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Igual que usted vapuleó sin piedad al entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, por sus implicaciones en el caso Ibercorp, ahora tendrá que aclarar muchas cosas para explicar la caída de la decimotercera caja española por volumen de depósitos. Y no vale escudarse en la socorrida crisis económica y en la debacle del mercado inmobiliario. Porque en CCM usted montó un triángulo perverso: crecimiento geográfico alocado, cuantiosas inversiones en inmuebles para el tamaño de la caja y creación de un grupo industrial tremendamente heterogéneo.

¿Que en qué se parece esta crisis a la de Banesto? Pues quizás en los estrechos vínculos entre las actividades financiera e industrial, ya que, por ejemplo, la empresa que más dinero debe a la caja -344 millones- es su filial empresarial CCM Corporación. Si ya de por sí es muy arriesgado invertir 30 millones para tomar el 25% de un aeropuerto, como el de Ciudad Real, de difícil viabilidad, mucho más temerario resulta financiar la mayor parte de los 410 millones invertidos y, además, respaldar a algunos de los principales accionistas del aeródromo, como Domingo Díaz de Mera y Antonio Méndez Pozo. Menos mal que no se llegó a poner en marcha el Reino de Don Quijote, un complejo de lujo impulsado desde la Junta que iba a contar con casinos, hoteles y miles de viviendas.

Y es que en CCM -que se ha visto afectada por las crisis de Colonial, Martinsa, Grupo Lábaro y Dico- se han aliado algunos de los factores que son inherentes al lado oscuro de las cajas, como la excesiva politización y el amiguismo. Juan Pedro Hernández Moltó -que como portavoz socialista de Economía en el Congreso y como alcalde de Toledo dio muestras de ser un hombre cordial y honesto- cayó en la trampa de dar un trato privilegiado a los promotores inmobiliarios cercanos a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, primero con José Bono y después con José María Barreda. Una veintena de estos empresarios adeudan más de 3.000 millones a la caja, y en algunos casos será muy difícil de cobrar, porque se trata de promotores que han caído con el pinchazo inmobiliario.

Los principales amigos de la Junta -y, por tanto, también de la caja- son Domingo Díaz de Mera, Román Sanahuja, Ignacio Barco, Aurelio González Villarejo y Antonio Méndez Pozo. Díaz de Mera -que debe 110 millones a CCM- ha participado, con financiación de la caja, en las principales operaciones urbanísticas de la región a través de su patrimonial Indoma. Es el principal promotor del aeropuerto y posee el club Ciudad Real de balonmano, que -¡cómo no!- está patrocinado por CCM. Dio el salto cuando desembarcó en Metrovacesa para ayudar a Joaquín Rivero a enfrentarse a los italianos Caltagirone y Marchini, y poco después entró con Luis Portillo en Colonial, su mayor fiasco. Aquí coincidió en la fatalidad con Aurelio González Villarejo, un empresario conquense que también contó con la bendición de la caja para hacer negocios.

A Ignacio Barco, socio de Díaz de Mera en los periódicos El Día de Albacete y El Día de Cuenca, no le han ido mucho mejor las cosas porque es accionista del aeropuerto y se ha visto pillado en la crisis de Lábaro. Barco, que es dueño de las bodegas Pago del Vicario (Ciudad Real), tiene una deuda con CCM superior a los 300 millones. A la caja también le va a costar cobrar los 121 millones que le debe Román Sanahuja, que en su día tuvo el apoyo de CCM para arrebatarle Metrovacesa a Joaquín Rivero. La familia Sanahuja no ha podido hacer frente a sus deudas y se ha visto obligada a dejar la inmobiliaria en manos de los bancos acreedores.

Antonio Méndez Pozo es un conocido constructor burgalés que se ha convertido en empresario mediático, al ser dueño del Diario de Burgos y del grupo de cabeceras La Tribuna, que adquirió a Vocento. También es socio, por supuesto, del dichoso aeropuerto y ha llevado a cabo negocios inmobiliarios tanto con Domingo Díaz de Mera como con Ignacio Barco. El grupo de las amistades peligrosas de Hernández Moltó lo completan la familia Álvarez -propietaria de Gedeco Avantis-, la familia Ventero -dueña de la inmobiliaria Vemusa-, el empresario albaceteño Sebastián Moreno Bautista, y Félix Abánades, presidente de Rayet.

A los inspectores del Banco de España no les va a resultar fácil desentrañar las múltiples relaciones de estos empresarios con la caja castellano-manchega. Y Juan Pedro Hernández Moltó tendrá que demostrar que la concesión de créditos a este grupo de amigos se hizo con criterios profesionales y no por camaradería.

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