Numerosas entidades que han acometido fusiones reclaman un cambio para eliminar asambleas, consejos de administración y comisiones; La Caixa se niega porque no quiere que acaben siendo fundaciones
La reestructuración de las cajas, que ha reconvertido a la mayoría de ellas en bancos, ha derivado en una seria guerra entre las entidades que integran el sector; La mayoría de ellas ha pasado por una fusión fría (a través de un SIP) y ahora se encuentran con que son propietarias de un banco al que han cedido toda su actividad bancaria pero a la vez mantienen su estatus de caja (sin más fin que gestionar la obra social) y, por tanto, están obligadas a mantener un consejo de administración, una asamblea general, una comisión de control, una de retribuciones..., un montón de burocracia que ralentiza la toma de decisiones y que sale muy cara. Por ello, quieren reformar la ley de cajas, la LORCA.
Unos 5.100 miembros de la asamblea y 650 consejeros (sólo en los dos órganos más importantes) dan fe de toda esta parafernalia que ha quedado en las cajas, pese a que su única función ahora es decidir qué hacen con la obra social.
Hay unos 5.100 consejeros que sólo tienen que decidir sobre la obra social
Además, los proclives a reformar la ley argumentan que hay problemas de contabilidad con este sistema que obligan a hacer cambios inmediatos. Como ejemplo, un directivo de una de las entidades implicadas asegura que, si una caja pide un préstamo, tiene que responder de él todo el grupo (salvo que en los pactos entre accionistas expliciten lo contrario).
Frente a este grupo de cajas, otro pequeño grupo liderado por La Caixa y, por tanto, por el presidente de la patronal, Isidro Fainé mantiene que la LORCA no debe tocarse porque, una vez que se abra el melón, podría incluirse cualquier modificación que elimine definitivamente la figura de las cajas. De hecho, su principal preocupación es que todas acaben siendo fundaciones (aunque sea "especiales") y, por tanto, queden en manos únicamente de la comunidad autónoma correspondiente.
Las cajas deberían considerarse "fundaciones especiales", pero aún no está definido legalmente en qué consiste esa figura y sobre todo quién tiene el poder sobre ellas, por lo que se temen que, como ocurre ahora con las fundaciones normales, todo el poder recaiga sobre el Gobierno regional. Hay entidades a las que les importa poco, como Bankia (o su matriz, Banco Financiero y de Ahorros), queestá firmemente convencida de que no tardando mucho se convertirán en fundación, y otras entidades, como La Caixa, que no quieren que esto ocurra.
Las CCAA tendrían todo el poder en las cajas si se convierten en fundaciones
Esta muy diferente manera de ver cómo debe afrontarse la próxima reconversión de las cajas se hizo patente en una de las últimas reuniones de directivos de cajas en la CECA, asegura uno de los asistentes a la reunión, que recalca que la discusión fue muy enconada.
Fuentes próximas a La Caixa aseguran que quieren mantener al máximo el modelo actual de cajas y que, para preservar su singularidad, deben mantener su modelo corporativo. Eso en el caso de La Caixa tiene más sentido que en el resto, puesto que no forma parte de un SIP. En todo caso, y aunque son partidarios de mantener en todas las cajas que se pueda todos los organismos actuales, también aseguran que "las cosas se pueden estudiar e ir avanzando poco a poco, aunque ahora no es la prioridad".
Pero, desde las entidades que promulgan los cambios, sostienen que en poco más de un año la mayoría de las cajas de ahorros acabarán siendo fundaciones por el mero hecho de que comenzarán a cotizar o venderán parte de las acciones que ya cotizan y pasarán a tener menos de un 50% del banco. Y, en ese caso, la legislación que promovió el Gobierno de Rodríguez Zapatero hace poco más de un año obliga a convertirse en fundación (algo que tendrá que hacer enbreve la CAM, por ejemplo).
Fuentes de la CECA aseguraron que en sus órganos de gobierno no se ha debatido un cambio de la LORCA.
La petición de acabar con tanta burocracia y tanto órgano de gobierno también ha sido reclamada por el secretario general de la Federación de Servicios de UGT, José Miguel Villa, quien propuso que todas las cajas de España tomen determinaciones para adelgazar los consejos de administración, informa Efe. |