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Más de 50 directivos de entidades con ayudas públicas obvian la circular; Se acogen a la Protección de Datos Caja Duero-España, Bankia, Unnim y BMN
Medio centenar de altos cargos de las cajas de ahorros y los nuevos grupos constituidos tras las fusiones, que han recibido ayudas públicas, se han negado a revelar su salario, fondo de pensiones o blindaje en caso de cese. En concreto, son 55 directivos y consejeros que se han acogido a la Ley de Protección de Datos. Buena parte de ellos han abandonado ya sus puestos y lo hicieron en la primera mitad del año, con la consiguiente prejubilación.
Según los datos aportados por las propias entidades a raíz de la circular sobre transparencia del supervisor bancario, estos gestores pertenecían en su mayoría a Caja Duero-España y su recién creado banco. Este acto de desobediencia está liderado por su actual presidente, Evaristo del Canto.
Circular de transparencia del BdE
El Banco de España decidió a finales del ejercicio pasado que las entidades que habían necesitado dinero público tenían que publicar con todo detalle las remuneraciones de sus equipos de gestión de manera individualizada. La medida se adoptó después del escándalo suscitado con motivo de las indemnizaciones pagadas a varios directivos de las cajas gallegas, la catalana Penedés o la castellano y leonesa Caja Segovia.
La rebeldía se extiende a otros grupos. Bankia, la nacionalizada Unnim y BMN han permitido la omisión en el listado de cifras de las retribuciones pagadas en 2011 a varios de sus altos cargos.
En Bankia se trata principalmente de ejecutivos de las cajas integrantes, que están causando indignación social en sus zonas de origen, como Segovia, donde seis directivos se han opuesto a detallar su remuneración. O, como en el caso de Caja Madrid, donde su número dos, Matías Amat, también se ha negado desvelar su salario e indemnización. Amat abandonó tras el verano sus cargos en Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia.
En este grupo cabe resaltar también la negativa del efímero presidente de Banco de Valencia. Aurelio Izquierdo, procedente de Bancaja, llegó en octubre a la presidencia del banco levantino. Un mes después fue destituido por el supervisor tras su intervención.
Demasiada permisividad del Frob
Izquierdo se ha acogido a la Ley de Protección de Datos y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), actual gestora de la entidad, se lo ha permitido, al igual que Bankia, grupo que poseía casi el 40% del capital antes de la inyección pública de 1.000 millones de euros para sanear su balance.
El Frob también ha autorizado la omisión de cifras en el caso de seis antiguos directivos de Unnim, que ha sido nacionalizada con el 100% del capital y está en proceso de subasta.
La medida ha afectado a su anterior presidente, Enric Mata, y a uno de sus altos directivos, Didac Herrero. Ambos dejaron su cargo en el primer trimestre del año pasado, nueve meses después de la constitución del grupo. Procedían de Caixa Terrassa y Caixa Manlleu, respectivamente.
En los primeros meses de 2011 también dejaron sus cargos los dos directivos de Caixa Penedés que se han acogido a la ley de protección de datos. La poca relevancia de sus salarios, según explican fuentes de BNM -entidad en la que está integrada-, es la razón que ha llevado al grupo a permitir la disidencia de Josep Cuscó y Raimon Sabate.
El desglose de los salarios ha provocado ya malestar en las entidades, por la desproporción que existe entre las remuneraciones de algunos directivos procedentes de cajas, con cargos elevados, con sus nuevos compañeros tras la rebaja de nivel en el organigrama de las entidades fusionadas. |
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