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El sindicato Asociación Laboral de Trabajadores del Ahorro (Alta) advirtió del posible fraude cometido por un exdirectivo de la CAM en el ERE de la entidad al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) y a la Inspección de Trabajo de Alicante;

Lo hizo a través de un burofax y una denuncia los días 24 y 29 de agosto de este año, respectivamente, cinco semanas antes de que llevara el caso a los tribunales con una querella por delito societario, estafa y falsedad documental.

De los administradores del Frob en el Banco CAM, el sindicato no ha obtenido hasta la fecha respuesta, tal y como se recoge en la querella, mientras que la Inspección contestó que había dado traslado de la denuncia a la Dirección General de Trabajo.

Un juez de Instrucción de Alicante ha abierto diligencias previas para determinar si se han producido los delitos descritos por Alta y ha solicitado diversa documentación del expediente de regulación de empleo a la caja, el propio FROB y el Ministerio.

Según el sindicato, Daniel Gil, que fue director general de Inversiones Inmobiliarias de la CAM entre el 25 de mayo de 2007 y el 2 de septiembre de 2009, no formaba parte de la lista de plantilla afectada por el ERE promovido por las cajas integradas en el denominado Banco Base.

Ni él ni ningún otro trabajador que se hubiera acogido previamente al llamado Programa para Empleados con Jornada Especial. Tampoco había presentado su solicitud dentro de los 30 días de plazo que se dio a los interesados.

No obstante, una vez aprobado el expediente laboral por el Ministerio, el pasado mes de junio, la CAM remitió otro listado con los nombres de los afectados por el ERE en el que ya aparecía el de Gil.

El sindicato Alta cifra en más de 1,5 millones de euros la indemnización que ha podido percibir con esta maniobra el antiguo ejecutivo de la caja de ahorros alicantina, quien llegó a presidir los consejos de varias empresas participadas por la CAM como Mediterranean, Intl. Homes, TI Participaciones y Hansa Urbana.

Además, habría eludido así el riesgo de un despido disciplinario, como le ocurrió recientemente a la ex directora general María Dolores Amorós. Hay que recordar que Gil está imputado por un delito de aprovechamiento de información privilegiada en otro proceso judicial, el que investiga una supuesta trama corrupta vinculada a la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En su querella, la Asociación Laboral de Trabajadores del Ahorro solicita al magistrado instructor que impute al exdirectivo de la entidad y cite a declarar como testigos a diversos testigos, entre ellos el administrador del Fondo de Reestructuriación Ordenada Bancaria (FROB) en la CAM, José Antonio Iturriaga.

El sindicato Alta ya dijo que tomó la decisión de querellarse «por los clientes y por los trabajadores, que son los máximos perjudicados» de lo ocurrido. «Nos ha movido ese afán», dijo Marcelo López, portavoz del sindicato, quien mostró su deseo de que se esclarezcan estas circunstancias con la finalidad de que la caja «vuelva a ser seria, como lo había sido antes de lo ocurrido».

En su opinión, «podría haber responsabilidades en el ámbito penal» por lo que es necesario «investigar», aunque ha subrayado que es el juez quien ha de decidir si esto es así.

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