nada menos que a Diego de Ramón, el abogado murciano que presentó la denuncia contra la anterior cúpula de la entidad admitida a trámite por la Audiencia Nacional y que, desde entonces, se ha convertido en un personaje habitual en los medios de comunicación.
De su mano presentarán la próxima semana una denuncia de responsabilidad patrimonial contra el FROB, el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas, y también reclamarán el embargo preventivo de los bienes de la Obra Social (lo único que en realidad tiene ahora la antigua Caja Mediterráneo) para compensar a los propietarios de cuotas.

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