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El sindicato Asociación Laboral de Trabajadores del Ahorro (Alta) ha presentado una querella contra un ex alto directivo de Caja Mediterráneo (CAM), Daniel Gil, que presuntamente se acogió de forma irregular al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), por el que podría haber cobrado alrededor de un millón y medio de euros.

Un portavoz de Alta, Marcelo López, ha explicado a Europa Press que presentaron la querella el pasado 6 de octubre pero que no lo habían hecho público porque no querían asumir "protagonismos", sino que se "aclararan las posibles responsabilidades penales" en las que este exdirectivo, imputado en la pieza separada del caso Brugal, relativo al PGOU de Alicante, y otros responsables de la caja podrían haber incurrido para incluirlo en un ERE al que no tenía derecho.

Según este sindicato, la inclusión en el ERE del ex director general de Inversiones Inmobiliarias de Caja Mediterráneo, Daniel Gil, se realizó cuando ya estaba prejubilado, por lo que, en su opinión, podrían haberse cometido delitos societarios, de estafa y de falsedad documental, e incluso un delito fiscal.

El sindicato ha asegurado que poco antes de la intervención de CAM por parte del Banco de España, concretamente el 1 de julio de 2011 y cuando "ya se sabía que seguramente iba a ser intervenida", la caja presentó a un listado de trabajadores afectados, entre los que se incluía a Gil. Para ello, según Alta, tuvo que contar con la colaboración de algunos directivos de la caja, por lo que pide al juez que investigue también esta posibilidad de connivencia.

ELUDIR MEDIDAS DISCIPLINARIAS

A esta presunta inclusión irregular en el ERE, el sindicato suma el hecho de que el exdirectivo podría haber sido sometido a medidas disciplinarias de despido, lo cual impediría que cobrara compensación alguna.

Alta ha resaltado que ha tomado esta decisión de querellarse "por los clientes y por los trabajadores, que son los máximos perjudicados" de lo ocurrido. "Nos ha movido ese afán", ha dicho López, quien ha mostrado su deseo de que se esclarezcan estas circunstancias con la finalidad de que la caja "vuelva a ser seria, como lo había sido antes de lo ocurrido".

En su opinión, "podría haber responsabilidades en el ámbito penal" por lo que es necesario "investigar", aunque ha subrayado que es el juez quien ha de decidir si esto es así.

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