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El socialista Ángel Luna volvió ayer a la primera fila del debate parlamentario en la comisión de investigación sobre el proceso que ha llevado a la intervención por parte del Banco de España de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM); El diputado, que fue portavoz de su grupo la legislatura pasada y ahora ocupa el cargo de vicepresidente segundo de las Cortes, ejercerá de portavoz del PSPV-PSOE en la comisión sobre la CAM, que se constituyó ayer, con los populares Rafael Maluenda y Mariano Castejón como presidente y vicepresidente, respectivamente, y el socialista Francisco Toledo como secretario.

Tras su elección, Maluenda anunció que la comisión se convocará en los primeros días del próximo mes de febrero, cuando se retome la actividad parlamentaria tras las vacaciones, para que los grupos puedan plantear un calendario y sus propuestas de actuación. El diputado del PP, que es portavoz adjunto de su grupo, manifestó su intención de "facilitar en todo momento que los grupos puedan llegar a consensos" mediante una interpretación "flexible" de las normas.

Luna invocó la necesidad de iniciar los trabajos "en el plazo más breve posible". Ya se ha consumado la desaparición de la CAM, tras su venta al Banco Sabadell, vino a decir el diputado socialista, y no se puede "ir perdiendo el tiempo", dado que la comisión tiene un plazo de seis meses. Por ello, anunció que su grupo solicita que se habilite el mes de enero para no "desperdiciar" más tiempo.

Maluenda dijo que él no se opone a agilizar el funcionamiento de la comisión, pero añadió que habilitar el mes de enero es competencia de la Mesa de las Cortes Valencianas. La comisión de investigación de la CAM se creó, en respuesta a una propuesta de Esquerra Unida que contó con el apoyo de los socialistas, tras la intervención de la entidad por el Banco de España y después de que se hicieran públicas las indemnizaciones recibidas por los directivos de la caja alicantina, que han llevado, incluso, a la apertura en la Audiencia Nacional de una investigación a la ex directora general, María Dolores Amorós.

En este sentido, el Sindicato Alta Asociación Laboral de Trabajadores del Ahorro ha presentado una querella criminal por los supuestos delitos societario, de estafa y falsedad contra el exdirector general de Inversiones Inmobiliarias de la CAM, Daniel Gil. El sindicato esgrime en su denuncia que Gil logró incluirse "de forma fraudulenta" en el expediente de regulación de empleo (ERE) de la caja de ahorros, del que no formaba parte inicialmente, informa Rosa Biot. Esta inclusión le evitó el "despido disciplinario" y le permitió formar parte de los "afortunados retiros dorados" al recibir una indemnización que la denuncia estima en 1,5 millones de euros. Gil es también uno de los imputados en rama del caso Brugal que investiga las presuntas irregularidades en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

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